La Fiscalía advierte ante el Rey de que su respuesta al 1-O será «firme y enérgica»

Maza avisa que el Ministerio Público adoptará una «defensa activa de la España constitucional».

En la recta final del desafío soberanista del 1-O, el referéndum independentista que alienta el Gobierno de Carles Puigdemont no pasó inadvertido ayer en el acto de apertura del año judicial, que presidió Felipe VI en el Tribunal Supremo. En su intervención ante el Rey, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, avisó a la Generalitat –sin necesidad de nombrarla expresamente– de que la respuesta de la Fiscalía será «firme y genérica» para garantizar el Estado de Derecho y la unidad de España, «patria común e indivisible de todos los españoles». Durante su tradicional discurso, el fiscal general del Estado dejó claro que frente a la «sinrazón de quienes se sitúan al margen de la ley, del Estado de Derecho y de la democracia no caben vacilaciones de clase alguna».

El Ministerio Fiscal –recordó Maza ante el soberano, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá– «está obligado a desplegar una defensa activa de la España constitucional». «En épocas convulsas–añadió– nuestro más seguro asidero es la ley». Y los fiscales, «como custodios de la legalidad –subrayó– estamos y estaremos en la vanguardia de su defensa, en todos los frentes en los que nuestro ordenamiento jurídico quiere que estemos». Con ese propósito, especificó, tanto la Fiscalía General del Estado como la Fiscalía de la Audiencia Nacional como la de Cataluña y sus cuatro provincias «seguirán actuando con celeridad y coherencia, siempre con plena sujeción a la legalidad, para garantizar nuestro marco de convivencia constitucional».

La Fiscalía, insistió, «no abriga duda alguna acerca de sus obligaciones» en estos momentos y actuará, añadió, con la convicción de que el respeto a la ley «garantiza nuestra convivencia». «Frente a las vías de hecho en las que se está incurriendo por algunos con grave quebranto del orden constitucional», reiteró Maza, el Ministerio Público «seguirá actuando en defensa de nuestro Estado democrático y de Derecho».

El fiscal general del Estado tampoco pasó por alto los «salvajes atentados» yihadistas en Barcelona y Cambrils (Tarragona). «Frente a la barbarie y la sinrazón absoluta, superando el horror y el hastío –aseguró– todos los que compartimos responsabilidades en la aplicación de la ley debemos perseverar con toda energía, desde el rigor y la eficacia, en la lucha contra este terrorismo yihadista, tan cruel e inhumano», cuya amenaza internacional «se constata desgraciadamente con terrible periodicidad».

Maza quiso dejar constancia del «afecto y solidaridad con las víctimas», a quienes trasladó el «firme compromiso» de la Fiscalía «en la severa aplicación de la ley a los autores de tales hechos».

En su repaso a la Memoria de la Fiscalía del pasado año, el fiscal general del Estado se detuvo en la lucha contra la corrupción, «uno de los focos prioritarios de atención», que –recordó– acarrea una merma de la confianza de los ciudadanos en las instituciones que hay que «regenerar». El Ministerio Fiscal «no tolera espacio alguno de impunidad», reivindicó, al tiempo que se quejó del «injustificado cuestionamiento del trabajo y la imparcialidad» de la Fiscalía. Sus investigaciones, enfatizó, se ponen en marcha ante la existencia de sospechas «bien fundadas», sin atender a la «identidad, posición, orientación política o social» de las personas implicadas «ni a los cargos que ostentan o han ostentado». De hecho, recordó que hasta el primer trimestre del año había 1.378 cargos públicos investigados por corrupción y 399 condenados en sentencia firme.

Durante 2016, explicó Maza, la Fiscalía incoó 15.324 diligencias de investigación, 518 más que el año precedente. Además, dejó constancia de que la reforma procesal (que evita la judicialización de los atestados policiales sin autor conocido) ha dado ya sus frutos con la caída del 51% de la incoación de diligencias previas, superándose así «inercias burocráticas injustificadas e ineficaces».