Rajoy se ve «víctima» de una «operación del PSOE» para que declare en la Gürtel

La citación del presidente en el caso que investiga la financiación del partido cayó como una «bomba» en las filas populares.

La decisión del tribunal que juzga la primera época de la trama Gürtel de citar a declarar en calidad de testigo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, fue recibida ayer en Moncloa con «sorpresa» y con mucho malestar. Por dos veces habían sido rechazadas las peticiones en ese sentido, de ahí que Moncloa hablara de «estupefacción», aunque, al mismo tiempo, internamente no habían descartado que esto pudiera suceder en cualquier momento.

El discurso oficial de Moncloa se ajustó al guión que subraya su respeto a las decisiones judiciales, pero acompañado de una severa crítica a una decisión «contradictoria e incohente» y que, a su juicio, responde a una «maniobra política» dirigida por una acusación particular «controlada por el PSOE». La noticia cayó como una «bomba» en el cuartel general de los populares. Y a la contrariedad y enfado del presidente del Gobierno le colocaron argumento algunos de sus colaboradores más próximos. No entienden el cambio de criterio del tribunal después de que hasta ahora los tres jueces siempre habían defendido que la presencia de Rajoy no era pertinente ni útil. Y las declaraciones de los acusados «han coincidido todas en exculpar al presidente y en dejar claro que lo que hizo fue expulsar a quienes pensó que estaban obrando mal en cuanto tuvo sospechas de ello», subrayan en Moncloa.

Desde las filas populares apuntan también que esto es una prueba de la «perversión» que supone la utilización de la figura de la acusación popular «al servicio de un partido», ya que quien ha reclamado por tercera vez el testimonio del presidente «es una acusación partidista del PSOE», en alusión a la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade). Adade insistió y en su último escrito argumentó que era necesario oír en esta vista oral a los máximos responsables del PP, incluido Rajoy, porque no se podía colocar al presidente del Gobierno «en una urna de cristal». En la causa también tendrán que declarar como testigos otros ex primeros espadas del PP como Ángel Acebes, Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja o Francisco Álvarez Cascos. En Moncloa, al calor del malestar de Rajoy con la decisión, dejaban ayer ver su asombro por que se solicite el testimonio del presidente del Gobierno «en un procedimiento donde al PP sólo se le demanda una responsabilidad civil por las campañas de dos pueblos de Madrid», unas campañas «que ni siquiera dirigió Rajoy, sino que fueron dirigidas por Pío García Escudero». Moncloa estudiará la notificación oficial y los argumentos esgrimidos por el tribunal competente, pero oficiosamente anticipan que solicitarán que declare desde su despacho oficial por videoconferencia. «No tiene sentido someter al presidente del Gobierno de España a la pena del telediario», explican. Rajoy está dispuesto a colaborar con la Justicia, pero el PP no quiere la imagen del presidente con todos los acusados de Gürtel sentados detrás de él. Políticamente asumen el desgaste y la presión del ruido mediático que acompañará a esta declaración, pero, a la vez, aseguran que esto no tendrá coste electoral. Rajoy dirá lo mismo que ha dicho hasta ahora, «que él no tenía conocimiento de que existiera ninguna caja B en el partido, y que echó a los acusados del PP». «El presidente no tiene nada que aportar sobre los hechos juzgados». En un comunicado, llamativo por su dureza, y emitido a media tarde, el PP sentenció que «no comparte» la decisión adoptada por la mayoría del tribunal. Porque contradice «claramente» su propia doctrina, de febrero y octubre de 2016. También recordó que el instructor de la causa, Pablo Ruz, rechazó en su día el testimonio solicitado por la misma acusación popular «por adivinarse en la motivación un interés ilegítimo y de carácter extraprocesal». Argumentos «refrendados por el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado». «Significamos el carácter absolutamente excepcional de la admisión de una prueba testifical solicitada por la acusación popular contra el criterio de la Fiscalía». Y, por último, cargan contra la acusación popular por hacer uso de «alegaciones falsas» y atribuir a Rajoy funciones que no corresponden a sus cargos. «Su declaración es una muestra del procedimiento mediático que la acusación popular de Adade pretende seguir, un abuso de derecho de una petición con clara intencionalidad política». Será el primer presidente en activo que tendrá que testificar ante un tribunal.