El Supremo imputa por rebelión a Mas, Rovira y Gabriel y la Fiscalía pide que se incluya a Trapero

El juez Llarena amplía también la investigación por el «procés» a Marta Pascal, Mireia Boya y a la presidenta de la AMI. El Ministerio Público quiere que todos los ex consellers que están en España comparezcan en el Alto Tribunal.

El Tribunal Supremo también investigará por rebelión a la secretaria general de ERC, Marta Rovira; a la presidenta del grupo parlamentario de la CUP, Mireia Boya; a su portavoz, Anna Gabriel; al presidente del PDeCAT, Artur Mas; a su coordinadora general, Marta Pascaly a la presidenta de la Asociación de Municipios para la Independencia (AMI),Neus Lloveras. En un auto notificado hoy, el juez Pablo Llarena, instructor de la macrocausa contra los impulsores del “procés”, comunica a los seis la existencia del procedimiento, así como las sospechas que sobre ellos se ciernen para que designen abogado que les represente y garantizar así sus derechos.

Pero puede que no sean los únicos. La Fiscalía del Alto Tribunal ha solicitado al instructor que incluya en la nómina de investigados al ex mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero (imputado por sedición en la Audiencia Nacional), y al número dos de Oriol Junqueras en la Consejería de Economía, Josep Maria Jové, encargado de la logística del 1-O. Su incorporación a la macrocausa, dice el Ministerio Público, es “absolutamente inexcusable” por su “participación en el núcleo central” de los hechos investigados y su “aporte material muy significativo” al proceso soberanista.

Además,la Fiscalía quiere que todos los ex consellers que se encuentran en España y que ya declararon ante la Audiencia Nacional, vuelvan a hacerlo ante el juez Llarena. En su escrito pide también al instructor que reclame a los Mossos un informe sobre los motivos que sustentaron la entrega de teléfonos móviles a las patrullas desplegadas en los colegios electorales el 1-O y la razón por la que “no se emplearon los canales habitualmente utilizados” para esas comunicaciones con los superiores.

En la resolución en la que amplía el número de investigados, Llarena explica que las diligencias que hasta ahora se han practicado muestran que los hechos que se investigan se han podido desarrollar “bajo la dirección y coordinación” de un conjunto de personas entre los que se encontrarían los presidentes y portavoces de los grupos parlamentarios independentistas del disuelto Parlamento de Cataluña, así como los presidentes y secretarios generales de los partidos políticos independentistas y la presidenta de la AMI. Unas sospechas fundamentadas no sólo en su pertenencia al comité estratégico encargado de llevar adelante los planes secesionistas, según el documento EnfoCats -la hoja de ruta soberanista intervenida a Jové-, sino también en su participación en algunas de las reuniones que supuestamente sirvieron para “idear y pergeñar el proceso de ruptura que se investiga”.

El juez añade que todos estos nuevos investigados parecen haber tenido una participación principal y destacada en la hoja de ruta separatista, “aportando el apoyo político que precisaron la actuación parlamentaria y la actuación de ejecución que llevaron este proceso a término”, tal y como detalla la Guardia Civil en su último informe.