El juez que investiga a Mas avala que la Generalitat dio «instrucciones verbales»

Rechaza que tres responsables de institutos aclaren si recibieron presiones para ceder sus instalaciones el 9-N.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investiga a Artur Mas por desobediencia, Joan Manuel Abril, ha rechazado que declaren en la causa como testigos tres directores de instituto y un coordinador en relación a las supuestas presiones que habrían recibido de la Generalitat para ceder los centros para las votaciones del 9-N pese a la suspensión cautelar de la consulta soberanista acordada días antes por el Tribunal Constitucional (TC). Así consta en un auto fechado el pasado 29 de octubre en el que el instructor se opone a la pretensión de Manos Limpias de que los cuatro testificasen para explicar cómo contactó con ellos el Gobierno autonómico, qué instrucciones recibieron y si fueron objeto de presiones para el acatamiento de las mismas.

El juez del TSJC considera “impertinentes” esos testimonios porque, recuerda, “ya consta en la causa” la forma en que fueron convocados los directores de instituto” (a una reunión celebrada en la sede de los servicios territoriales de Ensenyament de Barcelona-Comarcas) y “cómo se impartieron las instrucciones (verbales) a los directores y el contenido de las mismas”. El magistrado avala así algo que siempre han negado ante el juez tanto las defensas de los tres imputados (además de Mas, la ex vicepresidenta Joana Ortega y la responsable de Educación en funciones Irene Rigau) como Montserrat Llobet, directora territorial de Barcelona-Comarcas, quien convocó esa reunión: que desde la Generalitat se impartiera instrucción alguna sobre el 9-N a los responsables de los centros tras la decisión del TC de suspender la jornada participativa.

En su declaración ante el juez, Llobet -quien se negó a ordenar por escrito la cesión de los centros a los directores que se lo reclamaron- aseguró al juez que no dio instrucciones a los responsables de los institutos e insistió en que sólo pretendía “tranquilizarlos para que no pensasen que tenían que hacer algo que no tenían interés en hacer”.

Joan Manuel Abril también rechaza que declare otro testigo propuesto por Manos Limpias, que según afirma se encargó de repartir a los institutos los ordenadores para la jornada de votación trabajando para una empresa contratada por la Generalitat. Sin embargo, en este caso el juez condiciona su testimonio al resultado de la documentación que solicita a diversas empresas vinculadas al “reparto y mantenimiento” de los ordenadores y a que el interesado acredite “por medio de qué vinculación contractual con la Generalitat o con un tercero llevó a cabo esa prestación de servicios”.