El juez busca a la «X» de la «trama del 3%»

Casi tres semanas después de la detención, el pasado 21 de octubre, del tesorero de Convergència Democrática de Catalunya (CDC), Andreu Viloca, y del director general de Infraestructures.cat de la Generalitat, Josep Antoni Rosell, por la «trama del 3%», una de las prioridades de la investigación de la Guardia Civil es identificar a los superiores jerárquicos que, supuestamente, daban las órdenes sobre la adjudicaciones de contratos públicos a los empresarios que pagaban comisiones a CatDem, la fundación de CDC. Y es que en la Fiscalía Anticorrupción existe el convencimiento de que Viloca y Rosell no actuaban por su cuenta y que alguien, ya fuese en Convergència o en la propia Generalitat, tenía conocimiento de esa presunta trama y daba las correspondientes instrucciones.

«Estamos seguros de que Viloca no es el que controlaba todo el mecanismo. Lo único que él controlaba era la burocracia de los pagos de los empresarios», aseguran fuentes de la investigación de la «operación Petrus», que dirige el titular del Juzgado número 1 de El Vendrell, Josep Bosch. «Quien le controla y le da órdenes tiene que ser un cargo “potente”, no sabemos aún si del partido o del Govern», añaden. Para avanzar en esa dirección, la investigación de la Guardia Civil y de los fiscales José Grinda y Juan José Rosa tiene aún por delante el análisis de abundante documentación (intervenida por los agentes en los registros de las sedes de CDC y de las siete empresas implicadas en los pagos). Para arrojar luz, entre otras cosas, sobre el modo en que el tesorero de Convergència rendía cuentas de ese presunto cobro de comisiones.

«Se optó por un perfil bajo»

«Es imposible que actuase por su cuenta», insisten esas mismas fuentes, que recuerdan que Viloca pasó a controlar las finanzas de CatDem y de la mismísima CDC después de que la formación de Artur Mas apartase a su predecesor, Daniel Osàcar, por el escándalo del «caso Palau» (una trama con idénticos ingredientes: adjudicaciones a cambio de comisiones y una posible financiación ilegal de la formación nacionalista). «Quien nombra a Viloca para el cargo ya sabe lo que está pasando y por eso se opta por un perfil bajo aposta», aseguran.

El cometido del tesorero de CDC se limitaría, según fuentes del caso, a controlar los pagos de los empresarios y a identificar su procedencia –«participa en ese engranaje de forma mecánica», dicen de forma gráfica–, «pero tiene que haber alguien que le diga a Rosell o a los ayuntamientos a quién hay que adjudicar los contratos. Eso no podía hacerlo Viloca», concluyen.

Hasta el momento, los indicios contra el responsable de las finanzas de Convergència –en prisión por esta causa desde el pasado 22 de octubre– apuntan a tres actuaciones: sus reuniones con empresarios, el conocimiento que tenía de las adjudicaciones y la recepción, como tesorero, de las donaciones/comisiones de los empresarios beneficiarios de adjudicaciones públicas. «El dinero de CatDem fluye a Convergència y eso lo controla Viloca, pero él no tiene por qué reunirse con empresarios ni estar al tanto de las adjudicaciones», aseguran las fuentes consultadas. ¿Por qué, entonces, Viloca disponía de información sobre esas contrataciones? «Porque tiene que saber de quién viene el dinero que recibe CatDem», aunque, recalcan, el tesorero de CDC «no trata con los empresarios el montante de los pagos. Tiene que haber alguien, superior en la jerarquía y que tenga control sobre él y sobre la empresa pública, que remita a los empresarios a Viloca». Un supuesto que al hacer referencia a unas competencias tan amplias apunta, sin nombrarla, a la cúpula de CDC o de la Generalitat. Sean quienes sean esos superiores jerárquicos que, supuestamente, controlaban la trama, a Viloca, aseguran, «le han dejado a los pies de los caballos».

No hay indicios contra Quer

Respecto al director general de Infraestructures.cat (dependiente del departamento de Economía), el planteamiento es el mismo, por lo que la investigación desmenuza las adjudicaciones bajo sospecha para tratar de esclarecer quién por encima en la jerarquía del Govern daba las órdenes a Josep Antoni Rosell o amparaba las supuestas prácticas delictivas.

El presidente de Infraestructures de la Generalitat, Joan Lluís Quer –superior inmediato de Rosell–, ocupaba ese mismo cargo cuando se produjeron las adjudicaciones investigadas, pero, hasta ahora, no existe ningún indicio contra él. Los empleados de Infraestructures.cat que han declarado ante el juez no señalaron a Quer, sino a Rosell, «que era quien se reunía con los empresarios». El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona investiga a Quer tras la querella presentada por Anticorrupción por la presunta adjudicación irregular de contratos de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) a una unión de empresa de la que era gerente.