Jordi Pujol Jr., al juez: «¿Me quedo el pasaporte o se lo tengo que dar?»

La Fiscalía pide a De la Mata que prohíba salir de España a «Junior», que se negó a identificar al gestor de sus cuentas en Andorra.

«¿Me lo quedo o se lo tengo que dar?». Jordi Pujol Ferrusola se permitió ayer un chascarrillo cuando el juez, tras concluir su declaración, le entregó el pasaporte con el que se había identificado en su comparecencia voluntaria como imputado en la Audiencia Nacional, que se prolongó durante tres horas y media. Y es que minutos antes los fiscales de Anticorrupción Belén Suárez y Fernando Bermejo habían solicitado al magistrado José de la Mata que retirara el pasaporte al primogénito de los Pujol y le prohibiese salir de España, una petición sobre la que el juez se pronunciará, previsiblemente, hoy mismo. Es la primera vez que la Fiscalía solicita la adopción de una medida cautelar restrictiva de la libertad personal contra un miembro de la familia Pujol, que tiene a sus nueve integrantes investigados, sobre todo por delito fiscal y blanqueo. Hasta ahora, esas medidas se habían limitado al bloqueo de cuentas bancarias, pese a que UPyD, que ejercía la acusación popular, ya solicitó sin éxito su ingreso en prisión o, al menos, que se le retirara el pasaporte.

Anticorrupción justificó la necesidad de adoptar la medida cautelar en que Jordi Pujol Jr. está siendo investigado por delito fiscal, blanqueo, falsedad y por su posible pertenencia a una organización criminal (de la que también formarían parte los testaferros utilizados por el primogénito) dedicada a blanquear los ingresos familiares supuestamente provenientes del pago de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas, extremo éste que todos los empresarios investigados han negado al juez . La Fiscalía también reprochó al investigado –que como su padre no aportó documentación alguna– su falta de colaboración con la Justicia (pese a haber comparecido a petición propia), al negarse a facilitar la identidad del gestor de sus cuentas en Andorra. Ésta fue, precisamente, una de las tres únicas preguntas que efectuaron los dos fiscales al hijo mayor del ex presidente de la Generalitat.

Su abogado, Cristóbal Martell, mostró su sorpresa por la solicitud de adopción de medidas cautelares –lo que obligó al juez a celebrar la preceptiva «vistilla»–, que calificó de «desproporcionadas» e «innecesarias». El letrado negó que exista riesgo de fuga y recordó que su cliente compareció ayer de forma voluntaria y que ya quiso entregar su pasaporte el pasado diciembre a la titular del Juzgado de Barcelona que investigaba el origen de la fortuna familiar antes de inhibirse en favor de la Audiencia Nacional.

«Junior», al que De la Mata fundamentalmente inquirió en relación al origen de la fortuna familiar oculta en el extranjero –que gestionó desde principios de los años 90 (Pujol Ferrusola ya declaró en relación al cobro de comisiones ante el juez Pablo Ruz en septiembre de 2014)–, cerró filas con su padre y ratificó que procedía de un legado de su abuelo Florenci. Él, insistió, se limitó a invertir esos 140 millones lo mejor que supo, en «láminas financieras» y depósitos a plazo fijo, repartiendo entre su madre, Marta Ferrusola, y sus hermanos los dividendos que producían. Su padre, recalcó, se mantenía al margen de esas gestiones.

Preguntado por su abogado, negó rotundamente que haya cobrado comisiones a cambio de adjudicaciones de la Generalitat o de ayuntamientos gobernados por CiU e hizo hincapié en que las únicas comisiones que ha cobrado han sido de carácter inmobiliario, por la búsqueda de inversores o de oportunidades de negocio.

Pujol Ferrusola dejó claro que no iba a entrar en detalles sobre sus cuentas bancarias con un escueto: «Hablo de conceptos, no de cantidades». Pese a todo, la insistencia de juez De la Mata (que se mostró muy «incisivo» según fuentes presentes en la declaración) terminó por agotar la paciencia del primogénito de los Pujol, quien habría afirmado sentirse «indefenso» ante la batería de preguntas del instructor en relación a sus cuentas bancarias.

«Junior» se negó expresamente a contestar en relación a los movimientos registrados a partir de 2007, dado que a partir de ese año no se le investiga por delitos de corrupción y las autoridades andorranas ya advirtieron de que la información facilitada sólo se podía utilizar en la medida en que las posibles irregularidades fiscales estuviesen vinculadas a delitos de esa índole.