El PP denuncia financiación irregular de Cs en Murcia

La formación naranja consideró las presuntas ilegalidades como un «error administrativo» por inexperiencia.

El grupo municipal de Ciudadanos en la localidad murciana de Lorca utiliza, según el Partido Popular, el mismo sistema que la Plataforma por las Garantías Ciudadanas ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción, firmada por el abogado madrileño Alberto Ganga Ruipérez, en la que se cuestiona la legalidad de la financiación de la formación naranja por utilizar las asignaciones de los grupos municipales y autonómicos para financiar las actividades organizadas por los dirigentes nacionales. Concretamente podría vulnerar la Ley de Financiación de Partidos y la de Bases de Régimen Local.

Lorca se sumaría así a los casos conocidos de supuesta financiación irregular de Ciudadanos en las Comunidades de Madrid, Murcia, La Rioja,Valencia o País Vasco. Hechos que los dirigentes de Cs han calificado públicamente de «error administrativo» por falta de experiencia.

La forma de actuar en Lorca es la misma que la denunciada por la Plataforma. El Ayuntamiento ingresa en una cuenta de una sucursal del Banco Popular en Madrid, la 0446, cuyos apoderados son Carlos Cuadrado, responsable de finanzas de Cs y el secretario general, José Manuel Villegas, la subvención destinada a los gastos de funcionamiento. Posteriormente el partido le devuelve otra cantidad, con una reducción del 30 por ciento sobre el total. De esta forma, los 961,35 euros que la corporación lorquina ingresa cada mes en la cuenta de la entidad madrileña, se convierten unos días después en 672 que desde la capital se transfiere a una cuenta de la misma entidad bancaria en Lorca. Tanto el abogado firmante de la denuncia como la portavoz de la Plataforma, Inmaculada Sánchez, confirmaron a LA RAZÓN la coincidencia en la forma de actuar.

Hasta el momento no se conoce el destino del dinero «perdido» en el camino, aunque tras las denuncias, el partido liderado por Albert Rivera redactó un documento encabezado por Cuadrado, que ellos denominaron «Acuerdo marco» que debían firmar todos los grupos parlamentarios y municipales, mediante el cual, el prestatario se compromete a «abonar los gastos correspondientes a la puesta a disposición de los servicios facilitados por el prestador». Es decir, deben pagar por asesoramiento. Lo que el abogado Alberto Ganga denomina un contrato de prestación de servicios cuyas transcripciones económicas deben tener reflejo en el impuesto de sociedades y girarse la factura correspondiente a los trabajos realizados, los cuales han de ser acreditados con anterioridad.

Precisamente, la obligatoriedad de firmar este «Acuerdo» impuesto desde la dirección de Ciudadanos, fue la punta del iceberg del litigio. Numerosos cargos públicos de la formación comenzaron a desconfiar de la estrategia de financiación diseñada a nivel nacional. Por ello, el portavoz del Grupo Municipal de Lorca, Antonio Meca, pidió al interventor de la Corporación, el 27 de abril de 2016 que «interrumpiera provisionalmente» las transferencias de la asignación económica «ante las dudas» del sistema establecido por su partido. El 24 de mayo de ese mismo año Meca vuelve a escribir al responsable de la intervención municipal para que de nuevo utilice el sistema habitual después de que se «aclararan las dudas».

Este no es el único caso que se ha producido en la Región de Murcia. El Grupo Parlamentario de Ciudadanos facturó los gastos del acto central de la campaña a las generales celebrado en Cartagena y el de la presentación de los candidatos en precampaña. En aquel momento el partido destituyó al delegado territorial en Murcia, Mario Gómez, por pagar de forma irregular facturas de la campaña electoral a través del Grupo parlamentario y no a través del partido. Gómez no abandonó su cargo de concejal en Murcia.

En la cuenta que el Grupo Municipal de Ciudadanos tiene en el Banco Popular de Lorca también aparecen facturas que resultan al menos «sospechosas» para los populares. Se trata de pagos realizados con motivo del encargo de actividades que parecen propias de una campaña electora, como actos de partido, vídeos o programas de información que pueden haberse utilizado con motivo de las elecciones generales de diciembre de 2015.