El Gobierno refuerza los controles para evitar un golpe de efecto de Puigdemont

Su regreso a España supondría un grave problema institucional.

El Gobierno ha decidido reforzar los controles y las medidas de seguridad que tiene activadas para evitar que el ex presidente de la Generalitat pueda buscar el golpe de efecto de presentarse en España para su investidura. No es la primera opción con la que trabajan, ni mucho menos, pero después de los precedentes tampoco está descartada. Y el Ejecutivo de Rajoy no puede permitirse otros fallos que dejen en mal lugar a los servicios de inteligencia o a las Fuerzas de Seguridad. La fuga de Puigdemont se justificó con el argumento de que no había medida cautelar impuesta sobre él.

No obstante, ya tuvieron que hacer entonces un esfuerzo de pedagogía para que se entendiera cómo era posible que alguien tan señalado y sobre el que pesaba una investigación por delitos tan graves, por el alzamiento contra el Estado español, pudiera haber escapado a la acción de la Justicia. La posibilidad de que Puigdemont regrese a España es un escenario «endemoniado» para el Gobierno en el caso de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena autorizase que acudiese a la sesión de investidura después de su detención. Este supuesto colocaría en una situación muy delicada al Poder Judicial y al Gobierno.

En cualquier caso, en juego entran demasiados supuestos antes de llegar a ese escenario. Y aunque el Gobierno haya adoptado medidas extraordinarias para responder a lo que pudiera ocurrir, Moncloa espera, o confía, en que este supuesto no llegue a producirse. Pero el problema institucional que se generaría sería mayúsculo.

La investidura telemática sigue siendo vista en el Ejecutivo como una opción «imposible». «No sabemos hasta dónde van a mantener el numerito. Pero en ningún caso Puigdemont puede ser investido a distancia. Y si vuelve, tampoco se puede gobernar la Generalitat desde la cárcel, aunque ahí la decisión está en manos del juez», señalan en medios gubernamentales.

Moncloa valoró ayer con cierta distancia la jornada celebrada en el Parlamento de Cataluña, y por la que el republicano Roger Torrent ha asumido su presidencia. A su juicio, el anuncio de Rajoy de que recurriría de inmediato ante el Tribunal Constitucional la delegación de voto por parte de los fugados condicionó la decisión de que no optaran por esa vía. Y por eso Puigdemont y los ex consellers fugados no han intentado participar en la sesión constitutiva del Parlament, aseguran fuentes gubernamentales. El Gobierno ha evitado recurrir la delegación de voto de los diputados electos catalanes encarcelados, aceptada por la Mesa de Edad del Parlament mientras que no habían procedido así los huidos a Bruselas. Y, sobre todo, por el auto del juez Pablo Llarena que lo planteaba como una posibilidad. Moncloa siempre ha evitado impulsar recursos y decisiones judiciales sobre las que no tuviera seguridad de que iban a ser refrendadas por el Constitucional o por los tribunales porque el fracaso daría, en su opinión, más oxígeno al independentismo.

El Gobierno queda a la espera de las decisiones que pueda tomar la Mesa del Parlament y el propio Puigdemont desde Bruselas para mover ficha y responder al órdago a las leyes.