El 4% de Prenafeta y Alavedra

El «conseguidor» de la «trama Pretoria», ex diputado del PSC, ratifica que se repartió comisiones «legales» con la vieja guardia de Jordi Pujol.

El supuesto “conseguidor” de la “trama Pretoria” de corrupción urbanística en Cataluña, Luis Andrés García Sáez, “Luigi”, ex diputado del PSC, confirmó ayer al tribunal de la Audiencia Nacional que le juzga por tráfico de influencias y blanqueo que se repartió comisiones del 4% con Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, ex consejero de Economía y ex secretario de Presidencia de la Generalitat, respectivamente, y hombres de máxima confianza del que fuera presidente del Gobierno catalán Jordi Pujol. Ambos se enfrentan a una pena de seis años y diez meses de cárcel por idénticos delitos.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que entre 2002 y 2007, alejados ya de sus responsabilidades políticas, utilizaron el “ascendiente e influencia” que ejercían sobre determinados cargos públicos, por su estrecha relación” con Pujol, para influir en recalificaciones urbanísticas que les supusieron a cada uno más de 637.000 de euros en dos operaciones bajo sospecha en los municipios barceloneses de San Andrés de Llavaneras y Badalona. Peró “Luigi” (para quien la fiscal pide ocho años de prisión) negó esa hipótesis y aseguró que Prenafeta y Alavedra cobraron esas cantidades de forma legal exclusivamente por sus tareas de “intermediación privada” al aportar un inversor a las operaciones “Niesma” (la adquisición de dos fincas que fueron recalificadas) y “Badalona” (la compra de unos terrenos del ICO para la construcción de un puerto deportivo). Respecto a esta ultima, en la que se repartieron entre los tres una comisión de 1,4 millones de euros, el ex diputado aseguró que estuvo “liderada” por Prenafeta y Alavedra y que él se limitó a participar. Ese 4%, precisó, era “el acuerdo que tenía”

con los dos ex políticos de Convergència. Y a preguntas de la fiscal redujo de ocho a 6,5 millones el montante que ganó en comisiones entre 2001 y 2009, según él de forma legal, por su intermediación en negocios inmobiliarios.

En la tercera sesión del juicio un empresario de la trama admitió también al tribunal, que preside la magistrada Concepción Espejel, que en julio de 2009 pagó una comisión de 6.480 euros, repartidos en tres sobres, al entonces alcalde de Santa Coloma, Bartolomé Muñoz (PSC), tras conseguir renovar por cuatro años la adjudicación de una contrata de limpieza de edificios públicos en el municipio barcelonés. Manuel Carrillo, propietario de Limasa, explicó que trabaja desde los años 70 para este ayuntamiento y que, salvo Muñoz, jamás ningún otro alcalde le ha pedido dinero.

La confesión de Carrillo, tras su pacto con la Fiscalía, le valió una considerable rebaja en la solicitud de condena de la fiscal Anticorrupción Ana Cuenca, que ahora pide para él, por un delito de cohecho, una pena de seis meses de cárcel, sustituible por el pago de 7.200 euros, y una multa de 12.480 euros (antes se enfrentaba a tres años de prisión).

El empresario escuchó la misma conversación del 22 de julio de 2009 que, el pasado martes, se reprodujo en la sala durante la declaración de Muñoz. En ella el alcalde socialista, tras arreglar la adjudicación a favor de Limasa pese a que otra empresa tenía mejor puntuación, le dijo a Carrillo: “Este viernes necesito tres cositas. Una de 2.100, otra de 1.980 y otra de 2.400. Traémelo diferente ¿eh? ¿Me has entendido bien?”. El empresario se encontraba de vacaciones en Alicante, pero dos días después estaba en una cafetería cercana al Ayuntamiento de Santa Coloma contando las cantidades repartidas en tres sobres que, minutos después, entregó al alcalde en su despacho. Muñoz le pidió, además, que esponsorizara a un club de fútbol de la localidad y el dueño de Limasa se comprometió por contrato a entregar 12.000 euros, de los que finalmente sólo pagó 6.000.

“Estoy espantado”

Pero las conversaciones intervenidas a los acusados marcaron de nuevo el rumbo del juicio. “Después de escuchar todo esto, estoy espantado”. El comentario de un procesado en un receso de la vista evidencia los estragos que las escuchas telefónicas están provocando en los argumentos exculpatorios de los principales acusados. Esa panoplia de conversaciones que, con precisión quirúrgica, ha ido introduciendo en la vista oral la fiscal Anticorrupción Ana Cuenca ya pasó factura el pasado martes al ex alcalde de Santa Coloma. “Luigi” negó el papel de “conseguidor” que le atribuye Anticorrupción e insistió en que ni era el alcalde en la sombra del primero de ellos ni influyó “jamás” sobre funcionarios municipales. Al igual que Muñoz, se desvinculó de los aspectos técnicos de las adjudicaciones y de cualquier control sobre ellas. “Eso es imposible”, aseguró tajante. Pero, una vez más, las conversaciones intervenidas le colocaron en una situación comprometida. “Eso ya está pasteleado”, informaba a su interlocutor (presumiblemente un empresario al que no identificó) en marzo de 2009 sobre una obra en Santa Coloma que no estaba oficialmente adjudicada. “A mí nadie me da información sobre los plenos”, insistía él. “Tenemos tres cositas a medias”, le recordaba al director de proyectos de la Alcaldía del citado municipio. “Es una expresión coloquial, no profesional ni económica”, se defendió. “Presentamos tres propuestas y a hacer gárgaras”, le sugería a un técnico municipal. “Nadie en España opera de otra forma. Todo el mundo habla con los

técnicos”, replicó el ex diputado. “El objetivo era siempre mejorar el negocio. Yo no le voy a esconder que mi intención era ganar dinero”, añadió por si quedaba alguna duda.