El juez investiga si etarras redujeron a la mitad sus penas con documentos falsos

Documentos nacionales de identidad con números correlativos o duplicados, cursos de acceso a la universidad diez años después de matricularse, certificados que brillan por su ausencia... La Audiencia Nacional investigará si 76 presos etarras –entre ellos Iñaki de Juana Chaos, Juan Lorenzo Lasa Michelena «Txikierdi», Domingo Troitiño e Inés del Río– falsificaron documentación para acceder a estudios universitarios que, en algunos casos, les permitieron reducir a la mitad sus condenas.

Con el informe favorable de la Fiscalía, el juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González ha admitido a trámite la denuncia de Covite, la asociación de víctimas del País Vasco, por delitos de terrorismo y uso continuado de documentación falsa.

El magistrado pide ahora al Ministerio de Educación los certificados de Selectividad o de acceso a la universidad para mayores de 25 años de los 76 reclusos o ex reclusos de la banda terrorista (algunos se han apartado públicamente de ETA o ya cumplieron su condena). Asimismo, reclama a la Universidad del País Vasco (UPV) y a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Vergara (Guipúzcoa) que certifiquen cómo accedieron los denunciados a sus centros y las «actas de exámenes de Selectividad» o para mayores de 25 años «firmadas y selladas por el tribunal colegiado».

Informe de la Guardia Civil

Por último, González requiere a la Guardia Civil un informe sobre «la falsedad de las vías de acceso» y sobre la pertenencia al «frente de cárceles» de los 76 reclusos, entre los que también se encuentran Francisco Múgica Garmendia, «Pakito»; Valentín Lasarte; Inmaculada Noble y José Antonio López Ruiz, «Kubati».

Uno de los denunciados es el ahora dirigente de Sortu Joxean Agirre, licenciado en Sociología por la Universidad del País Vasco cuando cumplía condena en la prisión del Puerto de Santa María (Cádiz). Y eso que, según Covite, superó las pruebas de selectividad en 2001, más de diez años después de comenzar sus estudios universitarios en 1988. Para más inri, el DNI que figura en su expediente, denuncia la asociación que preside Consuelo Ordóñez, es falso.

Algo similar sucede con Ramón Aldasoro, condenado a más de cien años de cárcel por diversos atentados tras su extradición por Estados Unidos en diciembre de 1999. Al igual que el dirigente de Sortu, Aldasoro, de 64 años, cursó Selectividad una década después de comenzar sus estudios en la universidad.

Un caso llama especialmente la atención: el del etarra José Ignacio Gaztañaga, excarcelado en marzo de 2012 en aplicación de la «doctrina Parot». Gaztañaga redujo su condena en doce años gracias a la redención de pena por estudios y trabajo. Sin embargo, su expediente adolece, según Covite, de «graves incongruencias en las vías de acceso a la universidad», que en algunos casos ni siquiera figuran.

El elevado número de miembros de ETA que se han acogido a esta práctica supuestamente fraudulenta –muchos han utilizado esos documentos supuestamente falsos para beneficiarse de la derogación de la «doctrina Parot» y ser excarcelados– pone de manifiesto, dice Covite, «que se trata de una estrategia orquestada por la banda terrorista».

Entre los denunciados también se encuentran Imanol Haramburu, cuyo nombramiento como jefe de Negociado de Escuela de Idiomas y Acreditación fue revocado el pasado octubre por la Consejería de Educación del Gobierno navarro tras una denuncia de UPN; Cándido Aspiazu, asesino de Ramón Baglietto, o el sanguinario Iñaki Arakama, «Macario», ex dirigente de ETA, antiguo integrante del «comando Madrid» y que en 2005 se apartó de la disciplina de la banda.