El Senado limitará las funciones del Parlament

Rajoy y Sánchez barajan si relevar a toda la Generalitat y nombrar un «ministro para Cataluña» o sólo suspender a Puigdemont, a Junqueras y al consejero de Interior. No se disolverá la Cámara catalana hasta convocar elecciones.

El sábado el Consejo de Ministros aprobará las medidas necesarias para restaurar «la legalidad» en Cataluña. Un camino inédito, que produce vértigo en el Gobierno y en el PSOE, pero sobre el que las dos partes acordaron ayer seguir avanzando, sin precipitar los plazos, después de la negativa del presidente catalán, Carles Puigdemont, a atender el requerimiento que le instaba a restituir el orden constitucional alterado. La última oportunidad de Puigdemont para que aclarase si había declarado o no la independencia la zanjó con una carta sostenida en el chantaje de que si se activaba el artículo 155 de la Carta Magna levantaría la suspensión de lo que no votó el Parlamento catalán, pero sí se oficializó en el patio de la Cámara autonómica. Es decir, que ahora sí impulsaría de manera oficial una declaración unilateral de independencia.

Ni Mariano Rajoy ni Pedro Sánchez querían llegar a este escenario, pero ya sólo una convocatoria electoral por parte de Puigdemont, que pueda ajustarse a la legalidad vigente, frenaría lo que el sábado pasará el visto bueno del Consejo de Ministros, antes de ser remitido al Senado. La negociación entre el Ejecutivo y el principal partido de la oposición se sostiene en el objetivo de que la intervención sea lo más breve posible y limitada en las competencias que se tocan del autogobierno. Para las dos partes es prioritario tomar las riendas en materia de seguridad y aumentar aún más la vigilancia sobre la Hacienda catalana. En estas últimas horas está en debate si la suspensión en sus funciones del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemot, y del vicepresidente, Oriol Junqueras, así como del consejero de Interior, se extiende a todo el Gobierno autonómico por respaldar el proyecto independentista o sólo a las consejerías intervenidas. Gobierno y PSOE están revisando al milímetro cada duda técnica para que «la cirujía sea de precisión y eficiente». Han debatido sobre cómo conseguir que el Senado asuma las funciones de control del nuevo poder de transición, que en teoría corresponderían al Parlamento autonómico. No se disolverá por la aplicación del artículo 155, sino por la convocatoria electoral. Pero igual que ocurre en el Congreso, incluso disuelto tiene su órgano de control al poder ejecutivo, con mayoría independentista. Su capacidad legislativa deberá ajustarse al marco constitucional. Y las elecciones no podrán celebrarse antes de que acabe el año porque los plazos que fija la ley no lo permiten.

Otro elemento en estudio es si las áreas intervenidas se dejan en manos de técnicos, y bajo la autoridad de la figura de un «ministro para Cataluña». Fuentes socialistas sostienen que es una de las ideas sobre las que se está trabajando, y este cargo tendría como función coordinar la gestión hasta que se celebren unas nuevas elecciones. La Ley de Seguridad Nacional está descartada.

El Ejecutivo y el PSOE mantienen una interlocución muy fluida desde hace días, y ayer mismo la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se reunió en Moncloa con la ex ministra Carmen Calvo, actual secretaria de Igualdad y doctora en Derecho Constitucional, para analizar la situación de extrema gravedad que se abre a partir de ahora. Ciudadanos (Cs) es quien más ha presionado para que se aplique esta prerrogativa constitucional, pero, sin embargo, la muleta en la que se está apoyado Rajoy es el PSOE de Pedro Sánchez. Hay más trabajo conjunto y confianza, dentro de un esquema en el que el Gobierno también habla con el partido de Albert Rivera y cuenta con sus votos en el Senado para sacar adelante la intervención en Cataluña. Ésta se aprobará en la Cámara Alta en un Pleno celebrado el 30 y 31 de octubre.

Gobierno y PSOE comparten la preocupación por adentrarse en un territorio por explorar, y esto explica que los plazos se hayan dilatado todo lo posible. Pero ante el momento crucial, en el que el Estado se somete a su gran examen, Rajoy mantiene el apoyo del PSOE y de Cs para restablecer la legalidad constitucional y estatutaria y poner fin a una etapa de «deslealtad e insinceridad» por parte de la Generalitat. Y lo que es casi tan importante como esto, el presidente del Gobierno volverá hoy de la cumbre de la UE, que se ha celebrado durante los dos últimos días en Bruselas, con un mensaje de apoyo de los mandatarios europeos a la unidad nacional. Un gesto previsible, pero muy importante porque llega justo cuando tiene que recortar la autonomía de Cataluña con la «proporción necesaria para garantizar que la toma en teoría del control implica también que tiene capacidad para hacer que sus decisiones sean efectivas». «De nada sirve tener allí a Policías y a Guardias Civiles, ni tomar ninguna otra decisión, si no tenemos el mando real sobre la policía autonómica, por ejemplo», describen. El Gobierno justificó ayer la puesta en marcha del 155 en la necesidad de «proteger el interés general de los españoles, entre ellos los ciudadanos de Cataluña, y restaurar el orden constitucional en la comunidad autónoma». Y para ello garantizó que utilizará «todos los medios» a su alcance para hacer valer «cuanto antes» la legalidad.