Montoro asume el control directo de gastos de la Generalitat

El Consejo de Ministros responderá hoy a la decisión de la Generalitat de no informar semanalmente de cada partida, para lo que la ley prevé multas, responsabilidades penales y el art. 155.

La Generalitat remitió el miércoles por la noche una carta al Ministerio de Hacienda para anunciar que se salta su obligación legal de rendir cuentas semanalmente sobre sus gastos. La respuesta más drástica, pero eficaz, sería la aplicación del artículo 155 de la Constitución para sustituir al vicepresidente, Oriol Junqueras, por no cumplir con sus obligaciones y, en consecuencia, poner en marcha la intervención total de la gestión económica del Gobierno catalán. La Ley de Estabilidad Presupuestaria prevé numerosas medidas coercitivas, incluso la aplicación de una adaptación de ese artículo 155, ya que el punto 26 prevé una intervención aprobada por el Senado.

La estrategia de Moncloa se ajusta a la idea de que la meta de la dirección independentista es conseguir precisamente respuestas por parte de Madrid que «les permitan hacer estallar ya la calle, a sabiendas de que no habrá referéndum y con el objetivo de que las dos semanas que restan para el 1-O sirvan para la agitación y la movilización social». El Gobierno justifica en esta «incendiaria» estrategia soberanista su decisión de buscar fórmulas para conseguir el mismo resultado, pero por un camino paralelo al «más drástico». Y ese plan será hoy ratificado por el Consejo de Ministros. Hasta ahora Moncloa se ha negado siempre a hablar de intervención, pero las medidas buscan hacer efectiva de hecho esa intervención de las cuentas de la Generalitat.

Junqueras ha dejado ya de remitir a Hacienda el justificante semanal de gastos que impuso el Ministerio en el mes de julio para detectar las posibles partidas destinadas a financiar la consulta ilegal del 1 de octubre. La razón que da es la supuesta nueva legalidad aprobada por el Parlamento de Cataluña, pero suspendida por el Tribunal Constitucional (TC). Y es este contexto judicial el que hace que la decisión de Junqueras sea una nueva desobediencia al ordenamiento legal.

Ante esto, el Gobierno aprobará esta mañana un nuevo mecanismo para reforzar en la práctica la intervención de las cuentas catalanas. Se trata de controlar las cantidades que cada mes transfiere a la Generalitat dentro de los anticipos del sistema de financiación autonómica, las transferencias corrientes del Estado para el funcionamiento de otros organismos y administraciones. En lugar de hacer la entrega mensual y que la administre la Generalitat, que sea Hacienda quien vaya liberando cantidad a cantidad, a medida que la Generalitat justifique para qué las necesita. De esta manera se controla la aplicación de los ingresos procedentes del sistema de financiación autonómica, pero no los relacionados con los tributos propios gestionados por la Generalitat.

La partida de gasto social que Hacienda estudia gestionar directamente es el grueso de los Presupuestos de cada comunidad autónoma ya que engloba Educación, Sanidad y Servicios Sociales.

Fuentes gubernamentales explicaban ayer que estaban preparados para «esta nueva rebelión» de la Generalitat y que por eso tenían ya trazado el plan extraordinario que aprobará hoy el Consejo de Ministros. También advertían de que las medidas no iban a afectar a la financiación de los servicios públicos de los catalanes. «No se afectará a los proveedores ni a los servicios públicos», según Moncloa. En el decreto por el que se estableció la obligación semanal de la Generalitat de rendir cuentas de las partidas de todas las consejerías y entidades catalanas, lo que supuso un refuerzo del sistema de control del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), el Gobierno impuso un modelo de control de gastos por el que semanalmente los interventores y responsables económicos de cada departamento y de todas las entidades públicas con capacidad de gasto debían certificar ante Hacienda no haber iniciado ningún expediente de inversión en los preparativos del referéndum. La consecuencia de incumplir, según la orden respaldada por la comisión delegada y el Consejo de Ministros, era frenar la aplicación de las ayudas del FLA para Cataluña. El acuerdo para reforzar el control semanal de las cuentas de la Generalitat advertía, asimismo, de que de la resistencia o negativa a suministrar la información solicitada podrían derivarse responsabilidades penales y sanciones con carácter individual.

En julio, cuando se anunció esta nueva medida, el Gobierno garantizó que ni un solo euro de los catalanes iría destinado a la celebración de un referéndum ilegal. Y estos controles se impusieron después de que Hacienda detectara un desvío de 6.150 euros para el montaje de la consulta dentro del programa que la Generalitat tenía ya registrado.