El día que Vidal fechó el «golpe de estado» en mayo de 2017

A pesar de las airadas críticas vertidas por el secesionismo tras las declaraciones de Vidal en sus conferencias, lo cierto es que lo desvelado coincide punto por punto con la estrategia independentista de la Generalitat y de la ANC desde hace años.

Santiago Vidal describió con todo detalle en sus conferencias el método jurídico que utilizaría el «nuevo Estado» para situarse por encima de la legalidad y, concretamente, fechó para dentro de tan sólo unos meses el momento exacto de la desconexión de Cataluña del resto de España. «Cuando nos envíen todas sus sentencias e interlocutorias suspendiendo todo esto –y eso llegará en abril, mayo o junio de 2017– ya no reconoceremos el Tribunal Constitucional español», dijo concretamente. El juez Vidal, con un carencia de respeto hacía la Ley ciertamente sorprendente en alguien de su profesión, Vidal redondeó su explicación afirmando sin ambages: «¿Todo esto lo haremos conforme a la legalidad española? No, y creo que no hace falta que os explique por qué...».

Sin embargo, aunque las estrategias desveladas por el ya ex senador Santiago Vidal hayan provocado aceradas críticas en las filas secesionistas, lo cierto es que difícilmente pueden sorprender y, de hecho, están en perfecta sintonía con iniciativas públicamente reconocidas no sólo por la Generalitat, sino por el entramado de asociaciones que impulsan el «procés» –señaladamente, la Asamblea Nacional Catalana–. Sirven como muestra a este respecto el abultado aumento de los fondos de contingencia previsto en los presupuestos de la Generalitat para 2017 y la campaña de captación de datos tributarios realizada desde hace años por la ANC y que ha sido borrada de la web de esta organización a raíz de la polémica.

La gravedad de las declaraciones de Vidal estriba en la importancia de su perfil: un jurista actualmente suspendido de sus funciones en la magistratura precisamente por redactar el texto constitucional que previsiblemente utilizaría Cataluña en una hipotética desconexión con el resto de España. A un arquitecto del entramado institucional del futuro Estado catalán como Santiago Vidal se le presupone, como es lógico, un conocimiento profundo y de primera mano de las estructuras previas que el Govern pretende utilizar para dar el salto a la secesión. Por eso no sorprende encontrar un paralelismo casi exacto entre los datos revelados por Vidal en sus conferencias y prácticas llevadas a cabo por la Generalitat y la Asamblea Nacional Catalana para impulsar el proceso de independencia en esta región.

Concretamente, lo desvelado por el ex senador en referencia a los datos tributarios de los ciudadanos catalanes que ya estarían en poder de la Generalitat evoca una campaña puesta en marcha por la ANC en 2015 para que los catalanes compartieran su declaración de la renta con el ejecutivo comunitario además que con el Ministerio de Hacienda. Esta campaña, denominada «Declara’t a Catalunya», formaba parte de una batería de propuestas con las que se pretendía proclamar la independencia en un plazo menos de poco más de un año y se declaraba en negro sobre blanco que «la visualización pública de que el país entero funciona por sí solo debe ser claramente percibida por la ciudadanía y ha de concretarse en elementos como el control de las grandes infraestructuras y fronteras, puertos, aeropuertos, la seguridad pública, las comunicaciones, etc». Para ello era necesario crear una base de datos de personas entre las que se pudieran encontrar las complicidades y el capital humano para hacer realidad es sueño de la república catalana. «La declaración de independencia debe ir seguida de actos de ejercicio de soberanía que, en la práctica, hagan visible un funcionamiento ordinario plenamente independiente, soberano. Estos actos y el control efectivo del país nos facilitarán el reconocimiento internacional», se decía entonces. Para la consecución de estos objetivos se vienen utilizando presimiblementelos datos provinientes de «Declara’t a Catalunya» a través de la ANC, ascociación civil títere de Mas y Junqueras que, no obstante, es al menos nominalmente independiente del Ejecutivo catralán. El Govern, a raíz de la polémica provocada por Vidal después de que El País revelara el contenido de sus conferencias, ha prometido una auditoría para demostrar que no cuenta con datos fiscales de los contribuyentes de esta región, algo que constituiría delito y punto central de la investigación que el fiscal general de Cataluña, José María Romero de Tejada, llevará a cabo después de que le haya instado a ello el fiscal general José Manuel Maza. No sorprende por tanto que la presencia en la página web de la ANC de la campaña haya sido borrada en los últimos días.

En numerosos informes elaborados por «think tanks» afectos a las tesis del nacionalismo independentista catalán se ha venido repitiendo la premisa estratégica de que los estados modernos no sólo se caracterizan por el control de sus territorios sino también por el control de los datos personales de la ciudadanía. Carácter primordial en este sentido tienen los datos de índole tributaria, precisamente los que Generalitat no tiene al obrar en poder de la Hacienda del Estado, y al softwere para manejarlo, un activo informático «muy caro» según confesó el juez en otra de sus conferencias.

En cuanto a los 400 millones de euros que el Govern tendría reservados para materializar la independencia –otro de los puntos relevelados por Vidal que más revuelo han causado– tampoco pueden causar mucha sorpresa cuando se recuerda el incremento del 65% que han experimentado los fondos de contingencia en los últimos presupuestos presentados por la Generalitat, los del 2017, precisamente los que ayer fueron respaldados por las CUP. Si en 2015 estos fondos a disposición de todos los departamentos del Ejecutivo catalán sumaban 200 millones de euros, este año llegarán a 330, un incremento dramático con el que la Generalitat –según explicó a sus audiencias Santiago Vidal– podría hacer frente a los gastos extraordinarios que generaría el proceso de desconexión. Si a esta cifra sumamos las partidas destinadas a la creación de estructuras estatales como DiploCat, la Agencia Tributaria Catalana (nada menos que 93 millones de euros), la Agencia de Ciberseguridad o los casi seis millones que se han reservado para el referéndum, el cómputo total se aproxima bastante a los 400 millones de los que hablaba el ex senador.