El PSOE podrá expulsar a los díscolos que rompan la disciplina de voto

El Comité Federal tiene potestad para echarlos del grupo parlamentario y abrirles expediente.

«Ni se ha planteado ni me lo planteo». Esta es la respuesta que el presidente de la gestora, Javier Fernández, dio a los periodistas cuando le preguntaron sobre la posibilidad de dar a los diputados socialistas libertad de voto en la investidura de Mariano Rajoy. La posición que finalmente adopte el PSOE es el germen del conflicto interno que ha tensionado al partido hasta la ruptura el pasado fin de semana. Las posiciones están muy polarizadas y enconadas y se presume muy complicado que quienes han enarbolado hasta ahora la negativa a Rajoy se adhieran a la abstención sin oponer resistencia. Además, en el debate del sentido del voto socialista trasciende la lucha de poder entre los sanchistas y los críticos, y quienes apoyan al ex secretario general no están dispuestos a ceder. Aunque el presidente de la gestora mostró ayer su «absoluta confianza en que los diputados responderán a lo que ha sido siempre la cultura política de los socialistas y de su Grupo Parlamentario», lo cierto es que varios de ellos han dejado ya patente su nula intención de abstenerse.

La corriente díscola comenzaría por el propio Pedro Sánchez, que, según su entorno, «por dignidad» no puede moverse del «no» al PP que defendió hasta su final como líder del PSOE. A él se suman su grupo de acólitos, miembros de la depuesta dirección federal como César Luena, Adriana Lastra, María González Veracruz o Susana Sumelzo. La diputada por Zaragoza clamó ayer abiertamente por no sólo no abstenerse, sino desobedecer las directrices que marque el Comité Federal, el órgano del partido que debe fijar la posición del PSOE en la investidura. «Pedimos el voto a los ciudadanos para cambiar las políticas del PP, no para facilitar un gobierno del PP», defendió ante los medios en el Debate Sobre el estado de la Comunidad, donde también aseguró que hay «varios compañeros» que comparten su posición. Además de los citados, también los parlamentarios del PSC estarían dispuestos a mantener el «no» hasta las «últimas consecuencias».

Pero ¿cuáles serían esas últimas consecuencias? Además de la pertinente multa por romper la disciplina de voto, que podría llegar a los 600 euros, a nivel interno los estatutos del PSOE también recogen medidas coercitivas que implicarían incluso la expulsión. El artículo 78 reza que «en todos los casos, las personas miembros del Grupo Parlamentario Federal están sujetas a la unidad de actuación y disciplina de voto. Si no la respetasen, el Grupo Parlamentario y la Comisión Ejecutiva Federal podrían denunciar su conducta al Comité Federal. Si la actuación originada por esa persona del Grupo se estimase grave por el Comité Federal, éste tendría facultades para proceder a darle de baja en el Grupo Parlamentario, procediendo a incoar el correspondiente expediente, que será tramitado por la Comisión Federal de Ética y Garantías para que dicte las resoluciones a adoptar».

Aunque la expulsión esté prevista por la normativa del PSOE, se antoja una decisión un tanto extrema en un contexto en el que la formación busca sanar las heridas y frenar la división. Sin embargo, la oposición interna de los «sanchistas» dentro del grupo, y que sólo se resolvería en unas nuevas elecciones con unas nuevas listas, podría aplacarse si se utilizara esta medida coercitiva contra quienes rompan la disciplina de voto. Quienes no quieran defender la abstención de viva voz, tienen la opción de no acudir al pleno. Una actuación que produce los mismos efectos en la práctica.