El líder del sindicato Acaip participa en varias sociedades millonarias

Instituciones Penitenciarias investiga una posible falta «muy grave» por incompatibilidad.

A José Luis Pascual Criado, secretario de Asuntos Económicos del sindicato de prisiones Acaip y actual presidente en funciones del mismo (el mayoritario en el sector) parece que se le acumulan los problemas. Tiene abiertos varios frentes. Uno de ellos es la apertura el pasado 18 de octubre de un expediente sancionador por parte de Instituciones Penitenciarias, en el que se investiga la presunta incompatibilidad de su condición de funcionario con el desarrollo de otras actividades en su ámbito privado. Pascual podría carecer de autorización expresa para el ejercicio de otras funciones, según recoge la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. La Secretaría General de este organismo, dependiente del Ministerio del Interior, investiga ahora si esas supuestas incompatibilidades podrían ser constitutivas de una falta muy grave al carecer éste de autorización. De ser así, acarrearían una sanción que va desde los tres años de suspensión de empleo y sueldo hasta la posibilidad de ser apartado definitivamente del servicio.

Pascual Criado llevaría casi una década al frente de puestos de responsabilidad de varias sociedades, asociaciones y agrupaciones que reciben subvenciones públicas y con las que trabajaba durante su etapa como alcalde del municipio salmantino de Trabanca, donde ejerció como primer edil de 1999 a 2011.

La principal es la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) Duero-Douro, creada en marzo de 2009, de la que es máximo responsable y que tiene sede social, justamente, en Trabanca. En teoría, esta organización busca reforzar los programas de cooperación y desarrollo local en territorio portugués y español en los ámbitos de agricultura, ganadería, desarrollo sostenible..., pero podría haber sido un mero instrumento de enriquecimiento personal, tal y como estaría investigando ahora el Juzgado de Instrucción de Vitigudino (Salamanca). Los ingresos de explotación de esta AECT en 2016 ascendían a la desorbitada cifra de 3.124.271 euros. La misma sede social, plaza Egido de Trabanca (sede también del Ayuntamiento), tiene la asociación Vinduero Vindouro, en la que figura como presidente de la misma. Ésta se dedica al comercio al por menor de bebidas en establecimientos especializados, concretamente a «vinos, licores y cervezas», según recoge el Boletín Oficial del Registro Mercantil. La facturación de ésta tampoco es desdeñable y el año pasado rondaron el millón y medio de euros: 1.464.907 euros fueron los ingresos de explotación en 2016.

Idéntico domicilio social tiene Frontera Sostenible, S A, una sociedad cuyo objeto social es la «prestación de servicios relacionados con cualquier tipo de producto relacionado con las empresas donde participa». Y es que aquí aparece como socio único la primera entidad, la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Duero-Douro y como uno de los tres consejeros, José Luis Pascual Criado. Frontera Sostenible tiene, según informes económico-financieros, un riesgo elevado de probabilidad de impago.

Duero Douro vuelve a aparecer como presidente de otra de las cooperativas vinculadas al actual responsable de Acaip, que es EFI Duero Energy SCEL (Sociedad Cooperativa Europea Limitada). De nuevo, la plaza Egido de Trabanca, este pueblo de Salamanca del que pudo valerse para montar una estructura para el cobro de subvenciones que ahora investiga la Justicia, vuelve a ser el domicilio social. Pero esa sociedad nada tiene que ver con los vinos ni la cooperación territorial sino que tiene por actividad el comercio de energía eléctrica.

El expediente incoado por el organismo de Interior sigue su curso y aún no se ha resuelto aunque estaba a la espera de que se cambiaran los instructores del mismo. Desde el entorno de Pascual Criado vinculan la apertura de este expediente a las denuncian que viene haciendo el sindicato Acaip contra la política de Instituciones Penitenciarias y lo achacan a intentos de «acallar y reprimir» la acción sindical en las cárceles. Así, se manifestaron el pasado día 8 de noviembre frente a la sede de Instituciones Penitenciarias, en la calle Alcalá de Madrid, bajo el lema «Nada que nos pare, nadie que nos calle. Por la libertad sindical de prisiones». Denuncian que el expediente está siendo instruido por inspectores que estaban designados por Ángel Yuste, el director general del organismo, con quien Acaip tiene abiertas varias querellas y, por tanto, consideran que no es un proceso garantista.