El Gobierno prevé pedir al TC la suspensión de Puigdemont

Si el president firmara el decreto de convocatoria de la consulta, la Abogacía del Estado recurriría al Alto Tribunal para instarle a que «inhabilite» a los cargos públicos que desobedezcan sus resoluciones.

El Gobierno entiende que la firma del decreto de convocatoria del referéndum ilegal por parte del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, puede ser motivo para solicitar al Tribunal Constitucional (TC) que además de suspender esta resolución de manera inmediata, como ocurre con todas las otras decisiones que han sido impugnadas ante el Alto Tribunal, active también el procedimiento que le da potestad para suspender de manera cautelar a cargos públicos que desobedezcan sus resoluciones. «La gravedad de la firma de este decreto, con los precedentes acumulados detrás en todo el proceso de desconexión, es razón suficiente para que se estudie aplicar soluciones extremas, acordes con la gravedad de la situación si hay incumplimiento de la resolución de suspensión», sostienen en medios gubernamentales.

El Constitucional, como informó este periódico el pasado día 30 de mayo, no actuará de oficio pese a que la última reforma de la ley orgánica que lo regula le da la potestad de suspender a cargos públicos que desobedezcan sus resoluciones. A pesar de la reforma aprobada en la pasada Legislatura contra el criterio de la oposición, desde el Alto Tribunal insisten en que su decisión es no intervenir si quien está legitimado no se lo reclama antes, es decir, una previa petición en ese sentido del Gobierno, de la Abogacía del Estado.

Por tanto, será fundamental lo que la Abogacía del Estado pida al Constitucional en el recurso que interponga, al margen de la más que previsible aplicación del artículo que conlleva la suspensión en el acto de la medida. Es decir, la clave está en si la representación jurídica del Estado reclama que en caso de desobediencia se proceda a la suspensión cautelar de los cargos públicos afectados por el requerimiento, tal como le faculta la propia ley que regula su funcionamiento. En todo caso, habrá que ver si la Generalitat, o más bien los requeridos, entre los que estará el presidente catalán, acatan o no la resolución del Alto Tribunal de no aplicar nada de lo suspendido y, por tanto, de no iniciar ningún movimiento para celebrar la consulta ilegal.

Hoy se reúnen los firmantes del Pacto Nacional por el Referéndum para avanzar en la fecha y en las preguntas de la consulta, que Puigdemont parece que tiene intención de anunciar esta semana. La vicepresidenta y ministra para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, volvió ayer a reinvindicar la «capacidad de diálogo» del Ejecutivo de Rajoy frente a quienes quieren «sembrar la inestabilidad» y a quienes consideran que «saltarse la ley es la mejor vía para llevar a cabo sus planteamientos».

Por su parte, el coordinador general del PP, Fernando Martínez- Maillo, demandó ayer a Puigdemont que señale por escrito el formato que propone para aceptar ir al Congreso de los Diputados a explicar su plan soberanista. A su juicio, Puigdemont no debería poner condiciones previas para acudir a la Cámara Baja, y señaló que el presidente catalán tampoco debería tener miedo a que vote el Pleno del Congreso su proyecto, como se hizo con el «plan Ibarretxe». «Nos gustaría que esa propuesta que hace en voz alta la haga llegar por escrito», argumentó Martínez-Maillo sobre las condiciones de Puigdemont. El presidente de la Generalitat señaló durante el fin de semana que está dispuesto a debatir en el Congreso con el presidente del Gobierno, pero solo después de haber fijado en la agenda el referéndum, que pretende celebrar aunque sea unilateralmente. Maillo lamentó que Puigdemont quiera plantear primero «la amenaza», al decidir la pregunta y la fecha del referéndum ilegal, antes de aceptar ir al Parlamento a debatir con todos, cuando lo que debería hacer es ir primero «sin miedo» a la Cámara Baja, informa Efe. «Seguro que encontramos un formato aceptable para todas las partes, pero hay que venir», insistió el dirigente popular, quien también recalcó que sería bueno que Puigdemont escuchase en la sede de la soberanía nacional lo que opinan los demás partidos de su plan independentista.

Eso sería «bueno, sano y muy democrático». Aunque aún no se sepa la pregunta que se pretende formular en el referéndum, hace «mucho tiempo» que se conoce la respuesta, y es que «no cabe un referéndum unilateral para romper la soberanía y al margen de la Constitución». «La respuesta es que no va a haber referéndum en Cataluña porque el Estado tiene mecanismos suficientes para garantizar que no habrá tal consulta sobre una supuesta independencia», concluyó.

Por cierto, en el caso de que Puigdemont firmase el decreto de convocatoria del referéndum, el Ministerio Público también tendría abierta la puerta para la presentación de una querella por desobediencia a los mandatos del Constitucional, que ya tiene ordenado en distintas ocasiones que la Generalitat no puede aprobar ni tramitar en el Parlamento medidas que den continuidad a las decisiones ya suspendidas por su vinculación con el proceso soberanista y por prevaricación administrativa. Pero el procedimiento judicial no es nada rápido, por lo que las decisiones en este ámbito, donde se podría imponer la pena de inhabilitación, se retrasarían previsiblemente mucho más allá de la fecha prevista para el referéndum ilegal. Y no está establecido en ningún caso que dentro de un proceso penal se pueda imponer esa medida de forma cautelar antes del fallo judicial.