El plan B del Govern: aprobar la ley de ruptura por decreto

JxSí estudia cuatro opciones para tramitar la desconexión. La dirección del PDeCAT estudia cómo proteger a sus diputados.

Faltan 32 días para el 1 de octubre, la fecha señalada por el Govern de Carles Puigdemont para celebrar el referéndum de autodeterminación de Cataluña y siguen desconociéndose aspectos esenciales de la votación. Hay fecha, sí, hay también 6.000 urnas –así lo asegura el propio Puigdemont aunque no se sabe cómo ni cuándo ni dónde las ha adquirido– e incluso hay unas leyes de desconexión registradas en el Parlament, pero ninguna de ellas está tramitada. El secretismo sobre la aprobación de estas normas continúa, incluso después de la reunión de ayer de la Mesa del Parlament, donde se esperaba algún tipo de aceleración que no se produjo. El Govern, además, no tuvo inconveniente en abonar especulaciones acerca de la tramitación de estas leyes para desesperación de la CUP y admitió que incluso contempla su aprobación mediante decreto ley, una opción que los antisistema rechazan frontalmente y que gusta a la dirección del PDeCAT porque serviría para proteger a sus diputados.

La Mesa del Parlament, con mayoría de Junts pel Sí, evitó admitir a trámite la ley del Referéndum y la ley de Transitoriedad Jurídica, lo cual confundió a toda la oposición y también a la CUP. «Antes de 11 de septiembre toda iniciativa parlamentaria relativa al referéndum tiene que estar planificada, tramitada, concretada y explicada públicamente», exigió la diputada de la CUP Mireia Boya.

Pero los dirigentes de Junts pel Sí no se mostraron particularmente impresionados y especularon con las opciones que existen para la tramitación de estas normas. La más sencilla consistiría en esperar a la próxima reunión de la Mesa (martes, 5 de septiembre) para admitirlas a trámite y llevarlas al pleno de los días 6 y 7. Otra vía sería esperar a la propia celebración del pleno, invocar el artículo 81.3 del reglamento que permite introducir nuevas votaciones en el orden del día y forzar así su aprobación. Otra argucia parlamentaria consistiría en celebrar un pleno extraordinario. Y existe una última opción que pasaría por convertir estas normas en decreto ley para intentar consumar su entrada en vigor. Este extremo no gusta a la CUP, que, en principio sólo lo vería con buenos ojos en caso de que haya «alguna actitud represiva» por parte del Estado.

Cambios de estrategia

Lo cierto es que la estrategia no deja de modificarse sobre la marcha, ya que Junts pel Sí y la CUP habían acordado que la ley del referéndum se tramitaría en la reunión de la Mesa del Parlament del pasado 16 de agosto. Pero finalmente dieron marcha atrás, porque Mariano Rajoy anunció su intención de impugnar esta iniciativa desde ese mismo instante sin esperar a su llegada al pleno.

«Que nadie sufra. La determinación de hacer el referéndum es total. Con tiempo suficiente todo el mundo sabrá dónde deberá ir a votar, todo el mundo tendrá información precisa y perfecta», aseguró el portavoz del Govern, Jordi Turull.