El TSJC obliga a cerrar todos los locales públicos y colegios el 1-O

La Físcalía insta a la Policía a que custodie las urnas que guardan los ayuntamientos.

Si es que había alguna ranura judicial por donde colar el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre, las últimas instrucciones judiciales se encargaron ayer de sellarlas definitivamente con el propósito de parapetar la actuación policial de este domingo. Y no sólo eso. La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Mercedes Armas, a cargo de las investigaciones del Govern por ignorar la suspensión de la ley del referéndum, tomó ayer las riendas de todo ello tras constatar que la Generalitat ha ignorado reiteradas decisiones judiciales tales como el cierre de webs.

A consecuencia de esta «clara inobservancia», el TSJC ordenó ayer a todas las fuerzas de seguridad (Mossos, Guardia Civil, Policía Nacional y Policías Locales) que impidan el uso de todos los locales públicos para la celebración del 1-O. La magistrada ordena a todos los cuerpos impedir la apertura, así como requisar todo el material relacionado con el referéndum.

Coordinación policial

De las instrucciones del TSJC también sobresale una orientación muy clara dirigida a todos los cuerpos de seguridad y es la de «actuar conjuntamente» y la de «prestarse auxilio y apoyo en todo momento» para dar un cumplimiento «estricto» de las órdenes dadas. De esta manera, el TSJC cerró la puerta a que la Generalitat actúe a su conveniencia durante el domingo o, en todo caso, a hacerlo sin el amparo de paraguas legal alguno.

Este auto se dictó horas después de una orden del fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, también relacionado con abortar la votación ilegal. El fiscal, en este caso, dirigió una orden a las policías locales para protegery evitar que sean utilizados los materiales pertenecientes a la Administración General del Estado depositados en los ayuntamientos, en alusión, sobre todo, a las urnas que se utilizan en los distintos procesos electorales (municipales, autonómicos y generales).

Según informaron a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto, la Fiscalía garantiza de esta manera que dichas urnas no se usen en referéndum ilegal del domingo. En aquellos ayuntamientos que, por su tamaño, no haya policía local, serán los Mossos D’Esquadra los que se ocupen de estabalecer estas garantías.

Por otra parte, en la reunión celebrada ayer por Romero de Tejada con los jefes de la Guardia Civil, Policía Nacional, Mossos D’Esquadra y policías locales, a la que asistió el el coordinador del dispositivo policial del 1-O, el coronel Diego Pérez de los Cobos, quedó claro que el precinto y las medidas para que los puntos de votación no sean utilizados corresponde preferentemente a los Mossos.

Sin embargo, dado su elevado número (unos 2.300 en el conjunto de Cataluña) y las circunstancias que se puedan originar en cualquier momento, la Fiscalía ordenó a la Guardia Civil y a la Policía Nacional que colaboren con los Mossos d’Esquadra, si así se les solicita, para precintar los centros de votación; mantener dicho precinto y evitar que se generen problemas de orden público. Todo ello deberá abordarse, con seguridad, en la reunión de la Junta de Seguridad convocada por sorpresa por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Quizá sea la última ocasión para rebajar la tensión.