En busca de los testaferros

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga a los individuos que pudieron actuar de testaferros para el movimiento del dinero de los principales implicados en la «trama del Canal», Ignacio González y Edmundo Rodríguez, según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto. Los agentes encargados del caso han comprobado que González y Rodríguez no realizaron viajes a países considerados como paraísos fiscales, donde está guardado el dinero del que supuestamente se apropiaron los miembros de la «trama», por lo que todo hace indicar que fueron terceras personas las que actuaron como testaferros. La UCO calcula que el montante de dinero que ha podido mover la «trama» es importante (sólo en una operación fueron 23 millones de euros) pero no se ha hecho ningún cálculo estimativo, ya que se está en el inicio de la investigación. Sí se ha podido ya comprobar, en cambio, que alguna de las cuentas que se supone son de Ignacio González no están a su nombre, lo que implica una prueba más de la existencia de la «trama» al tratar de ocultar a las autoridades fiscales el titular real del dinero. Ayer por la tarde, el ex presidente de la Comunidad recibió la visita de su mujer, Lourdes Cavero, y de sus tres hijas en la prisión de Soto del Real.

Por otro lado, el juez Eloy Velasco detalla en el auto de prisión de Ignacio González y Edmundo Rodríguez Sobrino todo un elenco de operaciones delictivas que van desde el cobro de comisiones hasta el pago de sobornos a funcionarios en diversos países e incluso una presunta financiación irregular del PP de Madrid para «sanear» las cuentas de cara a la campaña electoral de 2011. En dicho auto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN se detallan algunas líneas de investigación:

El «tren de las comisiones»

Las investigaciones han puesto de relieve el presunto pago ilegal de 1,4 millones de euros a Ignacio González, cuando era vicepresidente de la Comunidad de Madrid, con motivo de la adjudicación a la empresa OHL de la línea de ferrocarril entre Móstoles y Navalcarnero, en el año 2007, por parte de Javier López Madrid –quien el viernes quedó en libertad bajo fianza– .

Golfcanal

Ignacio González intercedió para que el Gobierno regional aprobara en 2007 el proyecto de la construcción de dos campos de golf en Chamberí declarando las obras de interés general y dando luz verde al operativo del Canal de Isabel II en el momento en que era presidente del consejo de administración del mismo. En concreto, según consta en el auto, se ha obtenido información sobre la «fraudulenta adjudicación, tanto de la construcción como de la posterior gestión y explotación» de las instalaciones deportivas «Golfcanal».

Finalmente, el proyecto siguió adelante gracias a la intermediación de la Comunidad de Madrid y se adjudicó al consorcio Green Canal Golf, a pesar de que la mejor oferta provenía de otro licitador que le aventajaba en 11 puntos. Dicho consorcio estaba integrado por varias empresas, entre ellas Tecnoconcret, participada por su hermano Pablo González y su cuñado José Juan Caballero.

Financiación irregular del PP

Se habría producido para financiar los gastos de la campaña autonómica de 2011, a través de la Agencia de Informática y Comunicación (ICM), ente público dependiente de la Comunidad de Madrid. Esta financiación irregular tuvo su origen en una declaración de Silvano Corujo Rodríguez, ex subdirector general de ese ente, en la Fiscalía Anticorrupción.

En esa comparecencia manifestó que existió una «solicitud en torno a un millón de euros por parte del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, al consejero delegado de ICM, José Martínez Nicolás, para “sanear” las cuentas del Partido Popular de Madrid».

Contratos «inflados»

En esa declaración, el propio Silvano Corujo, «testigo privilegiado de estos hechos, ya que formó parte de todas las mesas de contratación de la Agencia», afirmó que existieron determinados contratos «inflados» con PriceWaterHouse e Indra», que serían las empresas que, supuestamente, se utilizarían para obtener «el dinero solicitado por Ignacio González».

