El PSOE contrató a falsos discapacitados y «tutelados» con 24 años

Muchos de los beneficiados se incluyeron en «industria manufacturera», pese a que ésta no existe en Melilla.

La presunta «trama» urdida desde las más altas esferas del PSOE de Melilla y de Coalición por Melilla (CPM), cuyo líder, Mustafá Aberchán, aspira a presidir el Gobierno de la ciudad autónoma, en la que se ofrecía un puesto de trabajo a cambio de votar a la candidatura conjunta que presentaron en las elecciones generales de marzo de 2008, vio cómo su «promesa» se cumplía tras la elaboración del programa de empleo que puso en marca poco después la Delegación del Gobierno, al frente de la cual se encontraba Gregorio Escobar, actual secretario general de los socialistas melillenses, para quien el fiscal solicita nueve años de cárcel por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y asociación ilícita.

Una vez que los votantes por correo «cumplieron» su parte de ir a la sede del PSOE o de CPM para allí realizar los trámites necesarios, gran parte de los mismos vieron cómo, efectivamente, sus nombres aparecían en las listas de los incluidos en la oferta de empleo, pese a que en no pocos casos no cumplían los requisitos exigidos ni estaban en los grupos a los que iban destinados estos trabajos. Lo cierto es que, según refleja la Fiscalía en su escrito de acusación, el 25 por ciento de los beneficiarios en la adjudicación de los puestos de trabajo estaban en las listas de quienes acudieron a las sedes de esos dos partidos políticos para votar la candidatura en cuestión.

La asignación de esos puestos se realizó de dos formas distintas. En primer lugar, existió una «contratación genérica», en la que se marcaba como criterio de preferencia «absoluta» el ser parado de larga duración. Sin embargo, destaca el fiscal, «de los múltiples casos que se han analizado se puede comprobar cómo no se cumple» ese criterio, que venía recogido en la Orden Ministerial donde se aprobaba el citado plan de empleo. Así, por ejemplo, hubo casos donde contrató a personas que habían solicitado trabajo en el INEM en el mismo año 2008 o pocos meses antes, sin que se hubiese acreditado la experiencia laboral con la que se justificara una «mayor adecuación al puesto de trabajo» ni tampoco cargas familiares. Además, hubo más de 130 contratados para «peón ordinario», en la que los contratados no presentaron «ningún de acreditación académica o laboral, y en la mayoría de los casos tampoco acreditan tener cargas familiares», ya que en la oferta recogía, precisamente, que no era necesario aportar ninguno de esos requisitos.

Pero no quedaba todo ahí, pues, según señala la Fiscalía, en las adjudicaciones de empleo no se siguieron los criterios establecidos en las órdenes ministeriales que regulaban las ofertas de empleo, ni tampoco el criterio de antigüedad. Además, se han detectado, añade el Ministerio Público, «numerosas irregularidades a la hora de la selección de las personas que debían ser contratados». Así, existió una «falta de transparencia en la selección, al no publicarse los códigos de ocupación, así como los puestos de trabajo que se ofertaban para cada código», de tal forma que «si una persona conocía dichos códigos ocupacionales, por tener información privilegiada, y se inscribía en los mismos, tenía preferencia sobre otra que aun teniendo más antigüedad en la demanda de empleo, no estaba inscrita» en esos códigos.

Esto dio lugar a circunstancias tan «curiosas y extrañas» que numerosos ciudadanos demandantes de empleo se inscribieran en un código ocupacional de «peón de industria manufacturera», cuando en Melilla «no existía tal industria y aun cuando finalmente eran contratados para ejercer otras labores». De hecho, hubo un «gran número de personas» que fueron contratadas como «peones de limpieza, ordinario o de otro tipo» cuando se habían inscrito en la búsqueda de «peones de la industria manufacturera».

La segunda modalidad de contratación era «directa» realizada desde la Delegación del Gobierno. Esto ocurrió con el Plan de Empleo de 2008, mediante el cual fueron contratadas 1.356 personas, de las que 481 lo fueron con este sistema. De estas 281 personas, al menos 76 no cumplían los «requisitos mínimos establecidos» para aquellos integrantes de grupos de exclusión social, y en otros 120 casos «no se ha podido comprobar de forma fehaciente que cumplieran los requisitos, por falta de documentación» que lo acredite.

De esta forma, hay algún caso de contratación de «jóvenes menores de 30 años», en los que el beneficiario superaba esa edad; o el caso contrario, es decir, contratado dentro del grupo «mayores de 45 años con cargas familiares» cuando el beneficiario «sólo tenía 35 años». Otro de los adjudicatarios fue contratado en la partida de «jóvenes tutelados por la CAM», cuando, en realidad, tenía ya más de 24 años. También se aprovecharon de las plazas destinadas a personas con discapacidad para, presuntamente, adjudicarlas de forma irregular, al menos en seis supuestos, en los que no se acreditó «que dichas personas cumplieran con los requisitos de contratación, al no padecer minusvalía alguna».