El Gobierno cree que el bloqueo del centro de telecomunicación de la Generalitat supone la anulación del 1-O

El bloqueo de las instalaciones del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat supone “un golpe asestado a la organización del referéndum ilegal”, según el Gobierno. Además, la Guardia Civil ha neutralizado el “call center” destinado a dar apoyo técnico al referéndum,

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, considera que el bloqueo de las instalaciones del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat por la Guardia Civil supone “un golpe asestado a la organización del referéndum ilegal” y su anulación por el Estado de Derecho

Méndez de Vigo, en declaraciones en el Palacio de La Moncloa, ha subrayado que el Ejecutivo está siguiendo con detalle los acontecimientos en Cataluña la víspera del 1 de octubre y que la actuación de hoy de la Guardia Civil es un paso más para evitar las aspiraciones de los independentistas.

A todas la carencias de legalidad de esta consulta, Méndez de Vigo ha sumado hoy el hecho de que, a diferencia de las 35 consultas electorales que ha habido en Cataluña desde 1977, en la teórica jornada de reflexión estén haciendo campaña a favor del referéndum diversos dirigentes independentistas.

Respecto a la intervención en el CTTI, el ministro ha explicado que de esta forma se ha evitado que se pueda utilizar el voto telemático o el recuento de los votos.

Ha precisado que esta intervención, como ha asegurado que ocurre con todas las que se están llevado a cabo, se ha realizado en el marco de estricto de la ley y por orden judicial.

“Con esta actuación queda de relieve algo que venimos diciendo hace mucho tiempo, que este referéndum ilegal convocado por la Generalitat, ya ha sido anulado por el Estado de derecho”, ha recalcado.

Además, la Guardia Civil ha neutralizado también en Barcelona el “call center” destinado a dar apoyo técnico al referéndum, al localizar y dejar sin servicio una sala que iba a ser usada para gestionar datos electorales en la votación prevista para mañana.

Según el Ministerio de Interior, los agentes del instituto armado han logrado neutralizar esta sala, que también estaba destinada a manejar información tras la supuesta celebración del referéndum independentista convocado para mañana por el gobierno catalán.

Méndez de Vigo ha recordado que la consulta no tiene ningún apoyo internacional, ni Sindicatura Electoral, ni papeletas oficiales, ni censo, ni constitución de las mesas.

Por tanto, ha asegurado que el Gobierno afronta la jornada de mañana con “serenidad y tranquilidad”.

Respecto a las concentraciones que se están sucediendo hoy en diversos ayuntamientos de todo el país en contra del referéndum y en favor de la unidad de España, el portavoz del Gobierno ha dicho que el Ejecutivo respeta siempre la libertad de expresión, reunión y manifestación de todos.

“España es una democracia madura, avanzada y la gente expresa sus sentimientos, preocupaciones, deseos y anhelos”, ha añadido.

En estos momentos, una docena de agentes de la Guardia Civil continúa en el CTTI para comprobar que se cumple el requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de bloquear y suspender servicios informáticos susceptibles de ser utilizados este 1-O.

A lo largo de la mañana de este sábado han entrado tres vehículos sin rotular con agentes de la Guardia Civil para llevar a cabo las tareas de verificación y de valoración de los sistemas informáticos.

El auto de la magistrada Mercedes Armas requiere al CTTI que suspenda el servicio de 29 servicios informáticos que pueden servir para la celebración del referéndum y al Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (Cesicat) detectar los “puntos de votación electrónica en los diferentes colegios electorales definidos por la organización del referéndum, así como otros dispositivos susceptibles de recibir comunicaciones referentes a dicha convocatoria”.

El auto de la magistrada Mercedes Armas requiere al CTTI que suspenda el servicio de 29 servicios informáticos que pueden servir para la celebración del referéndum.

También requiere al Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (Cesicat) detectar los "puntos de votación electrónica en los diferentes colegios electorales definidos por la organización del referéndum, así como otros dispositivos susceptibles de recibir comunicaciones referentes a dicha convocatoria".

La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investiga a Puigdemont y sus consejeros por el referéndum ilegal de mañana dio ayer el golpe de gracia al «plan B» de la Generalitat para sortear el cierre de colegios y seguir adelante con el 1-O. Mercedes Armas ordenó ayer al Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (CTTI) de la Generalitat la suspensión de 29 aplicaciones impulsadas, burlando de nuevo las resoluciones judiciales, por el Ejecutivo de Puigdemont para facilitar el voto telemático el 1-O. La instructora tomó la decisión tras ser alertada por la Guardia Civil de Cataluña «de la creación de unas aplicaciones y servicios informáticos a partir de los cuales podría facilitarse la votación telemática».

A última hora de ayer agentes de la Benemérita ya se presentaron en la sede del Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (CTTI) para entregar la notificación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ordena no desarrollar el voto telemático. La medida estará en vigor hasta la medianoche del próximo miércoles, ante la posibilidad de que esas aplicaciones informáticas se utilicen también para el «recuento o escrutinio de los votos».

En su resolución, la juez desvela que Puigdemont y su Govern tenían «un plan por el que a través de una aplicación, conocida como evot se podrían contabilizar los votos en los colegios electorales» a través de ese voto online. Además, añade, la plataforma utilizada para ejercer ese voto sería la red Macro Land de la Generalitat. Este plan se le incautó al jefe de riesgos del Cesicat, el organismo encargado de garantizar la protección en materia de seguridad de la Generalitat, por lo que para la magistrada «es clara la vinculación que su creación y desarrollo» tiene con el Ejecutivo de Puigdemont.

