Chaves y Griñán, al Supremo tras el 22-M

El Alto Tribunal les cita a declarar como imputados en abril por el fraude millonario de las ayudas para el empleo, junto a los ex consejeros de la Junta de Andalucía Zarrías, Moreno y Viera.

Los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, sus ex consejeros de Presidencia, Gaspar Zarrías y María del Mar Moreno, y el ex consejero de Empleo José Antonio Viera ya tienen cita en el Tribunal Supremo para declarar ante el magistrado Alberto Jorge Barreiro por el uso fraudulento de dinero público destinado a empresas que estaban sometidas a Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Todos ellos acudirán, como no podía ser de otra forma, en calidad de imputados, que es la única prevista una vez que el Alto Tribunal admite a trámite una querella contra algún aforado, pese a que las citaciones se produzcan a petición de los propios afectados. Las comparecencias se producirán entre el 7 y el 14 de abril, una vez pasadas las elecciones andaluzas, fijadas para el 22 de marzo, tal y como adelantó en exclusiva LA RAZÓN el pasado 29 de enero.

La jueza Mercedes Alaya cifró este fraude en 855 millones, en un período comprendido entre 2002 y 2012. El instructor no alude a ningún delito concreto en la citación como imputados, pero hay que recordar que la Sala Segunda del Supremo, en el auto donde admitía la competencia para investigar estos hechos, sí señalaba que los hechos relatados por la jueza Alaya, «sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la investigación, pudieran ser constitutivos de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos».

El primero en acudir al Tribunal Supremo será el ex responsable de Empleo de la Junta y actual diputado José Antonio Viera y, apenas dos días después, será Gaspar Zarrías, también miembro de la Cámara Baja y considerado el «hombre fuerte» de Chaves en el Ejecutivo andaluz. La semana siguiente tocará el turno de Chaves y Griñán, los días 14 y 16 de abril, respectivamente. A todos ellos los cita el instructor de la causa, el magistrado Alberto Jorge Barreiro, en calidad de imputados en esta causa, «en relación con los actos realizados en el desempeño de sus funciones« y «con motivo de la concesión de la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas económicas a diferentes empresas» de Andalucía que estaban sometidos a ERE, «así como las prestadas a personas físicas», en relación con las indemnizaciones concedidas a «intrusos» en esas empresas. En el caso de Griñán, su citación se extiende a los actos que realizó tanto cuando ocupaba la presidencia de la Junta, en sustitución de Chaves, como cuando era consejero de Hacienda.

Por otro lado, el instructor ha pedido a los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que amplíen su informe sobre el contenido del presentado por los catedráticos Juan Zornoza y Miguel Angel Martínez Lago, a instancias de Griñán, en el que se cuestiona las tesis de los peritos judiciales de la IGAE.

Además, requiere a esos peritos que informen sobre los temas que se trataban en la Comisión General de Viceconsejeros, a las que el ex consejero Antonio Fernández se refería con el nombre de «consejillos», y en concreto sobre las «modificaciones presupuestarias, a los planes anuales de controles financieros, al anteproyecto de presupuestos confeccionado con la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas económicas sociolaborales y ayudas económicas directas» a empresas afectadas de ERE y personas físicas, los mencionados «intrusos».

Además, pide a la Junta que aporte los documentos firmados por las personas competentes en las Consejerías de Empleo e Innovación, Ciencia y Empresa, que eran remitidos a la Dirección General de Presupuestos dependiente de Economía «con las propuestas de anteproyecto de presupuestos de cada uno de los años comprendidos «en el periodo 2000-2012, ambos inclusive».

Igualmente, requiere al Ejecutivo de Susana Díaz para que facilite al Supremo los documentos firmados por la persona que ejercía en el Instituto de Fomento de Andalucía-Instituto de Desarrollo Empresarial de Andalucía las competencias presupuestarias relacionadas con la remisión al órgano gestor de la Consejería de Empleo hasta 2004, y al órgano gestor de la Consejería de Innovación, a partir del año siguiente, entre 2000 y 2012.