ERC oculta a los funcionarios las consecuencias de apoyar la consulta ilegal

La propaganda de movilización dice que sólo actuará contra políticos pese a que el TC ya avisó de la responsabilidad de los trabajadores.

Todo vale en la estrategia independentista para sostener el referéndum ilegal y agitar la movilización social. Cada vez más radicalizados y más sordos a los llamamientos a ajustarse a la legalidad. El Gobierno tiene «monitorizadas» cada una de sus decisiones, y también se prepara para el escenario más complicado. Aquel en el que aunque se cumpla el orden lógico, la suspensión de la consulta del 1 de octubre por el Tribunal Constitucional (TC), la Generalitat desoiga el mandato del Alto Tribunal y fuerce la situación para que en la jornada electoral haya «tensión social». Distintas voces conocedoras del problema catalán, de distinta ideología, por cierto, socialista y hasta procedentes de la antigua Convergència, coinciden en alertar de que el presidente de la Generalitat, Carlos Puigdemont, y su socio republicano, Oriol Junqueras, están dispuestos a llegar hasta el final y que lo que pretenden es que el 1 de octubre haya una imagen de tensión en la calle que tenga repercusión internacional.

Cierto es que hasta ahora no han dado señales de dar ningún paso atrás, al contrario, pese a que cada vez la realidad les cierre más el paso. «Han llegado tan lejos que no tienen ya manera de frenar», sentencian desde las filas de los socialistas catalanes. Con independencia de las diferencias en el terreno político, altos representantes del PSC coinciden con otros representantes del nacionalismo moderado en que Puigdemont sacará a «su gente» a los colegios electorales el 1 de octubre diga lo que diga el Constitucional y aunque incluso se ponga en marcha el proceso para su inhabilitación. Y Junqueras no puede quedarse atrás por la presión de todo el movimiento independentista que han cultivado durante estos últimos años.

De momento, los hechos confirman que los de Esquerra están en el mismo juego de pasar por encima de todo para mantener viva la movilización social. En su propaganda para agitar el referéndum ilegal incluso llegan a decir que va a celebrarse como todas las jornadas electorales que se han celebrado en España durante los últimos 30 años. Textual. «No hará falta hacer nada excepcional que no se haya hecho hasta ahora», explican a los catalanes, obviando, entre otros puntos, que el Constitucional ha dictaminado ya que colaborar en este proceso electoral ilegal tendrá consecuencias no sólo para los políticos implicados, sino también para los funcionarios y empresas que participen. Una de las obsesiones independentistas es conseguir que los funcionarios colaboren con el proceso y pierdan el miedo a las consecuencias de desobedecer al Constitucional. Por eso en sus argumentarios falsean el contexto internacional, las consecuencias económicas y políticas de la independencia, y también las resoluciones del TC.

En el mismo documento de ERC para movilizar a los catalanes se afirma que en la jornada electoral no hará falta el concurso de los funcionarios, aunque la organización de la consulta del 9-N dejó en evidencia que sí necesitaron de ellos, y ahí están incluso judicializados los testimonios de aquellos que se sintieron presionados por la Generalitat a actuar contra el marco legal. Para protegerse, el panfleto subraya que la Generalitat se apoyará en una bolsa de voluntarios, que será quienes se acrediten como los agentes electorales necesarios.

El partido de Junqueras afirma sin ningún pudor que la única diferencia entre la organización de este referéndum ilegal y las demás elecciones celebradas hasta ahora es la presión del Estado español. «Todas las consecuencias del referéndum del 1 de octubre recaerán sobre los responsables políticos», alegan, para que los funcionarios pierdan el miedo a la consulta de autodeterminación. Los funcionarios son una pieza clave para la Generalitat, y todas las alarmas se encendieron cuando se hicieron públicas las palabras del diputado de Junts pel Sí Lluís Llach, advirtiendo de que los trabajadores que se resistieran a acatar la Ley de Transitoriedad Jurídica serían sancionados. El Gobierno catalán matizó, pero nunca desmintió estas palabras. Sin embargo, ahora, en la propaganda oficial, Esquerra da otra vuelta y dice que la Ley de Transitoriedad ni siquiera obligará a los secretarios municipales a ejercer de delegados de la Junta Electoral de Zona.