El etarra David Urdin será el encargado de señalar los zulos para el desarme

Huyó en 2013 a Francia para no afrontar un juicio en el que se le acusaba de «kale borroka».

David Urdin Pérez, un huido de la justicia al que se imputan diversos delitos de «kale borroka», podría ser uno de los encargados dentro de ETA de las operaciones necesarias para organizar la escenificación de un «desarme total» de la banda, según han informado a LA RAZÓN fuentes antiterroristas. De hecho, se le considera el responsable de los zulos a efectos de mantenimiento y localización, sin que ello suponga que puede disponer de su contenido ya que la banda no quiere que ninguno de sus militantes sea detenido ahora con armas en su poder. Urdin, en unión de otro individuo, desaparecieron de sus domicilios en 2013 y no acudieron al juicio que se iba a celebrar en la Audiencia Nacional, que dictó contra ellos sendas requisitorias.

Urdin había sido detenido en Burlada (Navarra) en noviembre de 2007 por formar parte de un grupo al que se atribuía la autoría de una treintena de delitos de violencia callejera. En 2009 obtuvo la libertad provisional. En 2013, cuando debía comparecer a juicio, se encontraba ya en ignorado paradero.

Expertos antiterroristas informaron entonces y confirman ahora a este periódico que Urdin se incorporó a las filas de ETA. Ha ejercido funciones en la sombra a las ordenes de los distintos cabecillas, en especial de David Pla e Irache Sorzábal; Mikel Irastorza y ahora Mikel Barrios, que es el presunto jefe de la banda.

Es una especie de «todoterreno», que lo mismo vale para hacer de mensajero que para buscar un alojamiento seguro entre la colonia vasco francesa que apoya a la banda terrorista.

Urdin, según las cuitadas fuentes, debió mantener una relación de subordinación a Pla, por lo que no ha sorprendido que ahora tenga un protagonismo en la operación que ETA ha organizado para el «desarme total». En una declaraciones realizadas por Pla a «Gara» en febrero de este año desde la cárcel, justificaba el haber elegido a los ciudadanos franceses que se hacen llamar «artesanos por la paz» para dicha operación: «sucedió en una forma excepcional en respuesta a una situación excepcional. Fue hace cinco años, nadie hubiera imaginado que llegaríamos a la fase de desarme en esas condiciones. Sin embargo, los Estados actuaron en contra de la resolución en todos los ámbitos, incluyendo el desarme, que debe ser de su interés. Querían que la cuestión de las armas se convierte en un problema para ETA (...) La participación de la sociedad civil es fundamental, ya que permite hacer frente a la obstrucción. Casi nadie se atrevía a poner en duda su generosa contribución y esto (por las detenciones de diciembre en Louhuse) no es lo habitual».

Pla mantenía la estrategia pese a que los citados «artesanos» en una operación conjunta de la Guardia Civil y de los Servicios de Información franceses. El cabecilla se mostraba convencido de que el Gobierno de París apoyaría al final la iniciativa, lo que, de momento, parece imposible. Además, el asunto, si se produce, pasará por las manos de la Justicia gala a la que tendrán que dar muchas explicaciones quienes se presenten con un supuesto conocimiento de dónde están las armas y los explosivos de ETA.

Lo que parece claro, según las citadas fuentes, es que hacía falta una persona de la confianza de Pla, último jefe del «aparato político» en la clandestinidad, para establecer los contactos operativos con los «artesanos».

Las decisiones se habían adoptado, tal y como adelantó este periódico, a otro nivel por parte del «aparato político» de ETA que funciona en España.