El fiscal reitera al juzgado que cite a Chaves y Griñán como investigados

Es la segunda vez que el Ministerio Público lo pide sin que aún se les haya convocado.

Es más que probable que los ex presidentes socialistas de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán tengan que volver a enfrentarse a las preguntas del fiscal sobre sus conocimientos relacionados con las concesiones de ayudas sociolaborales que tuvieron como destinatarios no aquellos que legalmente tenían derecho a ellas, sino otros muchos que consiguieron importantes cantidades por «amiguismo» u otras razones y que fueron incluidos de forma fraudulenta en empresas sometidas a expedientes de regulación de empleo. De hecho, según aseguraron a LA RAZÓN fuentes jurídicas, la Fiscalía de Sevilla ha pedido a la jueza instructora del «fraude los Eres» que cite a declarar en calidad de investigados –el equivalente a imputados antes de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal– a Chaves y Griñán.

No es ésta la primera vez que el Ministerio Público adopta tal iniciativa, pues ya fue realizada hace algún tiempo, aunque, hasta ahora, la instructora no ha cursado tal solicitud. Ese es el motivo, aseguran las citadas fuentes al respecto, por el que la Fiscalía vuelve a reiterar la práctica de esa misma diligencia. Junto a las declaraciones de Chaves y Griñán, la Fiscalía ha solicitado igualmente que acudan a prestar declaración aquellos a los que investigaba el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, porque en esos momentos eran diputados autonómicos, pero que, en la actualidad, no ocupan ya ningún escaño en el Parlamento andaluz y, por tanto, no gozan del citado aforamiento ante el TSJ andaluz.

Chaves y Griñán ya declararon como imputados ante el Tribunal Supremo el pasado año, cuando eran diputado y senador, respectivamente. En sus comparecencias se desmarcaron de cualquier posible irregularidad en relación con el fraude de los Eres. Así, Manuel Chaves aseguró que ni «conoció» ni «podía conocer» los convenios que regulaban las subvenciones y ayudas sociolaborales a trabajadores de empresas sometidas a expedientes de regulación de empleo, porque los mismos no pasaban por el Consejo de Gobierno; y, a la vez, manifestó que desconocía los motivos por los que en 2001 se cambiaron los criterios para las adjudicaciones de esas ayudas. Tampoco «conocía los procedimientos de ejecución del gasto» de esas partidas, ni las causas por las que en algunos expedientes de empresas sometidas a ERE no estaban los correspondientes informes. Además, afirmó que tampoco podía conocer el sistema utilizado para la concesión de esas ayudas, excepto los «criterios generales».

«Un gran fraude»

Por su parte, José Antonio Griñán no tuvo reparos en admitir que «no hubo un gran plan –para defraudar–, pero sí hubo un gran fraude, y eso significa que algunos de los controles pudieron fallar». Eso sí, exculpó en todo momento a la Consejería de Hacienda, de la que era responsable cuando sucedieron buena parte de los hechos, y apuntó a la de Empleo, de la que era titular en esos años Antonio Fernández, ya que era la consejería que establecía el sistema que se debía seguir para la concesión de esas ayudas.