Forcadell, una declaración que marcará su futuro

La Fiscalía del Tribunal Supremo pedirá medidas cautelares para todos ellos, que se suavizarán únicamente respecto a Nuet, que no votó a favor de tramitar la declaración unilateral de independencia (DUI) el pasado 27 de octubre en el Parlament.

Una semana después del ingreso en prisión, por orden de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, del ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y otros ocho consejeros que formaron parte del Gobierno de Carles Puigdemont, la ex presidenta de la Mesa del Parlament Carme Forcadell y otros cinco antiguos miembros de la Mesa de la Cámara autonómica declararán hoy como investigados por delitos de rebelión, sedición y malversación en el Tribunal Supremo (TS). Aunque la Fiscalía reclamó entonces la prisión incondicional de siete de ellos (el paso por la cárcel de Santi Vila, quien dimitió horas antes de la declaración unilateral de independencia, fue fugaz tras abonar en apenas unas horas los 50.000 euros de fianza), fuentes fiscales no dan por seguro que el Ministerio Público inste hoy idéntica medida para los investigados, cuyas comparecencias se aplazaron el pasado día 2 para dar más tiempo a sus abogados a preparar su defensa. Además de Forcadell, están citados Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet (todos ellos de Junts pel Sí) y Joan Josep Nuet, de Catalunya Sí Que Es Pot.

Lo único seguro es, según esas mismas fuentes, que la Fiscalía del Tribunal Supremo pedirá medidas cautelares para todos ellos, que se suavizarán únicamente respecto a Nuet, que no votó a favor de tramitar la declaración unilateral de independencia (DUI) el pasado 27 de octubre en el Parlament. Para tomar su decisión, que en todo caso no será definitiva, pues la última palabra la tendrá el instructor de la causa, el magistrado Pablo Llarena, la Fiscalía tendrá en cuenta tanto la gravedad de los hechos que se les imputan como el riesgo de fuga y de reiteración delictiva.

Aunque el delito de rebelión (el alzamiento público y violento para conseguir la independencia de una parte del territorio nacional) está castigado hasta con 30 años de prisión, en el auto de admisión a trámite de la querella de la Fiscalía el Alto Tribunal ya apuntaba a una posible conspiración para la rebelión, que acarrea penas más leves (de siete años de cárcel como máximo), si el instructor considera que los investigados no superaron con sus actos «la fase propiamente preparatoria». Si los indicios se reconducen a este último supuesto, la gravedad de los hechos sería menor y eso podría aminorar la medida cautelar solicitada.

En cuanto al riesgo de fuga, la huida a Bélgica de Puigdemont y cinco de sus ex consejeros no ayuda a Forcadell y los otros comparecientes. Tanto la juez Carmen Lamela al encarcelar a medio Govern como la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional al ratificar la prisión de los líderes soberanistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, «los Jordis» (en su caso por sedición), han esgrimido la espantada del ex president como un indicio que aviva el riesgo de que los investigados sigan sus pasos. No obstante, esa posibilidad podría minimizarse con la adopción de otras medidas cautelares, como la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado (hasta de forma diaria) y la retirada del pasaporte y prohibición de salir de España.

Pero es, seguramente, en la apreciación del riesgo de reiteración delictiva donde los investigados en el Supremo se jugarán un posible ingreso en prisión. A diferencia de Puigdemont y su destituido Govern, los actos de los ex miembros de la Mesa cometidos en ejecución del plan de ruta soberanista se ciñen a su papel al permitir la tramitación de las leyes en pos de la independencia desoyendo las resoluciones del Tribunal Constitucional. Ahora mismo, según las fuentes consultadas, aunque todos salvo Nuet forman parte de la Diputación Permanente del Parlament, con la Cámara disuelta no pueden perseverar en sus conductas supuestamente delictivas al no formar ya parte de la Mesa.

En todo caso, será determinante el tenor de sus declaraciones. La Audiencia Nacional ya marcó el camino: Santi Vila pudo eludir la prisión con el pago de una fianza porque con su dimisión in extremis dejó patente «su voluntad contraria a consumar el intento secesionista». Desmarcarse del proyecto separatista y asumir expresamente la legalidad se valorará, por tanto, como un indicio de la intención de no volver a vulnerar las leyes. Otra cosa es que Forcadell y el resto de comparecientes estén dispuestos a seguir la estela de Vila.