El CGPJ se inclina por un nuevo presidente del TSJ que juzgaría a Mas

Pablo Llarena será nombrado el jueves nuevo magistrado de la Sala Penal del Supremo, que es la encargada de investigar y juzgar a los aforados

El actual presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona, Pablo Llarena, se perfila como nuevo magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo, la encargada de instruir y juzgar las causas contra los aforados. Salvo sorpresa de última hora, que en realidad no se espera, será nombrado el próximo jueves para esa plaza por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, a la que también aspiran los magistrados Enrique López, Eloy Velasco, Leopoldo Puente y Jaime Tapia. Llarena, según señalaron a LA RAZÓN fuentes jurídicas, cuenta con el aval de la práctica totalidad de los vocales del «grupo denominado» y del propio presidente del Consejo, Carlos Lesmes.

En este sentido, las fuentes consultadas destacaron el hecho de que Llarena lleva muchos años en la jurisdicción penal y, especialmente, «poniendo sentencias», algo que, señalan al respecto, «no concurre en otros candidatos» a esa plaza.

El orden del día del Pleno incluye también el debate y la votación entre los candidatos a diez cargos judiciales, entre ellos las presidencias de la Sala Quinta del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

En relación con el TSJ de Cataluña, se prevé una fuerte división en el seno del órgano de gobierno de los jueces y magistrados. Miguel Ángel Gimeno, quien ocupa el cargo en la actualidad, es el candidato preferido entre los vocales «progresistas», y, de hecho, tendría garantizado snueve votos, de acuerdo con las fuentes consultadas. Sin embargo, eso sería insuficiente para su reelección, y, de hecho, en estos momentos, es Jesús María Barrientos, presidente de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Barcelona, quien cuenta con más posibilidades de ser elegido, ya que estaría avalado por todos los consejeros «conservadores»» más el presidente.

En todo caso, la decisión estará muy dividida y no se descarta alguna fractura dentro del grupo «conservador» que pueda inclinar la balanza hacia otro candidato. Gimeno pertenece a la asociación «progresista» Jueces para la Democracia, mientras que Barrientos forma parte de la «centrista» Francisco de Vitoria.

El cargo de presidente del TSJ catalán tiene una especial trascendencia, ya que éste es el tribunal donde se tramita la querella contra Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega por un delito de desobediencia, en relación con la celebración de la consulta del 9-N, pese a que la misma había sido suspendida por el TC. Algunas voces críticas contra Gimeno en este tema aluden al hecho de que «podía haber hecho más» para que la causa se hubiera tramitado con más agilidad, «haberla impulsado», y, por ejemplo, evitar que las declaraciones de los imputados no se hubiesen demorado hasta muchos meses después de la admisión a trámite de la querella.

«Empate en el núcleo duro»

Por otro lado, el CGPJ renovará a uno de los integrantes de su Comisión Permanente, de la que saldrá el «conservador» Juan Manuel Fernández –ex presidente del TSJ de Navarra– y a la que se incorporará el «progresista» Rafael Mozo. Ésta es la propuesta de Carlos Lesmes, que, de salir adelante, como todo hace indicar, provocará que en el considerado «núcleo duro» del Consejo se produzca un «empate» entre «conservadores y progresistas». Ambos grupos tendrían cuatro miembros en la citada comisión.

Juan Manuel Fernández pasaría a formar parte de la Comisión de Asuntos Económicos, de la que saldría el vocal y presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, quien se incorporaría a la Comisión de Igualdad. La única de las comisiones legales del CGPJ que no se renueva anualmente es la Disciplinaria, ya que la Ley establece que el mandato de sus siete miembros es de cinco años.