Barcelona
El diputado de la CUP que calificó a los yihadistas de «gente trabajadora de Cataluña»
Partidario de la «okupación», tiene dos casas, seis fincas rústicas y tres locales comerciales
El diputado Benet Salellas defendió a los acusados del intento de atentado del metro de Barcelona en 2008 y afirmó que el trabajo de las Fuerzas de Seguridad era «islamofobia».
Poco puede sorprender la ambigüa condena del atentado terrorista de Barcelona por parte de la CUP, una organización de extrema izquierda que cuenta con 10 diputados en el Parlament y que ha hecho gala tradicionalmente de una calculada equidistancia entre los terroristas y sus objetivos incluso en ataques tan detestables como el de las Ramblas.
Estas «amistades peligrosas» de la CUP van, no obstante, más allá de la retórica, ya que el diputado antisistema Benet Salellas, se encargó de la defensa de los 11 terroristas que intentaron atentar en el Metro de Barcelona en 2008. La Guardia Civil abortó entonces el ataque casi en el último momento y la Audiencia Nacional condenó a los terroristas (10 pakistanies y un hindu) a seis años de prisión y a la deportación. A pesar de que el Supremo confirmó la sentencia –modificando las condenas en algunos casos–, Salellas describió la acción de la Justicia como «cínica» y como una prueba de la «inseguridad jurídica» que padecían los yihadistas. «Los acusados son gentes trabajadoras que tienen hijos nacidos en Cataluña. Todo es mentira», afirmó entonces Salellas. Sin embargo, el juez instructor Ismael Moreno consideró probado que los condenados pertenecían a Teirik e Taliban Pakistan (TTP) un grupo terrorista originario de la región de Waziristán, en Pakistán. La Guardia Civil desactivó la célula terrorista gracias al testimonio de uno de los terroristas, que colaboró al enterarse de que debía inmolarse en el Mertro de Barcelona durante el atentado. Se encontró en poder de los terroristas un vídeo en el que el TTP reivindicaba un atentado que, a diferencia del de jueves en Barcelona, no llegó a producirse. A pesar de que se evitó la tragedia en 2008, Salellas describió entonces el trabajo de la fuerzas de seguridad y de la Justicia como un ejemplo de «islamofobia».
Nada más ser elegido diputado en el Parlament, Benet Salellas utilizó la proyección mediática que le daba su nuevo estatus para beneficiar la causa de sus clientes condenados por pertenencia a banda terrorista por la Audiencia. En una rueda de prensa en julio de 2015, Salellas acusó al testigo que permitió abortar el atentado del Metro de Barcelona, Asim Tqbal, de testificar falsamente. En esa rueda de prensa, Salellas estuvo arropado por su compañero de partido David Fernández, por diputados de otras fuerzas de extrema izquierda como David Companyon, de ICV-EUiA, y por Oriol Amorós, de Esquerra Republicana. Juntos pidieron que se invitara a volver a Cataluña a los terroristas deportados a Pakistán.
El nombre del diputado de la CUP ya se rodeó de polémica el verano pasado cuando se supo, a través de su declaración de bienes entregada al Parlament, que este revolucionario defensor del derecho a la ocupación de pisos en desuso era propietario de nada menos que de tres locales comerciales, dos viviendas y seis fincas rústicas. Salellas, licenciado en Filología Clásica y Derecho, viene dedicándose al derecho Penal desde 2003 y ejerce a través del bufete Salellas i Asociats S.L. El diputado antisistema se enacarga ahora de todas las relaciones de su grupo con Juntos por el Sí y fue uno de los principales portavoces del sector en su partido que exigió la salida de Artur Mas de la presidencia de la Generalitat y que, por tanto, propició la llegada de Puigdemont. El hermano de Salellas fue concejal de la CUP en Gerona cuando era alcalde el actual presidente de la Generalitat. Por su parte, Benet Salellas se ha encargado además de la defensa de Joan Coma, concejal en Vic acusado de invitar a la sedición y de Montserrat Venturós, alcaldesa de Berga detenida tras no presentarse ante el juez después de haber sido imputada por manterner la bandera independentista en el balcón del Ayuntamiento durante una jornada electoral.
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