Rajoy pacta con las CC AA frenar los «privilegios» de Cataluña

Rajoy y las comunidades acuerdan impulsar el nuevo modelo de financiación «con o sin Cataluña», refuerzan la cooperación y esquivan la reforma de la Constitución

La Conferencia de Presidentes sirvió ayer para dar un impulso a los principios de cooperación y colaboración entre Gobierno central y comunidades autónomas. A pesar de que el Gobierno de Rajoy está en minoría en el reparto del poder territorial, los trabajos preparatorios de la reunión, impulsados desde Vicepresidencia, sirvieron para que la foto de familia quedase coronada por el espíritu de la negociación y del consenso. Más de seis horas y media de debate a puerta cerrada que concluyeron en más de una decena de acuerdos.

Es verdad que en la mayoría de los casos ayer se puso la música, y que en grupos de trabajo que empezarán a activarse en los próximos meses se medirá si las partes implicadas son capaces de colocar una misma letra. Pero, de momento, ayer echó a andar una etapa de construcción «conjunta» y de refuerzo de la cooperación entre Gobierno central y autonomías, que dejó más en evidencia la ausencia de la Generalitat catalana. También estuvo vacía la silla del lendakari, Íñigo Urkullu, dentro de su estrategia de reivindicar una singularidad y un trato específico. Pero con la diferencia de que en lo sustancial de la agenda de la Conferencia, la financiación, Cataluña está directamente afectada por las decisiones que se adopten, y el País Vasco puede mantenerse al margen porque vive de su sistema particular de concierto.

De hecho, de todos los acuerdos alcanzados, el más significativo es el pacto que se solemnizó entre el Ejecutivo y las comunidades para no aceptar imposiciones, privilegios fiscales ni exigencias de bilateralidad en la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica, que se activará oficialmente en un mes. Para entonces quedará constituido un grupo de expertos, con representación de todas las comunidades, para definir un nuevo sistema que, en principio, debería quedar aprobado en este año. Esta negociación, según ratificó Rajoy al término de la cumbre, se pondrá en marcha y se desarrollará con independencia de que en ella participe o no la Generalitat. Rajoy incidió en tender la mano al Gobierno de Puigdemont para que se sume a los grupos de trabajo puestos en marcha en esta Conferencia. «Es una invitación abierta y permanente, a cambio de nada, no hay reproches por nada», subrayó. La invitación a hablar «va a estar siempre» encima de la mesa, y «la puerta estará siempre abierta» para que el Gobierno catalán se incorpore cuando quiera. «Sería bueno que participasen en estos debates, que son de gran importancia». Pero, al mismo tiempo, Rajoy, en nombre del Gobierno y del resto de comunidades autónomas, también explicó que aunque está dispuesto a hablar de manera bilateral con la Generalitat, como hace con otros Gobiernos autonómicos, sin embargo eso no implica que vaya a aceptar llegar a acuerdos al margen del marco multilateral en el que se va discutir la nueva financiación. «Una cosa es hablar y otra que haya decisiones para unos y para otros. El modelo de financiación hay que hablarlo entre todos. No caben imposiciones. Lo que tienen que hacer es incorporarse a los grupos de trabajo. No pierden nada y pueden ayudar a construir», concluyó el presidente del Gobierno. Que en todo momento intentó evitar, al mismo tiempo, el choque con la Generalitat, y optó por mostrarse confiado en que se impondrá el sentido común y se sumarán a estas negociaciones.

Pero también advirtió de que este debate debe ajustarse a un escenario económico en el que desde 2007 hasta ahora la recaudación ha caído en más de 20.000 millones de euros. Por demanda de algunas comunidades, como Andalucía, de la reunión salió, además, el acuerdo de constituir un grupo de trabajo para estudiar la armonización fiscal.

Ante los «barones» autonómicos Rajoy insistió en la necesidad de mantener el esfuerzo de consolidación fiscal y de continuar con las reformas de los últimos años para garantizar el crecimiento y la creación de empleo. En su conjunto, la Conferencia rubricó entre líneas la idea de que al margen del órdago independentista el Estado autonómico va a seguir funcionando y tomando decisiones que afectan a todos los españoles, también a los catalanes, en problemas tan sensibles como la financiación de la Educación, de la Sanidad y de la Dependencia. Frente a la violencia de género o para mejorar la coordinación en materia de protección civil o para afrontar el problema del envejecimiento de la población. No hubo debate sobre la reforma de la Constitución y la del Senado se emplazó a la comisión abierta en esa Cámara.