Adquisición de Emissao

Un apartado relevante dedica el juez a la adquisición con una notable sobrevaloración por parte del Canal de Isabel II de la empresa brasileña de agua Emissao. En este punto, el magistrado destaca que los indicios obtenidos indican que Edmundo Rodríguez Sobrino, el «hombre fuerte» del Canal en Iberoamérica, «en connivencia» con otros responsables, sobrevaloraron el precio de compra de Emissao, «con el presumible objetivo de desviar fondos públicos». Se pagaron 31 millones de dólares cuando el patrimonio de la empresa era de 10,2 millones «y dos años después descendió a 5 millones».

Finalmente, la compra se llevó a cabo «sin que existiese la preceptiva autorización de la Comunidad de Madrid», cuando González estaba ya al frente del Ejecutivo autonómico.

Denuncia clave

Una de las claves para llegar a descubrir lo anterior fue la denuncia que presentó el 13 de julio de 2016 en la Fiscalía General del Estado Ángel Garrido, consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y presidente del Consejo de Administración del Canal de Isabel II, en la que denunciaba «ciertas irregularidades detectadas en esta operación» de compra de Emissao. A partir de ahí comienzan las investigaciones y se comprueba que no existía ningún estudio económico/financiero elaborado por tercero independiente que fundamente el precio de compra estipulado».

En cambio, sólo se tiene constancia de un informa elaborado por KPMG, en el que se indicaba que los datos económicos/financieros utilizados era insuficientes para hacer una valoración de Emissao. Igualmente, señalaba la existencia de «riesgos potenciales que podían influir directamente sobre la valoración de la empresa brasileña».

Sobornos a funcionarios

Una parte relevante del auto se centra en las actividades presuntamente delicitivas de Edmundo Rodríguez. Así, señala que realizó inversiones inmobiliaras en Colombia en el año 2013, «temporalmente coincidente con la adquisición de Emissao. Además, habría sido «conocedor y partícipe» de prácticas corruptas en el extranjero, concretamente del pago de sobornos a cargos públicos y funcionarios de países como Panamá, Colombia, República Dominicana y Haití para «manipular» los procesos de obtención de contratos para su compañía, filial del Canal de Isabel II en América Latina. Según el magistrado que instruye esta causa, los fondos obtenidos por los contratos en los mencionados países habrían multiplicado el patrimonio oculto que se le ha descubierto a Rodríguez Sobrino y el cual habría mantenido «oculto y desvinculado de su presunto origen ilícito» tanto en Inglaterra como en Colombia y República Dominicana, poniendo parte del mismo a nombre de su hija.

«Dinerillo b» en guardería

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, su hermano Pablo y su esposa Lourdes Cavero –quien fue consejera en Caja Madrid–, pusieron en marcha varios negocios con el objetivo de aflorar el «dinerillo B» del que disponían y que tenía «origen ilícito», como fue la constitución de una empresa de gestión de guarderías, la adquisición de una parte del accionariado de Auditel y la proyección de un negocio sobre derechos de patente de un productor de desinfección de agua junto con el ex ministro Eduardo Zaplana.

Zaplana

El ex presidente madrileño, Ignacio González, según detalla el juez Eloy Velasco en su auto, habría propuesto al ex ministro Eduardo Zaplana «montar una estructura financiera » opaca en el extranjero para «canalizar algún tipo de operación a medio, largo plazo». Ello se realizaría a través de un abogado uruguayo que se caracteriza por facilitar a sus clientes estructuras empresariales y financieras en países como Uruguay u Holanda.

En la etapa Gallardón

Eloy Velasco investiga también un sobreprecio de 70 millones de euros en la compra por parte del Canal de Isabel II en 2001, con Alberto Ruiz-Gallardón de presidente de la Comunidad de Madrid, de la sociedad Inassa, una operación en la que ve indicios de «compra fraudulenta y supuesta malversación». Pese a que González no era presidente de la comunidad, el juez considera que «se ha evidenciado que conocía los hechos de la compra fraudulenta y supuesta malversación de fondos públicos en la compra de Inassa en el año 2001 y, como vicepresidente de la Comunidad de Madrid y presidente del Canal de Isabel II, no los denunció, conociendo su supuesta ilegalidad».