Rajoy cesa a Puigdemont y a todo su Gobierno, disuelve el Parlament y convoca elecciones el 21 de diciembre

El presidente descolocó ayer al independentismo y desmontó el mensaje de la supuesta utilización del artículo 155 para agredir el autogobierno de Cataluña.

El Estado reaccionó ayer de inmediato al «acto delictivo» de la declaración de independencia impulsada por los independentistas en el Parlamento de Cataluña. Y lo hizo con las primeras medidas previstas en aplicación del artículo 155 de la Constitución: la destitución de todo el Govern y la toma del control de los Mossos. Además de la extinción de todos los organismos y satélites secesionistas de la Generalitat. Pero Mariano Rajoy, que gusta de ser previsible, sorprendió a todos con la decisión valiente, aunque conlleve también sus riesgos, de disolver de inmediato el Parlamento catalán y convocar elecciones el 21 de diciembre.

A Rajoy nunca le ha gustado el artículo 155 y está incluso convencido de que desde el soberanismo se ha tensado la cuerda hasta romperla porque lo que se pretendía era forzar al Estado a que hiciera uso de ese mecanismo excepcional. Frente a esa estrategia, Rajoy opta por un artículo 155 corto para que la intervención de la Generalitat dure el menor tiempo posible, limitar la situación de provisionalidad, dar la voz cuanto antes a los catalanes y cohesionar al bloque constitucionalista. A la vez su Gobierno tendrá encima esta «patata caliente» el menor tiempo posible. Y a partir de mañana el foco estará puesto en esos comicios y en su preparación.

No parecía que fuera sus planes iniciales, ya que el pasado sábado, en la presentación del acuerdo del Consejo de Ministros que desarrolló el artículo 155, Rajoy incluso precisó que aunque la voluntad era que hubiera elecciones antes de seis meses, este plazo podía prorrogarse «a posteriori» si no se daban las circunstancias de normalidad democrática necesarias para convocar unos comicios autonómicos. Un escudo para cubrirse las espaldas que ayer saltó por los aires. El presidente del Gobierno ha optado por atender la demanda del PSOE y de Ciudadanos (Cs) para que hubiera elecciones lo antes posible. De hecho, en la negociación entre los partidos constitucionalistas barajaron la opción de que fueran a finales de enero, pero la cita con las urnas se adelanta un mes.

El gesto es audaz y democrático, y desmonta la mentira nacionalista sobre que el objetivo del Gobierno era «ocupar» Cataluña y acabar con la autonomía catalana. Con esta aplicación del artículo 155 y la disolución inmediata del Parlamento se envía también el mensaje de que la intervención no tiene más objetivo que poner urnas de verdad para que los catalanes, en un marco de legalidad, elijan a sus representantes y a su nuevo gobierno. En un intento, además, de acortar todo lo posible un escenario de incertidumbre que sólo puede aumentar el daño económico y la fractura social.

Entrar en Cataluña con el artículo 155 es «muy arriesgado», precisaban ayer en Moncloa, y Rajoy «siempre ha sostenido que el artículo 155 debería servir para recuperar la normalidad con el menor coste social y la injerencia mínima en el autogobierno catalán». El cese del Govern se hizo efectivo anoche mismo, al publicarse en el BOE los decretos aprobados por el Consejo de Ministros. Puigdemont ha perdido ya todos sus poderes, y si firmase órdenes, podría actuarse contra él por usurpación de funciones. El Gobierno no está dispuesto a autorizar ni siquiera que cobre en su condición de ex presidente de la Generalitat. En teoría, Puigdemont y Oriol Junqueras podrían presentarse a las elecciones de diciembre salvo que sean inhabilitados con sentencia firme. En cualquier caso, la jugada maestra de Rajoy de provocar de inmediato un escenario electoral utilizando el artículo 155 abre el interrogante sobre cuál va a ser la respuesta del independentismo, si la CUP, ERC o el PdeCAT concurrirán a esos comicios convocados por el Estado. Anoche la CUP ya llamó a la insumisión.

El Gobierno acordó ayer plantear ante el Tribunal Constitucional (TC) un incidente de ejecución de sentencia en el que pide la nulidad de la declaración de independencia aprobada por el Parlamento catalán. También procedió a la designación de los órganos administrativos encargados de dar cumplimiento a las medidas aprobadas por el Senado, que serán los ministerios correspondientes a las competencias de cada conselleria. Y dio luz verde a la extinción de las oficinas del presidente y del vicepresidente, así como del Consejo de Transición Nacional (Consell Assessor per a la Transició Nacional), un órgano creado en 2013 para asesorar en el proceso de independencia de Cataluña y para celebrar un referéndum de autodeterminación. El acuerdo del Consejo de Ministros impone, asimismo, el cierre de las «embajadas» catalanas, excepto Bruselas. Cataluña tiene siete delegaciones de representación en el exterior: en Alemania, Francia y Suiza, Reino Unido e Irlanda, Austria, Italia, Unión Europea y Estados Unidos.
Se anula también el patronato del Diplocat, una entidad público-privada al servicio del Govern para impulsar la proyección internacional de Cataluña, y cesan los delegados de la Generalitat en Madrid y Bruselas. Rajoy acordó con Pedro Sánchez y Albert Rivera las decisiones adoptadas en el Consejo de Ministros, después de que el 155 saliese adelante en el Senado.

En una declaración institucional, señaló que la decisión del Parlamento catalán constata que se han impuesto «los partidarios de cuanto peor mejor, los que han llevado a Cataluña a un callejón sin salida y, además, han liquidado un catalanismo integrador y pactista que fue motor de progreso en toda España». El presidente, como ya había hecho antes en el Senado, llamó a la «tranquilidad y a la esperanza» después de que ha quedado demostrado que el Estado de Derecho tiene instrumentos para defender «la ley y los derechos de todos los españoles».
«Los españoles estamos viviendo una jornada triste en la que la sinrazón se ha impuesto a la ley y ha derribado la democracia en Cataluña». Acusó a los independentistas de secuestrar a la mayoría de los catalanes y hurtar a la mayoría de los españoles una parte de su territorio. Ante estas horas de ánimos exaltados, «lo que importa es la prudencia y la serenidad, pero hay que tener confianza porque el Estado dispone de medios suficientes para que con todo el respaldo de la ley y de forma pacífica y moderada se recupere la legalidad».