¿Quién paga la minuta de Paul Bekaert, que cobra entre 500 y 1.000 euros la hora?

El letrado, que se define de «izquierdas y progresista», recibe a sus clientes de grupos terroristas desde la exclusiva zona de Tielt.

Paul Bekaert ha extendido su estrategia de cubrir el fundamento del independentismo catalán con una nebulosa de romanticismo incomprendido a su propia persona. Ayer, el letrado que defiende a Puigdemont y que actualmente copa los titulares de la prensa internacional se definió en el diario flamenco «De Tijd» como un «vaquero pobre y solitario» que no tiene «nada que perder». Habría que indagar qué baremos miden su percepción de la pobreza, porque esta «piedra en el zapato para el Gobierno español» –palabras textuales– cobra entre 500 y 1.000 euros la hora, según afirman fuentes cercanas a él del mundo de la abogacía belga, y explican que tiene por norma incluir en la facturación el coste administrativo y de secretariado, así como el de procedimiento.

«En Bélgica, el sueldo medio que cobra un abogado es de 200 euros la hora», informan desde un conocido bufete de abogados español con delegación en Bruselas. «Y si trata temas penales la cantidad sube». El contrato que haya fijado el ex presidente de la Generalitat pertenece al secreto profesional del abogado, así como las horas o las veces que se ha reunido con él, o las gestiones que desde su oficina hayan llevado a cabo en su beneficio.

Un letrado «sensible»

Bekaert, nacido en 1948 en la ciudad flamenca de Cortrique, «es muy sensible a todas las personas oprimidas por el Estado central, que piensa necesitan un juicio justo», aseguró recientemente uno de sus dos hijos. Sensibilidad que le ha llevado a defender a no pocos terroristas de ETA, de lo que él mismo presume: «En las últimas décadas he acumulado la experiencia en este tipo de asuntos, en particular llevando casos de vascos para evitar su extradición. Mi reputación es bien conocida en España». Su afán por defender a estas «minorías» se remonta a finales de los años 60, cuando se desató el conflicto en la ciudad de Lovaina entre los estudiantes francófonos y los flamencos de la Universidad, originando la ciudad de Lovaina la Nueva. Fue en aquel momento cuando el «vaquero» empezó a simpatizar con el ideal de que las regiones belgas debían tener «mayor autonomía». Así, después de licenciarse en la universidad de Lovaina en Kuleuven en 1972 se especializó en derechos humanos y en órdenes de detención y extradición. Se implicó en el Liga Belga de los Derechos Humanos y fue observador tanto de Irlanda del Norte, como del País Vasco, de ahí que se haya encargado a lo largo de su trayectoria profesional de casos como el de la extradición de los colaboradores de la banda criminal Luis Moreno y Raquel García, acusados por dar cobertura al comando Vizcaya que asesinara a un policía en 1992. Los servicios de Bekaert provocaron una crisis entre el Gobierno de España y el belga, reclamados, al igual que Puigdemont, por la Audiencia Nacional.

Pero el apodado como «abogado de etarras» no sólo tiene el foco de su actuación en nuestro país. También defendió a una militante turca de extrema izquierda, Fehriye Erdal, perteneciente al Partido Revolucionario por la Liberación del Pueblo, involucrado en el asesinato del empresario Özdemir Sabanci en 1996 en Estambul. La militante turca desapareció horas antes de que se publicara la sentencia que la condenaba a cuatro años de cárcel. Y sigue en paradero desconocido.

Si Puigdemont sigue los mismos pasos que la turca es una incógnita que pronto se despejará. Fuentes cercanas informan de que conoció al ex presidente de la Generalitat el pasado lunes a través de una llamada que un allegado del político hiciera a su despacho ubicado en la localidad de Tielt, a unos 20 kilómetros del suroeste de Brujas, donde se domicilian empresas de alto nivel económico. En cuanto recibió la llamada para defender al político secesionista, le respondió: «Mi puerta está abierta siempre».

Bekaert ha seguido el órdago secesionista catalán con el mismo interés con el que en su día siguiera los procesos secesionistas acaecidos en Escocia y Quebec, pero, a pesar de estos datos, el letrado no se considera una persona nacionalista, sino de izquierdas y progresista. Lo que según él le ha conducido a defender la «protección de los derechos fundamentales», como en el caso de sus defensas de los terroristas, a las que se suma la secuencia judicial de la «Pepona», María Natividad Jáuregui, o de Luis María Cengotitabengoa.

Bekaert sabe que la baza que le queda para proteger a su cliente es respaldar el discurso de los partidos opositores y secesionistas españoles respecto a que las decisiones de la juez Lamela son «fascistas» o «politizadas». El pasado viernes, mientras la magistrada hacía pública la orden europea de detención y entrega para Puigdemont, su cliente se hacía eco en la televisión belga del argumentario de su cotizado abogado, negando que haya huido del país, sino que busca que lo juzgue la «justicia verdadera», es decir, la belga según él, alegando que «no hay garantías» en España de que se produzca «una sentencia justa».

La pregunta es: ¿Cómo estará costeando el político secesionista la puesta en escena de esta estrategia victimista, llevada al punto de presentarse como nueva alternativa para el secesionismo catalán en las elecciones autonómicas del 21–D?