El Supremo no dejará a Puigdemont ir a la investidura si regresa

Junqueras y Sánchez piden de nuevo al Supremo, con escasas posibilidades de éxito, permiso para asistir a la sesión del Parlament.

Si Carles Puigdemont optase por regresar sorpresivamente a España –una posibilidad que fuentes de su entorno y de los cuatro ex consellers que continúan en Bruselas niegan categóricamente–, el Tribunal Supremo (TS) no le daría autorización para asistir a la sesión de investidura del nuevo president, que se celebrará como muy tarde el próximo día 31. Fuentes consultadas por LA RAZÓN tachan de «esperpento» que el juez Pablo Llarena o la Sala de lo Penal del Alto Tribunal diesen su visto bueno a la asistencia de Puigdemont al Pleno, escoltado por la Guardia Civil, «después de más de dos meses fugado».

Aunque existe el precedente del etarra Juan Carlos Yoldi –a quien se permitió salir de prisión para asistir a la sesión de investidura del lendakari, como candidato de HB que era, en febrero de 1987–, en esa ocasión, apuntan esas mismas fuentes, no había riesgo de reiteración delictiva. Ahora, sin embargo, no existen garantías de que su traslado no provoque –tal y como alertó el mismo juez Pablo Llarena respecto a Junqueras– movilizaciones ciudadanas que puedan derivar en actos violentos. En este caso, añaden, el riesgo de reiteración delictiva prima sobre el derecho al ejercicio de la participación política.

Lo cierto es que el contundente auto del juez Pablo Llarena rechazando la autorización de permisos de los diputados electos en prisión para poder asistir al Parlament no ha desanimado a Oriol Junqueras y al líder soberanista Jordi Sánchez. Pese a que el magistrado que investiga por rebelión a los principales responsables del proceso independentista ya dejó claro en su resolución del pasado día 12 que ambos afrontan (al igual que el ex conseller Joaquim Forn) una «incapacidad legal prolongada» por su estancia en la cárcel, dejando en manos de la Mesa de la Cámara la posibilidad de que puedan ejercer el voto por delegación, tanto el ex vicepresident como Sánchez han vuelto a reclamar al Tribunal Supremo (TS) que les deje asistir a la sesión de investidura.

Y lo han hecho, no obstante, por distintos cauces: mientras el abogado del ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Pina, ha remitido su petición al propio Llarena (que aún tiene pendiente de resolver su solicitud de libertad y la de Forn), según confirmaron fuentes jurídicas, la defensa de Junqueras se dirige a la instancia superior al instructor, al recurrir la negativa de Llarena en apelación ante la Sala Penal del Tribunal Supremo.

Pero, según las fuentes consultadas, ninguna de esas peticiones tienen visos de prosperar. La de Sánchez, porque se produce apenas unos días después de que Llarena dejase en manos de la Mesa la posibilidad de permitir el voto delegado de los tres diputados electos en la cárcel (como así sucedió el pasado miércoles en la sesión constitutiva del Parlament) ante una previsible estancia «prolongada» en prisión. La de Junqueras, argumentan, porque consideran que el auto del juez «es impecable» y la nueva petición de Junqueras no rebate los motivos que llevaron a Llarena a rechazar los permisos para acudir a las sesiones de la Cámara.

«Sería una auténtica insensatez. Para eso le pones en libertad», aseguran, al tiempo que hacen hincapié en el hecho de que Junqueras no se mostró convincente –en la vista celebrada el pasado día 4 ante la Sala de lo Penal del TS para decidir sobre su libertad– sobre su renuncia a defender la independencia a través de las vías legales y sin conminar a la población a ignorar las resoluciones judiciales.

La vista, en el aire

Tras el nuevo recurso de Junqueras, será la Sala de lo Penal la que decida si celebra una nueva vista para escuchar los argumentos de su defensa y, en su caso, al propio ex vicepresidente de la Generalitat. En este supuesto, al no reclamar su libertad sino el traslado a una cárcel catalana y el permiso para asistir a la investidura, fuentes jurídicas consideran más improbable que se convoque esa vista «que no añade ni quita nada al ser una cuestión más técnica». Incluso consideran algo excepcional que Junqueras pudiese tomar la palabra ante la Sala en la vista del pasado día 4. «En un recurso de apelación no existe el derecho a la última palabra porque no se practica prueba», afirman.

En su recurso, el abogado del líder de ERC, Andreu Van den Eynde, niega que –como sostiene el magistrado– si Junqueras sale de la cárcel pueda producirse un «grave enfrentamiento ciudadano». «Si una movilización popular no permite cercenar los derechos políticos de alguien en libertad provisional, a quien se puede apoyar públicamente de forma masiva (en referencia a los ex consellers ya excarcelados), no tendría que hacerlo tampoco para alguien en prisión provisional».

Además, el letrado se queja de que la negativa de Llarena provoca una «distorsión de la institución parlamentaria» porque, reitera, el diputado «es insustituible».