El juez busca los 6,2 millones del Govern para las estructuras del Estado

El juez autorizó a los agentes a clonar los teléfonos oficiales y particulares de los colaboradores directos de Junqueras.

Una de los objetivos de la operación que realizó el miércoles la Guardia Civil en Barcelona era la determinar a qué gastos concretos destinó la Generalitat las partidas presupuestarias por valor de 6,2 millones de euros que había previsto para el referéndum del 1-O, suspendidas por el Tribunal Constitucional.

Sin embargo, tal y como adelantó LA RAZÓN en su edición de ayer, el objetivo central era la búsqueda de cualquier indicio sobre «actuaciones encaminadas al desarrollo de las estructuras de Estado e independencia de Cataluña», según consta en el auto de entrada y registro de dicha operación, durante la que fueron inspeccionadas diversas dependencias oficiales de la Generalitat y arrestadas 14 personas.

Según han informado a este periódico fuentes de la investigación, los agentes clonaron (copiaron) el contenido de los teléfonos oficiales y particulares de dichas personas, ya que se considera de gran importancia las llamadas y mensajes que se hayan podido realizar durante los preparativos del referéndum.

La operación fue ordenada por el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona. Concretamente, buscaba documentación relacionada con las tres partidas presupuestarias, de 5 millones, 407.450 y 800.000 euros, que fueron aprobadas por el gobierno catalán para la celebración del referéndum y suspendidas por el Constitucional, el pasado mes de junio, después de que el Gobierno las impugnara.

En su auto, el magistrado ordena registrar los despachos particular y profesional de los investigados e inspeccionar «la totalidad de archivos, muebles y habitáculos» existentes en busca de cualquier documentación, en soporte físico o digital, relacionada con «la celebración del referéndum del 1 de octubre y la creación de estructuras de Estado», informa Efe.

El magistrado ordenaba intentar localizar los documentos que puedan estar relacionados con «la contratación con entidades públicas o privadas» para la «planificación, diseño, construcción y puesta en funcionamiento de estructuras de Estado».

«Todo lo que permita conducir al esclarecimiento de los hechos y descubrimiento de todos los autores, colaboradores, participantes o encubridores de todas las actuaciones encaminadas al desarrollo de las estructuras de Estado, la celebración del referéndum para la consecución de la independencia de Cataluña y demás hechos objeto de la presente investigación», agrega.

Según mantiene el magistrado, la operación está justificada «no sólo por la gravedad de los hechos y la plena convicción de la autoría de los mismos, sino que se constata a través del minucioso relato contenido en el atestado» de la Guardia Civil. Con la práctica de los registros, añade el juez, se pretende «localizar y asegurar documentación y efectos» y obtener información de interés para la causa, al tiempo que evitar la «posible destrucción de pruebas» así como la ocultación de «fondos procedentes de la actividad presuntamente delictiva» o de «información que vincule a otras personas con la trama».

El juez autorizaba la adopción de cualquier medida (inclusive la detención), contra todos aquellos que trataren de impedir, obstaculizar y evitar la practica de las diligencias».