El ex tesorero de CDC exigía las mordidas por adelantado

►Viloca contaba con contratos en los que ya se especificaba el cobro del 3% más bonus ►Detallaba que el dinero debía recibirse antes y que se devolvería si la obra no se hacía

La impunidad con la que creían actuar los que estaban detrás del entramado del cobro del 3% a empresarios a los que se adjudicaban obras licitadas por entidades gobernadas por los nacionalistas catalanes, les llevó a tener redactados unos formularios, con sus correspondientes cláusulas, para determinados supuestos. De hecho, se contemplaba la posibilidad de que el empresario entregara un anticipo para que un tercero (sin duda perteneciente a dicho entramado) elaborara el proyecto correspondiente.

El cobro del 3% por parte del entramado Convergència Democrática de Cataluña estaba tan organizado que, según fuentes de la investigación a las que ha tenido acceso LA RAZÓN, para determinados casos habían establecido un formulario en el que se contemplaba la posibilidad de que al empresario de turno (al que se había pedido el anticipo) se le devolviera la cantidad aportada si al final no se le daba la obra.

En el registro del despacho de Andreu Viloca, el tesorero de la fundación CatDem y Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), fue hallado un modelo de este convenio en la que se detallaban los «pactos» a establecer:

«Primero.-La empresa, con la finalidad de llevar a cabo el proyecto señalado (en este caso un polígono industrial) en la parte expositiva, encarga a un tercero, la realización de todas las gestiones tanto urbanísticas, como legales, contractuales, que permitan la realización de todos los objetivos redactados en este documento».

«Segundo.- Que la empresa deberá cubrir los gastos necesarios, con un importe de 3 por 100 más un bonus a determinar para los trabajos expuestos en el pacto primero, los cuales se abonarán mediante un pago de 120.000 euros de esta cantidad, en el momento de la aceptación del convenio por ambas partes, el restante en el momento de la aceptación por parte de las Administraciones competentes de que la empresa asignada para la urbanización sea la objeto del convenio. El restante, se cobrará adaptándose escrupulosamente a los pagos que el contratista obtenga del contratante. El contratista entregara pagarés a los plazos que resulten de los pagos del contratante».

«Tercero.- En el supuesto de no llevarse a cabo la adjudicación de la urbanización o de no cumplirse todos los objetivos señalados, por razones ajenas a la empresa, a pesar de haberse realizado todas las gestiones necesarias delante de las administraciones competentes, los honorarios adelantados (120.000 euros) serán retornados a la misma».

Es decir, que el entramado no sólo cobraba por obra adjudicada sino por anticipado, en este caso para la redacción del proyecto, con lo que todo se quedaba «en casa». Por ello, no es de extrañar que los investigadores hicieran llegar al juez de El Vendrell, Josep Bosch, un informe en el subrayaban que «de la documentación incautada en CatDem y CDC, se desprende un especial y anómalo seguimiento por parte de Viloca de las adjudicaciones y licitaciones otorgadas por entidades públicas gobernadas por CDC, tanto a nivel local (Ayuntamientos) y provincial (Diputaciones) como autonómico (GISA)».

Asimismo, en el registro, se encontró un «Informe de revisión de los estados financieros de CDC elaborado por la empresa Busquet, Economistes, auditors, estudi jurídic», en el que se ponían de manifiesto una serie de irregularidades sin que se tenga noticias de que fueron corregidas.

Entre otras cosas, se señalaba que el partido emitía «cargos a las Fundaciones y Grupos Institucionales en concepto de reparto de gastos por servicios informáticos, administrativos y jurídicos por valor de 1.211.281,57 euros en 2013, sin IVA, sin razón justificada». Tampoco presentaba el Impuesto de Sociedades en relación a las rentas no exentas. En este caso, las rentas obtenidas por la emisión de los cargos expuestos antes citados, «no estarían entre las exentas, y podría considerarse resultado de actividad mercantil, expresamente prohibida por la Ley de Financiación de Partidos Políticos». Otras irregularidades se referían a los ingresos por cuotas de militantes de donaciones por valor de 30.807 euros procedentes de en una cuenta que no es la destinada específicamente a este fin; posibles ingresos por actividades promocionales superiores a 300 euros sin identificar al transmitente, incrementándose de forma significativa ese tipo de ingresos en el ejercicio auditado, pasando de 292.145 a 358.785 euros; la entidad no ha formalizado un protocolo de control interno que pueda ser sometido a verificación e informe, el cual ha de ser presentado al Tribunal de Cuentas; durante el año 2013 se han recibido ingresos de los Grupos Municipales por importe de 26.794,96 euros y 19.080 euros de l’Ajuntament de Vilafranca, no declarados como donativo, con el único justificante de la transferencia bancaria. Transferencias de la corporación CIU por importe de 662.000 euros en 2013 y 217.850 en 2012 tampoco fueron declaradas como donativo.

Asimismo, se destaca el papel de Viloca, mucho más allá que de tesorero, ya que tenía listados de adjudicaciones de obras y servicios por parte de CDC.

Una cadena de pruebas

Los contenidos desvelados los últimos días del sumario del 3% van dejando un rastro que apunta a la financiación irregular de CDC. Arriba, en la imagen, el ex tesorero de la formación Andreu Viloca, cuando fue detenido. Debajo, uno de los documentos de la causa en el que se aprecia el porcentaje del 3% y, al lado, una caja fuerte del despacho de Viloca tras la que se ocultaban informes clave.