De hecho, esas 29 aplicaciones «pertenecen a distintos departamentos» del Gobierno catalán. A saber: Gobernación (16), Trabajo (9) y Presidencia, Enseñanza, Justicia, Vicepresidencia y Asuntos Exteriores (con una cada uno).

La magistrada del TSJC apunta además a nuevos indicios de la comisión de un delito de malversación de caudales públicos, castigado con penas de prisión, por parte de los querellados en relación «a un necesario y previsible gasto o desembolso económico cuya gestión también se hace necesario averiguar».

La jueza del TSJ de Cataluña requiere al Cesicat para que adopten las medidas necesarias para «la detección de puntos de votación electrónica en los diferentes colegios electorales» y advierte al responsable del CTTI de su deber de colaborar «bajo apercibimiento de cometer un delito de desobediencia». Además, le obliga a darle cumplida cuenta de las medidas adoptadas.

Y es que los investigadores ya trabajaban desde hace tiempo para evitar cualquier intento de montar una consulta «on line», tal y como adelantó LA RAZÓN en su edición del lunes. A los agentes les llamó la atención que una web que ha permanecido inactiva durante años, idecatmobil.cat, que ya estaba siendo controlada por la Benemérita, se haya revitalizado desde el 8 de septiembre. Se trata de una dirección en la que los ciudadanos pueden obtener la certificación digital para hacer gestiones con la Generalitat y otras instituciones oficiales, como ayuntamientos. Y también votar.

En el caso de idecatmobil.cat, los investigadores subrayan que aunque en estos momentos no están en marcha procedimientos recaudatorios o de otro tipo para la población en general, se ha reactivado con la recomendación de que los ciudadanos obtengan la certificación digital que, por ejemplo, les serviría para acreditar su voto «on line» el domingo si se habilita algún servidor en el extranjero. Sería una forma de «acreditar» –ya que para obtener el certificado hay que reflejar todos los datos, incluido el DNI–, el mayor número de votos afirmativos, que serían presentados como la única opción que le ha quedado a la Generalitat ante las dificultades que la Justicia ha puesto para poder emitir los sufragios por el sistema tradicional.

Y es que sobre idecatmobil.cat no pueden actuar las Fuerzas de Seguridad, ya que se trata de un dispositivo al que, en principio, no se puede relacionar con el referéndum, por más sospechas que se puedan tener al respecto. Tampoco se puede investigar el número de personas que han solicitado el certificado digital, porque supondría vulnerar la legislación vigente sobre el derecho a la intimidad de los ciudadanos.

«Si se confirma que detrás de todo esto está el intento de organizar un voto online, sería una perversión del Estado de Derecho. Habrá que esperar para ver lo que ocurre y, si es así, ejercitar las acciones oportunas», señalaron fuentes de la investigación.

Todo el proceso estaría basado en una aplicación que aparece en la web de la Generalitat –idecatmobil–, un mecanismo de identificación y firma electrónica destinado a la ciudadanía basado en el «envío de claves de un solo uso al teléfono móvil». Antes, es preciso registrar los datos de contacto en el servidor de la oficina electrónica del Govern, algo que habrán tenido que hacer con tiempo los interesados en votar este domingo. Una vez obtenidas las claves ya hay vía libre para optar por el «sí» o el «no» a la ruptura con España.

Según Pablo Burgueño, CLO (jefe de la oficina legal) de Nevtrace, la mecánica «es similar a la que emplean los bancos a la hora de certificar que una persona quiere hacer una transferencia». Es lo que se llama «doble factor de autenticación». Se certifica –a través de un sistema de firma electrónica– «que la persona que está votando es quien dice ser». Es un método «avalado a través de la ley de firma electrónica; se puede vincular a un ciudadano con una firma y, en este caso, con la firma de un voto», explica. Nevtrace, que analiza sistemas de cifrado para comunicaciones, colabora con la lucha contra el fraude electrónico a través de la Oficina Europea de Policía (Europol). Burgueño considera que la votación por este método «podría ser legal si hubiera una norma autonómica o local que lo avalara, ya que normas nacionales no existen que permitan esta vía». Por lo tanto, «si no la hay, los resultados por este sistema pueden declararse nulos».

En España, ayuntamientos como el de Alcorcón están ya probando el sistema de voto electrónico «mediante el sistema de bloques blockchain», asegura Pablo Burgueño acerca de un método completamente novedoso en nuestro país. El abogado recuerda que la alcaldesa Manuela Carmena «impulsó en Madrid la opción de que los ciudadanos pudiesen votar a

través de internet el destino de los fondos para proyectos en la ciudad». O sea que se está haciendo, «pero no con las connotaciones que tiene este caso [el 1-O] ni mucho menos en unas elecciones de mayor calado», afirma.

En otros países sí se han implementado sistemas de votación por internet como modalidad de voto a distancia. En concreto, se han usado en elecciones gubernamentales y en referendos de Reino Unido, Estonia o Suiza, y en comicios municipales de Canadá o primarias de Estados Unidos y Francia. En países como Estonia se ha llegado a implantar el voto con el móvil. Sólo es necesaria una tarjeta SIM para identificarse y activar una identificación en la web de la Policía. Este país creó un sistema vinculado a un carné de identificación electrónico diseñado para resolver los problemas de validación, identificación y ausencia de fraude con criptografía.