El ex alcalde de CDC en l’Ametlla, a prisión por la «trama Térmyca»

El juez de El Vendrell le impone una fianza de 600.000 euros para salir de la cárcel

El juez de El Vendrell que investiga la supuesta trama de corrupción municipal desmantelada en la «operación Térmyca» ordenó ayer, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, el ingreso en prisión –que podrá abandonar si paga una fianza de 600.000 euros– del ex alcalde de l’Ametlla de Mar (Tarragona) Andreu Martí (CDC), que se acogió a su derecho a no declarar al encontrarse la causa bajo secreto de sumario. Habrá que ver si, como sucedió con el tesorero de Convergència Andreu Viloca, investigado en el «caso del 3%» por el mismo juzgado y que quedó en libertad en noviembre del pasado año tras abonar la formación soberanista los 250.000 euros de su fianza, el que finalmente se hace cargo del pago de esa cuantía.

El magistrado Josep Bosch también acordó la prisión provisional de Antonio Martos, presidente de Efial –la consultora a quien la investigación de la Guardia Civil sitúa en el epicentro de la presunta organización criminal–, en su caso eludible mediante el pago de una fianza de 150.000 euros.

Martí y Bosch son dos de los siete detenidos que ayer declararon ante el juez (la Guardia Civil dejó en libertad a otros cuatro el pasado miércoles a la espera de comparecer ante el magistrado) por su supuesta vinculación con la «trama Térmyca». Entre ellos, el ex jefe de campaña de Carles Puigdemont a la alcaldía de Gerona Josep Manel Bassols, ex alcalde de CiU en el municipio gerundense de Anglés, para quien –según confirmaron fuentes jurídicas– el juez decretó, como pedía Anticorrupción, la puesta en libertad con la obligación de comparecer una vez al mes en el juzgado.

A las puertas de los juzgados, la defensa del ex regidor convergente mostró públicamente la predisposición de su cliente a declarar ante el juez. El abogado dijo que Bassols está «estupefacto» por su detención y le desvinculó de cualquier relación con «sus cargos de hace muchos años como alcalde de CiU», informa Efe. «Estamos convencidos de su inocencia», insistió. Según explicó el letrado, la investigación a Bassols se limita a la construcción en el año 2014 de la comisaría de los Mossos d’Esquadra en l’Ametlla de Mar por parte de una empresa para la que trabajó su defendido tras abandonar la alcaldía.

A los investigados se les imputan casi una decena de delitos, entre ellos los de organización criminal, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

En el marco de la «operación Térmyca» se han llevado a cabo desde el pasado martes casi medio centenar de registros en domicilios, despachos, sedes de empresas y entidades públicas y en ocho ayuntamientos de Tarragona, Madrid y Guadalajara. Además, la Guardia Civil ha requerido documentación a otros 15, entre ellos el de Gerona, en relación a los expedientes de contratación de los consistorios con la consultora Efial o con la sociedad que la absorbió, CGI, de la que se habrían servido los investigados para el desvío de fondos públicos a través de sociedades ficticias (entidades públicas empresariales locales).

La estructura paralela creada supuestamente por todos ellos les permitió, según la Fiscalía Anticorrupción, sortear los mecanismos de control y supervisión de los ayuntamientos por parte de interventores y secretarios.