1-O: Sexto apercibimiento del TC a los líderes del «procés»

El Constitucional admite por unanimidad el recurso presentado por el Gobierno, prohíbe al Parlament la tramitación exprés del referendum y avisa a Forcadell y a la Mesa de la suspensión de la reforma del reglamento.

Tras una reunión de menos de una hora y por unanimidad, el Tribunal Constitucional (TC) resolvió ayer admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado el pasado viernes por el Gobierno de Mariano Rajoy contra la reforma exprés del reglamento del Parlamento de Cataluña, una reforma con la que los integrantes del frente secesionista pretendían aprobar, por la vía de urgencia, la ley del referéndum del primero de octubre y el resto de legislación con la que Junts pel Sí y la CUP quieren articular la «desconexión» de Cataluña del resto de España. La decisión del Constitucional supone de manera automática la suspensión de la reforma parlamentaria durante los cinco meses que dispone el TC para pronunciarse definitivamente sobre el asunto. Tanto la Generalitat como el Parlament tienen un plazo de 15 días para presentar alegaciones.

La resolución del Constitucional incluye, tal y como pidió la Abogacía del Estado, que se notifique personalmente a Carme Forcadell y al resto de miembros de la Mesa del Parlamento catalán que tienen el deber de «impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada». La providencia especifica que deben abstenerse de iniciar, calificar o introducir en el orden del día cualquier iniciativa legislativa por la vía de «lectura única», un proceso que acorta los tiempos de manera dramática y que impide a los partidos minoritarios introducir enmiendas. Finalmente, la resolución apercibe a los miembros de la Mesa de «las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en la que pudieran incurrir en caso de incumplir dicho requerimiento». Este apercibimiento se extiende, además de a los miembros de la Mesa del Parlament, al secretario general del mismo, Xavier Muro, y al letrado mayor, Antoni Bayona.

Con el ordenado ayer por el TC son ya seis los apercibimientos que han recibido los líderes del proceso separatista sobre las posibles consecuencias legales que puede tener forzar el normal funcionamiento de las instituciones para lograr el soñado fin de la independencia.

El último fue en abril, después de que el Constitucional tumbara la partida presupuestaria para el 1-O. El anterior fue el del 21 de febrero de este mismo año, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña –que se encarga de realizar esta tarea poniendo en práctica lo dispuesto por el Constitucional– advirtió al Govern de su obligación de cumplir la decisión del TC que anuló la resolución del Parlament sobre la convocatoria de un referéndum de autodeterminación. El anterior tuvo lugar el 21 de diciembre de 2016, cuando dos secretarios del TSJC se personaron en el Parlament y, en un despacho habilitado por la Cámara a tal efecto, fueron informando de cuatro en cuatro a los miembros del Govern de su obligación de cumplir las resoluciones del TC en lo que atañe al proceso de «desconexión». Puigdemont y Junqueras firmaron delante de las cámaras y compartieron con un punto de orgullo en redes sociales el documento con sus rúbricas. El momento no dejó de tener su trascendencia jurídica, ya que los responsables de la consulta del 9-N se escudaron en que no habían sido apercibidos formalmente de las resoluciones del Constitucional.

Ante las preguntas de los medios de comunicación al respecto, Junts pel Sí y la CUP no dejaron claro cuál será el próximo paso si, como finalmente ha sucedido, el TC suspendiera la reforma del reglamento del Parlament y, por tanto, el procedimiento de «lectura única». «No responderemos a cosas que de momento no han pasado» dijo la portavoz de Junts pel Sí Marta Rovira por la mañana en Barcelona.

Al mismo tiempo pero en Madrid, el Partido Popular catalán y Ciudadanos presentaban ante el Constitucional un recurso de amparo contra la reforma del reglamento del Parlament. Estas dos formaciones políticas elegían por tanto un procedimiento distinto al del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy el pasado viernes después de que el Consejo de Estado emitiera un dictamen por unanimidad en el que se aseguraba que existen fundamentos jurídicos para recurrir al vulnerarse los derechos de las minorías políticas, tal y como estos vienen estipulados en el artículo 23.2 de la Carta Magna.

Éste fue también uno de los argumentos esgrimidos ayer mismo por Andrea Levy , vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, y la diputada catalana de Ciudadanos Lorena Roldán, poco después de presentar el recurso de amparo ante la sede del Constitucional en Madrid. De hecho, Levy y Roldán afirmaron sin ambages que el bloque secesionista persigue la «destrucción del orden constitucional» con esta reforma del reglamento de la Cámara legislativa catalana. Levy fue más allá y aseguró que Junts pel Sí y la CUP está decidida a «amordazar» a la oposición en Cataluña. «No puede imponerse la voluntad de unos cuantos y situarse Cataluña en una democracia de extrarradio en la que aquellos que no son osados por incumplir la ley son premiados», dijo en concreto. Con las actuaciones del president Puigdemont y de sus socios secesionistas, siempre según Levy, «se están desprestigiando las instituciones catalanas, la calidad democrática, las libertades y los derechos de todos».

Por su parte, la diputada de Cs explicó que han presentado este recurso porque se están «vulnerando» los derechos de los diputados del Parlamento con esta reforma «mordaza» que «pretende silenciar a la oposición». De hecho, recordó que «la oposición suma más votos que JxSí y que la CUP juntos». Roldán dijo que «hacen trampas, cambiando las reglas del juego a mitad de partido porque es un partido que van perdiendo y lo saben» y pidió al Govern «que reconozca su fracaso». Además, reclamó elecciones autonómicas con «urnas de verdad para tener una presidenta como Inés Arrimadas que no esté obsesionada, como el señor Puigdemont, en sacarnos de España y de la Unión Europea».