El abismo judicial de Puigdemont

Si no acata su cese incurrirá en un delito de usurpación de funciones. Investigado por desobediencia, prevaricación y malversación, afronta una inminente querella por rebelión.

Si Carles Puigdemont se obstina en no acatar su cese, y continúa ejerciendo como presidente de la Generalitat, sumará una nueva imputación por la supuesta comisión de un delito de usurpación de funciones públicas, castigado con penas de prisión de uno a tres años. Según fuentes jurídicas, de igual manera sucederá en el caso de sus consejeros si pretenden ignorar la aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno.

El artículo 402 del Código Penal persigue a quien «ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial». Si hubiese sido Puigdemont el encargado de convocar las elecciones –como parecía que iba a hacer en un principio el pasado jueves–, seguiría en funciones como presidente de la Generalitat pero, una vez destituido por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, cualquier acto que lleve a cabo arrogándose ese cargo que ya no ostenta supondría de forma inequívoca, según las mismas fuentes, una flagrante usurpación de funciones.

Los ya ex miembros del Govern están investigados, además, en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos y mañana mismo la Fiscalía General del Estado presentará contra Puigdemont y sus ex consejeros una querella por rebelión. De esos cinco delitos, tres llevan aparejadas penas de prisión: el de rebelión, castigado hasta con 30 años de cárcel; el referido de usurpación de funciones, que cometería si actúa como si todavía estuviese investido de la autoridad del presidente de la Generalitat, y el de malversación de caudales públicos, para el que el Código Penal estipula penas de cárcel de tres a ocho años de prisión. Los otros dos delitos por los que se le investiga en el TSJ catalán –en el que aún no ha sido citado a declarar como investigado–, la desobediencia y la prevaricación, están castigados únicamente con penas de inhabilitación (hasta de 15 años para el ejercicio de cargo público en el caso del segundo).

De los delitos que la Fiscalía le imputa en la causa abierta en el TSJ de Cataluña, el que más debe preocupar a Puigdemont, por tanto, es la de malversación de caudales públicos por llevar aparejada pena de cárcel. Su antecesor al frente de la Generalitat, Artur Mas, que fue investigado también por ese mismo tribunal por su papel en el 9-N, logró finalmente esquivar la imputación por ese delito, que la Fiscalía no incluyó en su escrito de acusación. Mas fue condenado a dos años de inhabilitación por un delito de desobediencia por ignorar la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional (TC) y seguir adelante con la consulta soberanista en 2014. Y aunque el Tribunal de Cuentas le reclama 5,2 millones de euros por el uso de dinero público en su organización, la Fiscalía argumentó que no se le podía imputar el delito de malversación porque los gastos efectuados ya estaban comprometidos cuando se produjo la suspensión del TC.

La situación de Puigdemont, sin embargo, es distinta. La Fiscalía no sólo le imputa esa hipotética malversación (como hizo inicialmente con Mas), sino que en su querella del pasado 8 de septiembre dejó claro que ese «despojo de fondos públicos» ya se estaba llevando a cabo para impulsar el plan soberanista. El Ministerio Público mantenía que la ejecución de la conducta delictiva se había iniciado, «pues se ha puesto en marcha un procedimiento que va a generar un importante gasto público».

El delito de desobediencia (castigado con la inhabilitación de seis meses a dos años para el ejercicio de cargo público) se le imputa, tanto a él como al resto de su Govern (Santi Vila incluido), por negarse «abiertamente a dar el debido cumplimiento» a las resoluciones del TC.

El TSJC también le investiga por la supuesta comisión de un delito de prevaricación continuada porque Puigdemont y sus consejeros utilizaron «arbitrariamente las potestades de las que estaban investidos como miembros del Gobierno» y adoptaron «acuerdos claramente contrarios al ordenamiento jurídico».

Pero el delito más grave por el que será investigado está aún por llegar. La Fiscalía ya ha anunciado su intención de denunciar mañana mismo por rebelión a todo el Govern y a Forcadell y los otros tres miembros de la Mesa del Parlament. La intención es presentar la querella ante el Tribunal Supremo, pero el hecho de que tanto Forcadell como el resto de integrantes de la Mesa mantengan su condición de aforados (como miembros de la Diputación Permanente de la Cámara autonómica) puede hacer que se formalice finalmente ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde se acumularía a los procedimientos ya abiertos contra el Ejecutivo de Puigdemont, por un lado, y Forcadell y la Mesa del Parlament, por otro.