Freno a las «leyes de desconexión»

La oposición fuerza al Parlament a emitir un informe jurídico sobre las ponencias conjuntas que Junts pel Sí y la CUP impulsan en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional.

No existe ninguna duda sobre cuál es el pecado original del proceso soberanista: su grado de legitimidad. 72 diputados –que representan al 47,7 por ciento de los electores catalanes– impulsan la independencia en contra de la opinión de otros 63, que no comparten los planes de Junts pel Sí y la CUP. El pulso promete alargarse toda la legislatura y escenas como la de ayer están condenadas a convertirse en cotidianas. La Mesa del Parlament, con mayoría de JxSí, admitió ayer a trámite la creación de las ponencias conjuntas que deben elaborar las denominadas «leyes de desconexión». El resto de los grupos (Ciutadans, PSC, Catalunya Sí que es Pot, PP) expresaron su oposición a esta admisión y la Mesa acabó por pedir un informe a los servicios jurídicos de la Cámara catalana. El recurso congelará durante un tiempo las leyes de desconexión.

El vicepresidente del Parlament, José María Espejo-Saavedra (C’s), presentó un escrito al resto de miembros de la Mesa, así como al secretario general y al letrado mayor, en el que advirtió de que las intenciones de Junts pel Sí y la CUP suponen «un fraude de ley» porque violentan la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) en la que se anuló la declaración rupturista que aprobó el Parlament y en la que se preveían las leyes de desconexión (transitoriedad de régimen jurídico, seguridad social y hacienda propia).

El portavoz del PP catalán Enric Millo, denunció «la actitud antidemocrática y autoritaria de JxSi y CUP en el Parlamento». «Ha quedado claro que cuatro de seis grupos parlamentarios no quieren formar parte de esta ponencia conjunta y es antidemocrático querer imponerles que formen parte», dijo. Subrayó, además, que el reglamento del Parlament prevé que las ponencias conjuntas estén formadas por el conjunto de los grupos parlamentarios. «Pues cuatro de seis no estamos de acuerdo y no se nos puede imponer que participamos en la redacción de las leyes de la desconexión que se desprenden de la resolución anulada por el Tribunal Constitucional», sentenció Millo. En el mismo sentido se expresó el diputado del PSC Ferran Pedret, que reiteró que su grupo no participará en la elaboración de estas leyes y censuró el procedimiento de ponencia conjunta.

La portavoz de la CUP en el Parlament, Anna Gabriel, por su parte, sostuvo que la propuesta es integradora y consideró que si el bloque independentista hubiera optado por impulsar la desconexión mediante otro procedimiento como proposición de ley, los grupos de la oposición habrían argumentado que era una fórmula excluyente: «Hagamos lo que hagamos en la oposición hay ganas de que no pase nada».

Es de prever que los servicios jurídicos del Parlament no tumben las ponencias conjuntas en consonancia con la mayoría soberanista.