El Parlament alega que la declaración rupturista sólo es «una aspiración»

Forcadell pide al TC que no se inmiscuya en la resolución para que el «gobierno de los jueces» no suplante al de los diputados.

El Parlament de Cataluña considera que el Tribunal Constitucional (TC) no debería pronunciarse en contra de la resolución que aprobó el pasado 9 de noviembre a pesar de que el texto expresaba, entre otras cosas, el compromiso de impulsar la independencia sin supeditarse al TC. «Este tipo de resoluciones no tiene otro alcance que el de expresar una voluntad, aspiración o deseo de la Cámara, quedando únicamente sujetas a los mecanismos de control previstos en los reglamentos parlamentarios», argumenta el Parlament en el escrito de alegaciones que presentó ayer ante el Alto Tribunal para que no anule la resolución rupturista.

Los servicios jurídicos del Parlament han vuelto a usar argumentos semejantes a los utilizados en 2013, cuando el Gobierno impugnó la «declaración de soberanía». «La resolución se apoya directamente sobre los principios básicos de la democracia y el pluralismo político, y obtiene su legitimación del ejercicio del derecho de participación política de los ciudadanos», alega el Parlament en el escrito firmado por su presidenta, Carme Forcadell, y dos letrados.

Según la institución catalana, una resolución no tiene rango suficiente como para violentar el ordenamiento jurídico. «Carecen de fuerza legal para obligar y tampoco pueden desplazar o anular, por sí mismas, la aplicación del principio de legalidad al que están sujetos el Gobierno y los ciudadanos», subraya el Parlament en su reiterado intento por disminuir el alcance de esta iniciativa.

La mencionada resolución proclamaba lo siguiente: «Este Parlament y el proceso de desconexión democrático no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del TC, a quien considera deslegitimadoy sin competencia».

Pese al evidente desafío, el Parlament considera en su escrito que el Alto Tribunal no debería anular la resolución rupturista, ya que «la Constitución española vigente no prohíbe ni establece límites al debate político, especialmente a aquel que se produce en sede parlamentaria, aun cuando se dé una discrepancia entre el proyecto o idea que se debate y el contenido de la Constitución». «La Constitución ampara el derecho de promover y defender cualquier proyecto político, incluso de los que no coincidan o encajen con los postulados constitucionales vigentes», razona.

En su argumentación también subraya que la declaraciónestá fundamentadA en los programas políticos de las formaciones que «de forma clara y explícita tenían como objetivo político prioritario iniciar el proceso de creación de un estado catalán independiente». Y defiende que las formaciones que la impulsaron han alcanzado «mayoría suficiente para iniciar ese proceso».

Finalmente, advierte de que permitir que el TC intervenga en este tipo de cuestiones sería tanto como admitir la existencia de un control sobre el mismo ejercicio libre de la función parlamentaria de impulso político. Por eso pide al propio TC que «no se extralimite», ya que entraña el riesgo de suplantar el poder de los representantes del pueblo por «el gobierno de los jueces».