El Gobierno activará el sábado el 155 para restaurar el orden constitucional en Cataluña

El portavoz del Gobierno ha garantizado hoy que el Ejecutivo pondrá "todos los medios a su alcance"para restaurar el orden constitucional.

El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha garantizado hoy que el Ejecutivo pondrá "todos los medios a su alcance"para restaurar el orden constitucional, la "convivencia pacífica"en Cataluña y frenar el "deterioro"de la seguridad jurídica de la que es único responsable la Generalitat.

En una declaración institucional en el Congreso, Méndez de Vigo ha leído el comunicado emitido por el Gobierno tras recibir la carta del presidente catalán, Carles Puigdemont, en la que anuncia que si el Ejecutivo "persiste en impedir el diálogo y continúa la represión", el Parlament podrá votar la declaración formal de independencia.

Este es el texto íntegro del comunicado del comunicado del Gobierno en respuesta a la carta que Carles Puigdemont ha dirigido hoy al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy:

"El Gobierno de España ha constatado a las 10 horas de esta mañana, último plazo establecido, la negativa del presidente de la Generalitat de Cataluña a atender al requerimiento que le fue remitido el pasado 11 de octubre y en el que se le reclamaba que informara de forma clara y precisa si alguna autoridad de Cataluña había procedido a declarar la independencia de esa Comunidad Autónoma y se le instaba a restituir el orden constitucional alterado.

En consecuencia, el Gobierno de España continuará con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución para restaurar la legalidad en el autogobierno de Cataluña.

El próximo sábado el Consejo de Ministros, reunido de forma extraordinaria, aprobará las medidas que elevará al Senado a fin de proteger el interés general de los españoles, entre ellos los ciudadanos de Cataluña, y restaurar el orden constitucional en la Comunidad Autónoma.

El Gobierno agradece el apoyo de las distintas formaciones políticas con las que está cerrando en estos momentos una respuesta mayoritaria y consensuada al desafío secesionista. Por otra parte, denuncia la actitud mantenida por los responsables de la Generalitat de buscar, deliberada y sistemáticamente, el enfrentamiento institucional a pesar del grave daño que se está causando a la convivencia y la estructura económica de Cataluña.

El Gobierno pondrá todos los medios a su alcance para restaurar cuanto antes la legalidad y el orden constitucional, recuperar la convivencia pacífica entre ciudadanos y frenar el deterioro económico que la inseguridad jurídica está causando en Cataluña".

El Senado tendrá que retrasar el pleno del 155 a los últimos días de octubre

La decisión del Gobierno de celebrar el sábado próximo un Consejo de Ministros extraordinario en el que aprobará las medidas para Cataluña que propondrá al Senado al amparo del artículo 155 de la Constitución, obligará a la Cámara Alta a retrasar el pleno para su convalidación al 30 o 31 de octubre.

Fuentes de la institución presidida por Pío García-Escudero han reconocido a EFE que el calendario que hasta ahora manejaba la Cámara preveía esa sesión plenaria para el viernes 27 de octubre, pero siempre bajo el supuesto de que el Consejo de Ministros se reuniera hoy mismo.

Al hacerlo el próximo sábado, dos días más tarde, se hace casi imposible cumplir la previsión inicial. Y ello porque, antes de que el Pleno del Senado debata y vote las medidas, la propuesta tiene que pasar por una comisión parlamentaria, siguiendo una tramitación regulada en el artículo 189 del Reglamento en la que no hay plazos prefijados, de manera que se puede agilizar o retrasar según convenga.

Sin embargo, la celebración de sesión plenaria ordinaria la semana próxima, de martes a miércoles, complica la agenda, dado que una comisión no puede reunirse mientras haya pleno.

Una vez que este sábado, 21 de octubre, el Consejo de Ministros apruebe las medidas, serán remitidas al Senado que tendrá que reunir a su Mesa -presidida por García-Escudero e integrada por PP, PSOE y PNV- para la pertinente calificación del escrito y la fijación del procedimiento para tramitarlo.

La reunión de la Mesa es importante porque este órgano, donde el PP tiene la misma mayoría absoluta que cuenta en el hemiciclo, se encargará de determinar si se da curso a las propuestas a través de la Comisión General de Comunidades Autónomas o mediante una comisión conjunta integrada por senadores de las comisiones afectadas.

Tanto fuentes gubernamentales como del PP dan por hecho que se elegirá la segunda opción, dado que su funcionamiento será mucho más ágil que en la otra.

En la Comisión General pueden intervenir todos los presidentes autonómicos que quieran, además de los portavoces de los grupos parlamentarios y los de los grupos territoriales.

Del alcance de las medidas que plantee el Ejecutivo dependerá de cómo será la composición de esta comisión conjunta "ad hoc", integrada al menos por senadores de la Comisión Constitucional que preside el expresidente de la Cámara Juan José Lucas.

La comisión tendrá que reunirse como mínimo en dos ocasiones.

Una para, según dice el artículo 189.3 del Reglamento, requerir al presidente de la comunidad afectada, en este caso Carles Puigdemont, a fin de que "en el plazo que se fije remita cuantos antecedentes, datos y alegaciones considere pertinentes y para que designe, si lo estima procedente, la persona que asuma la representación a estos efectos".

Es decir, que además de enviar la documentación que crea conveniente para sus alegaciones, Puigdemont podrá acudir al Senado a defender su postura, bien en persona o mediante la persona que él determine.

Será entonces cuando se reúna por segunda vez la comisión conjunta, y, tras recabar documentos y testimonios, podrá ya formular una "propuesta razonada sobre si procede o no la aprobación solicitada por el Gobierno, con los condicionamientos o modificaciones que, en su caso, sean pertinentes en relación con las medidas proyectadas", tal y como señala el Reglamento.

Ello significa que el Senado podría cambiar las medidas acordadas por el Ejecutivo, al menos en teoría, porque en esta Cámara el PP no necesita del apoyo de ninguna otra formación para sacarlas adelante al contar con mayoría absoluta.

Esa misma mayoría le garantiza que serán aprobadas sin problemas en la sesión plenaria posterior que debatirá la propuesta procedente de la comisión y que, según establece el artículo 155 de la Constitución, requieren mayoría absoluta para poder aplicarse.

No obstante, el PP ha dejado claro que quiere contar con el mayor consenso posible a la hora de convalidar las medidas con las que el Gobierno quiere responder al desafío soberanista catalán mediante un artículo de la Carta Magna nunca antes puesto en práctica y de tramitación inédita en la Cámara Alta.

Los votos del grupo popular, del socialista y de Ciudadanos reunirían como mínimo de 214 senadores a favor de los 266 que conforman el Senado.

Efe