El PNV logra 1.400 millones sin hablar de presos ni competencias

Rajoy y la vicepresidenta se han implicado en la negociación. El acuerdo contempla una rebaja del Cupo para este año de 192 millones, por lo que pagarán menos de mil millones, y la devolución del Estado en cinco años de lo que los vascos reclaman desde 2007.

Mariano Rajoy desbloqueó personalmente el acuerdo con el PNV que da un gran balón de oxígeno a su Gobierno. Asegura la «paz fiscal» con el Ejecutivo vasco, según los nacionalistas, a cambio de la devolución de 1.400 millones de euros que ellos reclaman desde 2007, y de una rebaja de otros 192 millones en el cálculo del Cupo con respecto a 2016. Además de un empujón a la «Y vasca» y reducir la factura eléctrica para las empresas. Esto sólo a cambio de que sus cinco diputados sostengan los Presupuestos de 2017, porque como el PNV se encargó de subrayar no hay ningún compromiso respecto al techo de gasto para 2018 o sobre los Presupuestos para ese año, que el Gobierno tiene que empezar a preparar ya si quiere poder presentarlos en el Congreso en septiembre.

Ha sido una negociación «difícil», pero en la que sobre la mesa no han estado nunca ni las cuestiones competenciales ni tampoco los presos de ETA u otros asuntos relacionados con la política antiterrorista o la disolución de la banda terrorista. Sólo ventajas económicas y en materia de inversiones. No es que estas cuestiones competenciales se hayan quedado en el camino, sino que el PNV, en un ejercicio de pragmatismo, optó por centrar toda la presión en el otro ámbito. La negociación política la pilotó Rajoy. Y las cuestiones técnicas las resolvió Hacienda, aunque hayan mediado otros actores como la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, o los interlocutores parlamentarios.

La justificación del desbloqueo ha sido una factura de 1.400 millones que el Gobierno de Rajoy abonará al vasco tras resolver a favor de este último la discusión en el cálculo del Cupo desde 2007. El Gobierno vasco pagará este año al Estado 1.300, aunque una vez descontados los 344 correspondientes a políticas activas de empleo, abonará 956, cantidad que servirá de referencia en los próximos cinco años. El Cupo es el dinero que el País Vasco paga al Estado por las competencias no transferidas, como Defensa, Asuntos Exteriores e infraestructuras como puertos y aeropuertos.

El Ejecutivo autonómico defendía que desde 2011 había pagado 1.600 millones de más y que el Cupo debería rondar los 850 millones anuales, mientras que el proyecto de presupuestos del Estado para este ejercicio elevaba la cifra hasta los 1.202 millones.El consejero vasco de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, compareció ayer en Vitoria para resaltar que con este pacto se pone fin a diez años de encontronazos entre las dos Administraciones y «se entra en un periodo de estabilidad financiera y de certidumbre en las relaciones financieras con el Estado». Los nacionalistas vascos se apuntan un significativo tanto en este ejercicio de pragmatismo con el que marcan, además, una rotunda distancia con la dirección que ha elegido el independentismo en Cataluña. Al tiempo que dejan en evidencia el discurso de Ciudadanos (Cs), que ha hecho causa contra el Cupo vasco y ahora sostiene un acuerdo presupuestario que se fundamenta en una mejora muy notable de ese régimen especial. El PNV, sólo con cinco diputado, se cobra una «factura» mucho más grande que aquella que la formación naranja presume de haber hecho pagar al Ejecutivo popular.

Rajoy, por su parte, se garantiza estabilidad y tiempo para hacer valer esa estabilidad y seguir remando al ritmo de las buenas previsiones económicas, al margen de la presión política, de comisiones de investigación, como la que se creará la semana que viene sobre su financiación, o de las dificultades legislativas extremas. El próximo mes el Gobierno de Rajoy tiene que volver a ponerse las botas de faena para negociar el techo de gasto con vista a los Presupuestos de 2018, que deberá presentar en el Congreso en septiembre. Aunque tiene la baza de prorrogar los de 2017, que prácticamente tienen asegurado superar en unas semanas el trámite parlamentario.

Las siete enmiendas de totalidad que se votarán hoy representan a 175 diputados del PSOE, Unidos Podemos-En Comú-En Marea, Esquerra Republicana, el PDeCAT, Compromís, Bildu y Nueva Canarias, lo que supone la mitad exacta del Congreso. En caso de empate, el Reglamento de la Cámara permite repetir dos veces más la votación, y si se mantiene el empate no prosperan las enmiendas a la totalidad. Para la votación en Pleno sección por sección el Gobierno necesita el voto del diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, que en las elecciones generales concurrió en las listas del PSOE. Negociación que el Ejecutivo ya ha abierto y tiene avanzada.

Rajoy tiene cerrado el apoyo de Cs, de la diputada de Coalición Canaria (CC), y de los dos de UPN y, previsiblemente, del Foro Asturias. El Gobierno justificó ayer el acuerdo con el PNV en que supone resolver las liquidaciones pendientes y da un marco de estabilidad a la relación financiera. Sostiene, además, que es un cálculo equilibrado desde el punto de vista de la financiación autonómica. No obstante, deja una huella en la negociación del nuevo sistema de financiación que el Gobierno tiene pendiente de negociar con todas las demás comunidades. Todas piden más recursos.