Planeta se personará como acusación en la investigación por fraude al Grupo Zed

Cifra el perjuicio en 120 millones y desvincula a LA RAZÓN y su presidente de toda irregularidad.

El Grupo Planeta solicitará al magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón su personación como acusación particular, en calidad de perjudicado, en la causa abierta por un supuesto fraude de subvenciones contra el Grupo Zed, una operación policial que ayer llevó a la detención de ocho personas y a la práctica de 18 registros en Madrid, Barcelona y Valencia. En un comunicado, Planeta, titular en la actualidad del 20 por ciento de la sociedad española Zed Worldwide, asegura que viene denunciando las «irregularidades en la gestión por parte del presidente y de los administradores» de dicho holding desde junio de 2011. De hecho, cifra en 120 millones de euros el perjuicio causado, por lo que anuncia su intención de ejercer la acusación particular en el procedimiento, que a día de hoy, se mantiene secreto.

Al mismo tiempo, el Grupo Planeta expresa su «convencimiento de que ni el diario LA RAZÓN ni su presidente han cometido ninguna irregularidad» y se muestra dispuesto a ofrecer «toda su colaboración a la Justicia».

La operación llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía –dirigida por el juez García Castellón, sustituto de Eloy Velasco al frente del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, y coordinada por los fiscales Anticorrupción José Grinda y Carlos Yáñez– intenta esclarecer un supuesto fraude de subvenciones al Grupo Zed, dirigido por la familia Pérez Dolset, a través de créditos concedidos por el Gobierno entre 2010 y 2015.

Al igual que hizo el Grupo Planeta en un comunicado, LA RAZÓN niega categóricamente que su presidente, Mauricio Casals, haya tenido alguna intervención en la concesión de esos créditos a favor de Zed, grupo tradicionalmente dedicado al sector de videojuegos (fue el creador del videojuego «Comando») y a la producción de películas de animación como «Planet 51». «Ni LA RAZÓN ni su presidente han participado en ningún tipo de tráfico de influencias o fraude de subvenciones ni directa ni indirectamente». LA RAZÓN está dispuesta a colaborar con la Justicia «en todo momento, como lo hemos hecho siempre».

Requerimiento judicial

De hecho, este diario entregó ayer por la mañana a agentes de la UDEF –que se personaron por la mañana en la sede del periódico por orden judicial– «toda la documentación» que se le requirió desde el Juzgado de Instrucción que ahora dirige García Castellón.

La investigación policial se puso en marcha en agosto del pasado año por parte de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), a la que posteriormente se sumó la propia UDEF ante la existencia de indicios de la comisión de supuestos delitos de índole económica. La supuesta trama, de índole internacional, habría abocado al Grupo Zed a un concurso de acreedores que, según la Fiscalía Anticorrupción, ocasionó un grave perjuicio a los pequeños accionistas.

En la causa se investiga la posible comisión por parte de los administradores del grupo empresarial, en la liquidación del mismo, de los delitos de insolvencia punible, administración desleal, fraude de subvenciones, falsedad documental y coacciones. Entre los detenidos ayer figuran el fundador de Zed Worldwide, Javier Pérez Dolset, y su hermano Ignacio, informa Efe.

Previsiblemente, los detenidos pasarán a disposición judicial ante el magistrado García Castellón y los fiscales de Anticorrupción a partir del próximo sábado.

El pasado 16 de enero, la Policía detuvo en el aeropuerto de Barajas al empresario Peter Wakkie, administrador del holding holandés Zed+, en el que también participa la familia Pérez Dolset, que según informó en su día «El Confidencial» había reclamado que se investigara el supuesto desvío de fondos hacia sociedades opacas en Rusia.

Esta operación contra el fraude de subvenciones es la primera que dirige el magistrado García Castellón desde que el pasado lunes tomó posesión del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, hasta ese momento en manos de Eloy Velasco, y en el que se investigan, entre otros, los casos «Púnica» y «Lezo» (a este último, precisamente, también está adscrito el fiscal Anticorrupción Carlos Yáñez junto a su compañera Carmen García). García Castellón ha regresado a la Audiencia tras 17 años como juez de enlace, primero en Francia y después en Italia.