El «yonqui del dinero» llevó a la UCO a investigar a los diputados de PSOE

La declaración de Marcos Benavent extendió las sospechas de corrupción a otros partidos

Ni orden del ministro del Interior ni conturbenio de ningún tipo. Los diputados provinciales Rosa Pérez (EU), Emili Altur (Compromís), José Manuel Orengo y Raúl Pardos (ambos PSPV) han sido llamados a declarar porque fueron citados por el también investigado Marcos Benavent, cuya confesión, tras conocerse las más de diez horas de conversaciones que grabó, ha dado lugar a la «operación Imelsa» en Valencia.

Fuentes próximas a la UCO explicaron ayer que los cuatro nombres aparecen en la causa, aunque no concretaron si fueron mencionados en la declaración que prestó Marcos Benavent ante la Guardia Civil, o si bien aparecían en alguna de las grabaciones que Esquerra Unida entregó a la Fiscalía, después de que el suegro de Benavent se las entregara tras hallarlas en un ordenador de su yerno.

Tal y como informó LA RAZÓN el pasado 2 de febrero, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil había investigado a políticos de todos los colores en la Diputación de Valencia. Al parecer, su grado de implicación en la causa podría parecer menor, y por ello han sido llamados más tarde a declarar. Parece que las pesquisas apuntan a la contratación irregular de asesores a cargo siempre de la empresa matriz Imelsa.

La imputación por parte de la Guardia Civil no conlleva necesariamente su imputación judicial, aunque hasta el momento ninguno de los investigados que ha pasado por el acuartelamiento de Patraix se ha visto exonerado de pasar nuevamente ante la autoridad judicial.

La mismas fuentes negaron indicaciones de ningún tipo y aseguraron que habría más personas «investigadas» (término que sustituye al de imputadas, tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), de todos los colores políticos, y en diversas coorporaciones de la provincia.

De momento ni el juez ni el fiscal conocen los atestados de la Guardia Civil ni el por qué exacto de las citaciones, ya que la investigación de los agentes prosigue mientras en el ámbito judicial se trata de discernir si hubo o no delito de blanqueo de capitales, y solo de blanqueo de capitales.

Por otra parte, en el día de ayer declararon ante el juez de instruccion 18 de Valencia los exediles Emilio del Toro y Ramín Isidro, así como varios asesores.

Tan sólo Del Toro depuso declaración. El resto se negó a hacerlo hasta que se conozcan los cargos que les imputan.

El exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia manifestó que cree que el silencio que mantiene Rita Barberá respecto a la causa abierta por el supuesto blanqueo de dinero en el grupo municipal popular obedece a «su forma de ser, a la prudencia que corresponde en estos casos».

A su juicio, el partido está siendo «ecuánime con los concejales» investigados, y consideró que la decisión de dimitir o conservar el acta «la debe adoptar cada uno en su código ético interno».

«Desde luego, no es muy agradable todo lo que está pasando. A cualquier militante le afecta. Yo estoy descontento. Sin embargo, Emilio del Toro reconoció que hay «un expediente judicial abierto y si es así es porque hay causas que merecen ser abiertas».