22-D: El Supremo apunta a Anna Gabriel en la macrocausa del «procés»

Como adelantó LA RAZÓN, la investigación por rebelión del Supremo se ampliará tras el 21-D a otros integrantes del «comité estratégico». La nómina de nuevos investigados rondará la media docena y se incluye a Anna Gabriel (CUP) y Marta Rovira (ERC).

La «macrocausa» contra los principales impulsores del «procés» que instruye el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena sumará más investigados después de la jornada electoral del próximo 21-D. Fuentes de la investigación aseguraron a LA RAZÓN que el número de imputados, en la actualidad 22 –de los cuales cuatro, Oriol Junqueras entre ellos, continúan en prisión y otros cinco, con Carles Puigdemont a la cabeza, están refugiados en Bélgica– se incrementará con la previsible citación de otros integrantes del «comité estratégico» encargado de pilotar la independencia cuya participación en la hoja de ruta soberanista se considera relevante. Una lista en la que sitúan a las ex portavoces parlamentarias de la CUP y ERC, Anna Gabriel y Marta Rovira, respectivamente, y a los que eran lugartenientes de Junqueras en la Consejería de Economía Jordi Jové y Josep Lluís Salvadó. En todo caso, la decisión (como suele ser habitual) no se tomará durante la campaña electoral para no interferir en su desarrollo, apuntan esas mismas fuentes. En total, la nómina de nuevos investigados rondará la media docena, afirman, al tiempo que dan por hecho el archivo de las actuaciones respecto al ex miembro de la Mesa del Parlament por Catalunya Sí que es Pot Joan Josep Nuet.

«Si tomas declaración al comité estratégico tienes que tomársela a todos», aseguran esas mismas fuentes. Y respecto al papel de la CUP no parecen tener muchas dudas. «Está claro que han sido ellos los que han empujado el “procés”», añaden. De hecho, la Guardia Civil ya está perfilando el papel que cada uno de los miembros del comité estratégico jugó durante el desafío soberanistas, lo que permitirá al juez Llarena –de oficio o a instancias de la Fiscalía y de la acusación popular que ejerce VOX– apuntalar esas citaciones después de los comicios.

De ese comité estratégico incluido en la hoja de ruta soberanista –el documento EnfoCATS, incautado en el despacho de Jove en la Consejería de Economía el pasado 20 de septiembre– formaban parte tanto Puigdemont y Junqueras como los presidentes de las asociaciones soberanistas ANC y Òmnium Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, todos ellos en prisión preventiva a excepción del huido ex president. Pero no eran los únicos, pues en el citado organismo –cuya misión era «orientar y dirigir estratégicamente» el plan soberanista «alineando a todos los actores implicados»– también estaban integrados, entre otros, los presidentes y portavoces de los grupos parlamentarios independentistas y los presidentes y vicepresidentes tanto de ANC y Òmnium como de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI). Y ahí surgen los nombres de Mireia Boya (ex presidenta del grupo parlamentario de la CUP) o el de Neus Lloveras, al frente de la AMI, la principal agrupación de municipios independentistas.

En todo caso, matizan las fuentes consultadas, resultará determinante para las hipotéticas imputaciones la «capacidad decisoria» que todos ellos tuvieron en la ejecución del plan independentista; en definitiva, su relevancia en el engranaje encargado de definir los objetivos en pos de la «misión esencial»: lograr la independencia de Cataluña.

Rovira, cabeza de cartel de ERC, seguirá aforada tras el 21-D (ahora lo está por su condición de miembro de la Diputación Permanente del Parlament), lo que no plantearía ningún obstáculo para que sea el Supremo el que la investigue. En el caso de Gabriel, que no está en la lista de la CUP, pese a no estar aforada se sumaría a la lista de imputados invocando que el papel de todos los puntales del «procés» debe ser investigado de forma conjunta por el carácter «inescindible» de los hechos.

Un argumento que serviría también, llegado el caso, para asumir la investigación a Jové y Salvadó, imputados en la causa en la que el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, indaga desde hace meses en los preparativos del 1-O. Jové se encargó de la logística del referéndum ilegal y Salvadó tenía la misión de poner los cimientos de la Agencia Tributaria catalana que financiase la Cataluña independiente.