El Parlament condiciona las ayudas a los medios a la publicidad del 1-O

La Generalitat exigirá que la Prensa publique las campañas institucionales del referéndum.

Los partidos independentistas quieren garantizarse que la campaña de la Generalitat sobre el referéndum del 1 de octubre llegue a los ciudadanos a través de todos los medios y no sólo de aquellos afines. Para ello, Junts pel Sí y la CUP aprobaron ayer una moción en el Parlament que servirá para condicionar las subvenciones a la publicación de los anuncios de la Generalitat sobre el referéndum.

La iniciativa salió adelante con los votos de Junts pel Sí y de la CUP, así como con la abstención de Catalunya Sí que es Pot. Ciudadanos, PSC y PP votaron en contra al entender que los independentistas tratan de «presionar» a los medios de comunicación de carácter privado. «No hablamos de líneas editoriales, sólo de que dejen espacio», defendió el diputado de la CUP Albert Botran.

La medida aprobada ayer por el Parlament recuerda a uno de los episodios que más polvareda levantó del simulacro de consulta del 9-N. A pocos días de la celebración de aquella jornada, el Govern de Artur Mas exigió a las televisiones y radios privadas que emitieran gratuitamente los anuncios del 9-N. Su argumentación se basaba en que la Ley del Audiovisual de Cataluña establece la obligación a televisiones y radios de «difundir» aquellas comunicaciones que la Generalitat considere «causas justificadas de interés público». Medios del grupo de «La Vanguardia» como «8tv» y «Rac1» no dudaron en dar publicidad a aquella campaña del 9-N. Sin embargo, emisoras como «Onda Cero», «Ser» y «Cope» se negaron a hacerlo.

Después de su negativa, el secretario de Comunicación de la Generalitat, Josep Martí, se dirigió al Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) con el propósito de lograr multas para las mencionadas cadenas. El CAC accedió a pedir explicaciones a todas ellas, pero los expedientes se quedaron en un cajón sin resolver y así evitó el conflicto con la Fiscalía, que, a su vez, investigó al regulador audiovisual de Cataluña.

Lo cierto es que ambos episodios guardan similitudes y, sobre todo, parten de una misma preocupación y es lograr la mayor participación posible para dotar de legitimidad la votación. El Govern sabe que no puede presentar las mismas cifras que en el 9-N porque sería tanto como poner en evidencia que la consulta sólo ha atraído a «los del Sí» y para eso busca penetración en los medios ajenos a su línea política.

El diputado de Junts pel Sí Jordi Cuminal –antiguo director general de Comunicación de la Generalitat con Artur Mas– justificó la medida con el argumento de que las subvenciones son ayudas públicas a los medios y que la publicidad institucional es una vía que permite al Govern comunicarse con la ciudadanía: «Aceptar publicidad institucional no obliga a cambiar la línea editorial de un medio; solo faltaría. Hay que mirarlo como una relación comercial».

la libertad de prensa

Desde Ciudadanos, su portavoz parlamentario, Fernando de Páramo, ironizó con que ya hace tiempo que los medios públicos hablan del referéndum y se refirió, en concreto, a TV3, que «cada día hace campaña por el “9-N bis”». David Pérez (PSC) quiso aplaudir todos aquellos de la moción relacionados con la transparencia, pero lamentó, a continuación, no poderla apoyar todo el texto por unanimidad debido al punto de la publicidad institucional del 1 de octubre, ya que es tanto como «trasladar el conflicto a los medios». El diputado del PP Juan Milián, por su parte, calificó la iniciativa de «grave ataque a la libertad de prensa» porque se quiere «obligar a los medios a publicar lo que dicta el Govern», y alertó de que pone en riesgo el pluralismo y fomenta la propaganda.

Al margen del apartado relacionado con el compromiso de los medios de aceptar «todas las campañas que lleve a cabo el Govern» especificando «las relacionadas con comunicar todo aquello necesario para el buen funcionamiento del referéndum», otros puntos de la moción se aprobaron por una unanimidad, ya que el Parlament pide al Govern que «vele por la máxima transparencia» para facilitar «los datos sobre subvenciones,publicidad institu- cional y suscripciones que reciben los medios de comunicación». A tal efecto, el ejecutivo catalán tendrá que publicar en las memorias de la Comisión Asesora de la Publicidad Institucional «la cantidad que ha recibido cada medios de comunicación en concepto de inserciones de publicidad institucional». Deberá publicar, asimismo, «el número de suscripciones» que cada departamento y empresa pública de la Generalitat mantiene con cada uno de los medios de comunicación.

En el texto también se condicionan las ayudas de la Generalitat a los medios privados a que cumplan una serie de requisitos, como procurar la igualdad de hombres y mujeres, respetar los derechos laborales de los trabajadores o que dispongan de estatuto de redacción o código deontológico.

La moción fue defendida por el diputado de la CUP Albert Botran, que ha destacado que, por importancia económica, actualmente los medios privados reciben más dinero de la publicidad institucional que no de subvenciones o suscripciones.