El sistema de pensiones catalán registra un agujero de 4.692 millones en caso de independencia

Los datos oficiales desmienten a la Generalitat y auguran un déficit aún mayor pese a las millonarias transferencias que realiza el Estado

Lejos de lo que pregona la Generalitat de Cataluña, la hipotética desconexión de España por parte de esta comunidad causaría estragos en sus arcas públicas en materia de pensiones. Según las cifras oficiales que maneja el Estado, a las que ha tenido acceso LA RAZÓN, el saldo de 2016 del sistema de la Seguridad Social en Cataluña, que entre las prestaciones más importantes engloba pensiones, incapacidad temporal, maternidad, paternidad y riesgos por embarazo y prestaciones familiares por hijo a cargo, fue deficitario.

En concreto, la cifra negativa ascendió a -3.818.38 millones de euros. La justificación viene de las propias estadísticas oficiales. De acuerdo con ellas, la aportación de Cataluña sobre el total de cotizaciones sociales el pasado año fue muy similar a la participación de su PIB sobre el total de España (19,4% vs 19%), mientras que el gasto en pensiones en las cuatro provincias catalanas sobre el total de gasto de esa prestación en España es superior a su participación en el PIB (25,4% vs 19%).

Estos datos desmienten así que exista una aportación sobredimensionada de los trabajadores de Cataluña a los del resto del territorio español, como sostuvo la Generalitat el pasado 13 de septiembre, en un polémico informe sobre los fondos de la Seguridad Social en Cataluña. El déficit contabilizado en 2016 es incluso mayor, aumentando hasta los 4.692,55 millones de euros, si se deducen las transferencias que el Estado aporta a la Seguridad Social para el pago de las prestaciones no contributivas y los complementos por mínimos de las pensiones. Esta presentación se asemejaría más a su situación en una hipótesis de secesión, según las cifras oficiales.

Dicho déficit equivale al 2,3% de su PIB, un porcentaje superior a lo que supone el déficit de la Seguridad Social sobre el PIB español, que es del 1,7%. Esto desmontaría de nuevo las tesis de la Generalitat sobre el peso que juegan las aportaciones de esta comunidad en las pensiones del conjunto del sistema.

La situación, con todo, no tendería a mejorar con una hipotética secesión, sino más bien todo lo contrario. La proyección de saldo financiero de Cataluña en el periodo comprendido entre 2017 y 2021 permite vaticinar un progresivo empeoramiento del déficit hasta alcanzar la cifra de 4.564,95 millones de euros, en caso de mantenerse el estatus actual, que se eleva a 5.506,20 millones de euros sin contar con las transferencias que realiza el Estado para las prestaciones no contributivas y los complementos por mínimos de las pensiones.

Proyecciones

Las proyecciones se han formulado bajo la previsión de que tal secesión no se produciría. Si esto ocurriese, dichas condiciones no se mantendrían en muchas variables, al producirse una incidencia negativa en fundamentos macroeconómicos tales como el Producto Interior Bruto (PIB) y el empleo, las principales variables con intensa incidencia en la sostenibilidad de las pensiones.

La independencia de Cataluña acarrearía, por ejemplo, graves consecuencias sobre la venta de bienes y servicios producidos en Cataluña, derivada de su obligada salida de la Unión Europea. De hecho, sólo el impacto dela disminución de sus exportaciones al resto de España implicaría un descenso de como mínimo el 5% de su PIB, y el impacto sobre el empleo estaría cerca del doble de este porcentaje, según los cálculos más conservadores. Así, la pérdida de más de un cuarto de millón de trabajadores ocupados reduciría su recaudación por cotizaciones y la base tributaria, lo que incidiría muy negativamente sobre los ingresos.

Este descenso profundizaría a su vez el importante déficit de partida de la Seguridad Social. De cumplirse este escenario, obtenido con previsiones conservadoras, empeorarían significativamente el esfuerzo en relación al PIB que debería realizar la comunidad autónoma de Cataluña para equilibrar el sistema como suma de los menores ingresos y las mayores prestaciones por desempleo que debería asumir.