El PP pedirá al TC que paralice la comisión sobre sus cuentas

Génova lleva un escrito de reconsideración a la Mesa del Congreso, paso previo a formalizar su recurso de amparo ante el Constitucional.

El PP mantiene en alto las espadas para intentar que se reconsideren los términos en los que la oposición ha planteado la fiscalización en el Congreso de su financiación. La primera batalla la perdieron porque el partido de Albert Rivera, socio preferente del PP, volvió a votar con PSOE y Podemos para rechazar el recurso por el que solicitaban un informe jurídico que delimitase el objeto, la fecha temporal y el ámbito material de la comisión. Pero aunque los trabajos arrancan ya este lunes, jornada en la que está citado a declarar el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, la dirección popular no cede en sus demandas, que dice que están avaladas por precedentes sobre cómo se han gestionado otras comisiones de investigación. De momento, han presentado un escrito de reconsideración a la Mesa del Congreso, paso previo al recurso de amparo al Tribunal Constitucional (TC). Y ahí es donde acabará resolviéndose la batalla del PP contra la oposición, con un recurso ante el TC en el que Génova solicitará incluso la paralización «con carácter preventivo» de los trabajos parlamentarios sobre sus cuentas.

Cuando se dirigieron por primera vez a la Mesa del Congreso ya anunciaron que estaban dispuestos a explorar otros instrumentos a su alcance, sin concretar hasta dónde. Una vez tomada la decisión, antes tiene que resolver la Mesa de la Cámara el recurso de reconsideración, por lo que esta semana es difícil que pueda dar tiempo a que se sustancie la impugnación ante el TC.

No obstante, que los trabajos parlamentarios arranquen no anula el margen para que el PP se dirija al Constitucional con el argumento de que la comisión es «ilegal» si no se clarifica el ámbito territorial y temporal y el objeto de la investigación.

Argumentan que lo que la oposición pretende es abrir una «causa general» contra ellos, como denunció el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo. Y en su defensa se apoyan en decisiones anteriores de los tribunales, como la de anular la comisión de investigación de la deuda del Ayuntamiento de Madrid, impulsada por Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos, por no tener un objeto concreto sino genérico, vetado a este tipo de comisiones no permanentes.

Los populares defienden que la investigación sobre su presunta financiación ilegal se ciña a la Administración General del Estado y en el ámbito temporal a la presente legislatura o, en todo caso, a 2015, que es cuando se tipifica en el Código Penal el delito de financiación ilegal. En su primer escrito, y en esa línea insisten, acusan a los demás grupos de poner en marcha un procedimiento «sumarísimo» y montar un «juicio paralelo». Pero la oposición en bloque rechazó aceptar estas alegaciones porque consideran que lo que pretenden es que no se salden responsabilidades políticas por los casos Bárcenas, Gürtel o Púnica.

Para que este asunto no llegara al Constitucional el PP necesitaría que Ciudadanos le apoyase en el órgano de gobierno de la Cámara. Pero el partido de Rivera ha sentenciado la posibilidad de que haya margen de acercamiento en esta materia. La oposición, principalmente los representantes de la nueva política y el PSOE, pelean por apropiarse de la bandera de la regeneración, y en medio está el PP, que tiene todas las de perder sin mayoría absoluta y con los frentes judiciales que se le mantienen vivos. Le queda la baza de la comisión de financiación en el Senado, donde con su mayoría absoluta obligará a los demás partidos a fiscalizar también su financiación, citando para ello incluso a sus líderes.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cerrará previsiblemente la comisión del Congreso. Pero antes habrá que ver cómo se resuelven las citaciones de investigados en procedimientos judiciales y que pueden acogerse a su derecho de no declarar por no romper su estrategia de defensa. Esto limita absolutamente que los trabajos de la comisión vayan más allá en el esclarecimiento de los hechos de lo que ahora mismo están juzgando los tribunales. Pero la oposición sí está convencida de que sí servirán para desgastar a Rajoy y al PP.