Freno a la ley del 1-O por temor a la inhabilitación de Forcadell

La Mesa del Parlament pospone la tramitación tras una tensa reunión. Sopesan incluirla en el Pleno del día 6 para evitar el recurso y la anulación por parte del Constitucional.

La acción del Gobierno para frenar el referéndum demostró ayer el efecto que ha surtido. La presión judicial que viene ejerciendo ha atenazado a los dirigentes independentistas en la fase decisiva del «procés», que se han visto obligados a alterar sus planes y decidieron ayer postergar la tramitación de la ley del referéndum. La norma, que entró a registro el pasado 31 de julio, estaba previsto que iniciara su recorrido parlamentario en la reunión de la Mesa del Parlament de ayer, pero la presidenta, Carme Forcadell, finalmente prefirió dejarla para otro momento, argumentando el contexto de «judicialización política» y la situación en la que se encuentran los cinco miembros soberanistas del órgano rector de la Cámara catalana, investigados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por permitir votaciones vinculadas al referéndum ilegal.

Forcadell no quiso dar detalles sobre los pasos que darán a partir de ahora tras este cambio de idea. Si bien, por un lado admitió la «complejidad» que alberga la ley y por otro, planteó la posibilidad de que se incluya en el orden del día de las siguientes reuniones de la Mesa, que tendrán lugar el 22 y 29 de agosto. En todo caso, fuentes del Govern consultadas por este diario explicaron que el objetivo de retrasarlo todo «es reducir el margen de la respuesta del Estado».

Así, las mismas fuentes proyectaron sólo dos escenarios para cursar la norma que dará cobertura legal al referéndum del 1 de octubre: bien admitirla a trámite en las próximas reuniones de la Mesa para que pueda ser votada en el primer Pleno ordinario (6 de septiembre) o bien hacerlo mediante la alteración del orden del día del Pleno. La primera opción entrañaría un recurso inmediato del Gobierno al Tribunal Constitucional (TC), anunciado por el presidente, Mariano Rajoy, y por tanto la ley quedaría suspendida antes de poder ser votada. En cambio, con la segunda, que es la posibilidad que más fuerza ha cobrado estos días, permitiría ahorrarse esta anulación del Alto Tribunal y el texto llegaría sin tachas al 6 de septiembre.

Esta segunda vía se asienta en el artículo 81.3 del reglamento del Parlament, que permite alterar el orden del día del Pleno si así se acuerda, a petición de dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los diputados (Junts pel Sí y la CUP suman mayoría absoluta con 71 diputados de 135). De esta manera, la norma no requeriría haber sido admitida a trámite por la Mesa, ya que el precepto precisa que si «hay un acuerdo explícito por mayoría absoluta», la ley del referéndum se podría incluir sin necesidad de ello, cosa que ocurre con la mayoría independentista en el Parlament.

En cualquier caso, según exlicaron ayer fuentes parlamentarias a este diario, la reunión de la Mesa fue más «tensa» de lo habitual. Y es que los dos miembros no soberanistas, el vicepresidente segundo, José María Espejo-Saavedra, y el secretario segundo, David Pérez, se quejaron de que la ley del referéndum no se incluyera en el orden del día, que es lo natural después de que se haya registrado. Las mismas voces explicaron que «no existe precedente» al respecto y criticaron que se haya avanzado la apertura del periodo de sesiones al 16 de agosto (antes era el 1 de septiembre) cuando el contenido que se abordó se podría haber tratado en cualquier momento del año (además de la ley del referéndum, que absorbió 25 minutos de la reunión, se fijó un protocolo para permitir el acceso de la policía al Parlament y se acordó llevar a los tribunales las incomparecencias en la comisión de la «operación cataluña»). Forcadell, sin embargo, argumentó que no tenía obligación de incluir la iniciativa en el orden del día, aunque reconoció que es lo «habitual».

Finalmente, tras la reunión de la Mesa, sus miembros recibieron personalmente la notificación de un secretario judicial del TSJC, en la que se advierte de que el artículo 135.2 de la reforma del Reglamento del Parlament ha sido suspendido por el TC. Este precepto es el que pretendía regular la tramitación de proposiciones de ley por lectura única –en un debate de un solo día y sin la posibilidad de que la oposición prsente enmiendas–, y estaba pensado para dar luz verde a las leyes de ruptura.