División en ERC sobre si sus alcaldes deben ir a declarar

Los ediles de la CUP forzarán su detención, mientras que los del PDeCAT sí atenderán el requerimiento de la Fiscalía.

Insultos, coacciones, pintadas en las sedes municipales, rupturas de pactos de gobierno, y un largo etcétera marcan la presión a los alcaldes díscolos con el referéndum ilegal convocado por la Generalitat. Se han convertido en los objetivos de un independentismo que quiere convertir la sociedad catalana en una olla a presión. El alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha sido el último en recibir este tipo de amenazas: «Vete fuera de Terrassa», «no te volverás a despertar», «sociata de mierda».

Tampoco los ediles partidarios del referéndum se libran de la presión del Gobierno de la Generalitat. Muchos alcaldes se preguntan «para qué nos instan a ceder locales si la Generalitat tiene locales en todos los municipios para llevar adelante la votación». La única respuesta hay que buscarla en la intención del Gobierno de implicar a más gente en la preparación de la consulta ilegal para diluir los efectos judiciales: «No es lo mismo que la justicia actúe contra el Gobierno y la Mesa del Parlament, por ejemplo, que lo haga contra el Gobierno, la Mesa y casi mil alcaldes». Ayer, la Fiscalía se querelló contra la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia, Neus Lloveras, alcaldesa de Vilanova i la Geltrú, y contra Miquel Buch, alcalde de Premià de Mar y presidente de la Asociación Catalana de Municipios, acusándolos de delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos.

Ante los requerimientos de la Fiscalía más de 700 alcaldes han recibido notificaciones para ir a declarar. Como era previsto, la treintena de alcaldes de la CUP no lo harán y forzaran su detención como ya ha sucedido con anterioridad en otras actuaciones judiciales. Por su parte, los alcaldes del PDeCAT, la gran mayoría de ediles independentistas, irán a prestar declaración y habrá que ver cuál es la actitud de todos y cada uno de ellos. Muchos de estos alcaldes habían expresado sus prevenciones sobre su participación en el referéndum cuando «toda la responsabilidad debe ser de la Generalitat». Por último, los más de 200 alcaldes republicanos están realizando un intenso debate para tomar la decisión de declarar o no.

Según las fuentes consultadas, en el seno de ERC hay opiniones para todos los gustos. La dimisión del alcalde de Ponts, Francisco García Cañadas, ha abierto una caja de Pandora nada deseada por la dirección de los republicanos. La dirección de ERC espera que en las próximas horas se tome una «única» decisión de todos los alcaldes republicanos.

Ayer también, a requerimiento de la Fiscalía de Barcelona, se tramitó la orden que la Fiscalía General entregó a Mossos d’Esquadra, Guardia Civil y Policía Nacional a las policías municipales. Con la orden en su poder, las policías municipales tendrán la obligación de denunciar actividades ilegales relacionadas con el referéndum. Esta denuncia podría llegar a mayores si la Policía Municipal es testigo de estas actuaciones ilegales. Se podría dar el caso de que los agentes municipales de una población tuvieran que detener a quienes realizaran estas actividades delictivas, aunque fueran sus propios jefes, o sea los alcaldes o los concejales. Los últimos en ser víctimas de la presión son los más de 55.000 ciudadanos que recibirán en sus domicilios cartas de la Sindicatura Electoral citándolos para ser presidentes o vocales de las mesas. Según la ley catalana, ahora suspendida, deben aceptar su participación obligatoriamente. Por si acaso, la ley ilegal prevé una bolsa de voluntarios que sustituyan a los designados, a los que el Gobierno de España ha sugerido que no participen en el proceso electoral.