Interior asume la coordinación policial para evitar el referéndum

La Fiscalía ordena que el Estado se haga cargo del operativo policial para impedir el referéndum. La Generalitat asegura que no cumplirá y Trapero matiza que acatará las órdenes, aunque discrepa de ser «tutelados».

Gobierno y Generalitat transitan desde hace una semana por el terreno de lo desconocido. Ayer, la situación amenazó por momentos con desbordar el conflicto político y entrar en lo policial cuando el conseller de Interior, Joaquim Forn, anunció que no tenía la intención de aceptar que el Estado asumiera la coordinación de los Mossos d’Esquadra para impedir la celebración del referéndum del 1 de octubre, tal y como ayer a mediodía había ordenado el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada. «No aceptamos el mando del cuerpo de Mossos d’Esquadra por parte del Ministerio del Interior», sentenció Forn. Horas después, sin embargo, el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, sí que asumió las instrucciones del fiscal y distribuyó un comunicado interno a sus agentes en el que se comprometió a seguir «dando cumplimiento» a las órdenes. Añadió, no obstante, que «no comparte que una parte de su actividad sea ordenada y tutelada por un órgano que depende del Ministerio del Interior».

Respuesta jurídica

El jefe de los Mossos desactivó así las alarmas generadas por la declaración institucional de Forn, ya que el conseller aseguró que los Mossos, a través del mayor Trapero, ya expresaron en una reunión mantenida con el citado fiscal «la voluntad del Cuerpo de no aceptar la coordinación del representante del Estado» con el resto de fuerzas de seguridad. Sea como fuera, los Mossos evitaron finalmente caer en la desobedencia y se limitarán a presentar argumentos jurídicos para intentar evitar que su tarea ante el 1-O pase a depender de las instrucciones del Ministerio del Interior.

La reunión mencionada anteriormente, que tuvo lugar el jueves, congregó a altos mandos de los tres cuerpos (Policía, Guardia Civil y Mossos). En ella el fiscal superior comunicó la decisión de que las actuaciones para impedir la celebración del referéndum, suspendido por el Tribunal Constitucional, sean coordinadas por la secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. En concreto, el funcionario designado para liderar la coordinación es el coronel de la Benemérita Diego Pérez de los Cobos, un militar de reconocido prestigio que ha cumplido misiones relevantes dentro del Cuerpo antes de trabajar en dicha Secretaría de Estado.

Fuentes del Ministerio del Interior subrayaron que todo esto no supone retirar ninguna competencia a la policía autonómica catalana, sino que se trata de establecer un mecanismo de coordinación que, «en lo esencial», es el mismo por el que a los mossos se les encomendó las actuaciones posteriores al atentado de Barcelona y Cambrils (Tarragona).

Lo cierto es que los Mossos nunca se habían encontrado en esta «inédita» situación y, según fuentes conocedoras del asunto, no será hasta mañana, lunes, cuando hay una nueva reunión convocada por el fiscal con los jefes policiales, cuando vuelva a abordarse el asunto. En todo caso, todo hace pensar que Trapero piensa acudir a ella, ya que, de lo contrario, podría ser citado por haber incurrido en desobediencia.

En su escrito, el fiscal jefe, designa, en virtud del articulo 46 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a Pérez de los Cobos, en la actualidad director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad. Además, le faculta «para convocar y dirigir cuantas reuniones de planificación y coordinación del mencionado dispositivo con los responsables autonómicos de Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d’Esquadra y policías locales, debiendo dar cuenta del resultado de las mismas a mi autoridad», señala el escrito del fiscal. Con ese mismo fin, Pérez de los Cobos, que ya se encuentra en Barcelona, designará a otros miembros de su gabinete para las reuniones de coordinación entre los tres cuerpos que podrían celebrarse en cada provincia. Del resultado de todas ellas, informará directamente al fiscal jefe de Cataluña.

La respuesta jurídica que está elaborando la Generalitat se basará en advertir que la orden del fiscal vulnera el artículo 164 del Estatut, el cual establece que «corresponde a la Generalitat el mando supremo» de los Mossos y «la coordinación de la actuación de las policías locales». Según fuentes del Govern consultadas por Efe, el propósito del fiscal también choca con la ley orgánica 2/1986 de fuerzas y cuerpos de seguridad, ya que «la vigilancia de espacios públicos y la seguridad corresponde a los Mossos». Añaden, por último, que se ha realizado «un decreto ley previo preceptivo», por lo que el Govern sopesa impugnar la instrucción ante la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Por un día, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, evitó avivar el fuego y limitó su agenda a acudir al estadio del Girona para presenciar el partido con el FC Barcelona. El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, sí que intervino en un acto de campaña, aunque no lo hizo para alentar la desobediencia. «Todos nosotros somos gente honrada. Quien les ordena las detenciones y los registros no pueden decir lo mismo», afirmó en alusión a los fiscales del Estado. «No son personas que se caractericen por su honradez y su honestidad», añdió el líder republicano en un acto celebrado en Vilafranca del Penedès.